El Gobierno de Ayuso admite que se equivocó de tribunal al recurrir el reparto de los fondos europeos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso recurrió el pasado 17 de diciembre lo que consideraron un reparto “arbitrario” de los fondos europeos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, lo hicieron en la ventanilla equivocada: el escrito fue presentado en la Audiencia Nacional cuando la instancia competente al tratarse de un Real Decreto era el Tribunal Supremo, ha adelantado este miércoles El País y han confirmado a elDiario.es fuentes del Gobierno regional.

“La Comunidad de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo el pasado 17 de diciembre el por el Real Decreto 902/2021, en la Audiencia Nacional, considerando que era el órgano judicial competente”, señalan desde la Consejería de Economía y Hacienda que dirige Javier Fernández-Lasquetty. “Sin embargo, es el Tribunal Supremo quien tiene competencia en este tipo de recursos. Por ello, se remitió un escrito a la Audiencia Nacional solicitando la derivación del recurso al Tribunal Supremo, ya que no se puede presentar el mismo recurso en dos órganos judiciales distintos”, añaden estas mismas fuentes.

En una rueda de prensa el pasado 12 de enero, el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, explicó que el recurso se había presentado ante el Tribunal Supremo durante el mes de diciembre, pero omitió el error por el cual se hizo ante la Audiencia Nacional. Fuentes del área no confirman si el error ya está subsanado. “Se ha pedido a la Audiencia que lo derive al Supremo porque, como ya hay un recurso puesto, no se puede presentar el mismo en otro órgano judicial”, se limitan a afirmar.

En concreto, la administración de Ayuso recurrió de forma errónea un Real Decreto por el reparto de nueve millones de euros de los fondos europeos que entiende se hicieron con trato de favor al País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana, según detalló el pasado miércoles Fernández-Lasquetty. Para el consejero, la decisión del Gobierno fue “arbitraria” y carece de criterios técnicos.