La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox la modificación del Proyecto de Ley del Suelo que, entre otras cuestiones, permitirá suprimir la mayoría de las licencias y liberalizar el sector urbanístico. Se trata de la primera normativa que consigue aprobar el Ejecutivo autonómico en esta legislatura, y ha contado con la oposición de PSOE, Más Madrid y Podemos, que han anunciado que no descartan emprender acciones legales necesarias “por ser un atropello a la democracia”, ya que no han podido votar todos los diputados. La medida se ha aprobado por lectura única por lo que la oposición tampoco ha podido presentar enmiendas.
Concretamente se ha producido una modificación puntual de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que “permitirá eliminar los trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector”.La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, ha expuesto que gracias a esta ley se van a actualizar mecanismos de control y reducir la utilización del mecanismo de licencia. A su juicio, se trata de una medida “que era necesario impulsar”, ya que tenían previsto recogerla en la futura Ley del Suelo pero han decidido “anticiparse a la grave situación que ha generado la pandemia”.
“La crisis sanitaria por el Covid pronostica un claro deterioro de los indicadores de la macroeconomía, sectoriales y de empleo. La recesión obliga a tomar decisiones en materia de política económica y social, y la salida de la crisis es flexibilización la normativa y la activación de empleo”, ha defendido. “La clave para salir de la crisis, ha dicho, no es mediante restricciones ni el subsidio, sino la libertad” porque si no “se crea pobreza”. Por eso, apuesta por reducir las cargas administrativas y desregular aquellos ámbitos que permitan impulsar la actividad económica y las medidas liberales.
Se suprimen las licencias de obras menores que tienen que resolver los departamentos técnicos de los ayuntamientos, y que ocasiona a los particulares “una pérdida de tiempo a la hora de realizar una obra de menor calaje”.
Por ejemplo, una comunidad de vecinos que quiera poner una rampa de acceso para personas con discapacidad dentro del edificio ahora lo podrá hacer a través de una declaración responsable, ahorrándose entre 2 y 4 meses de trámites.
También se suprimen las licencias para obra nueva o de reforma integral, así como la posterior licencia de primera ocupación. Dependiendo del ayuntamiento, la espera podría oscilar entre los 12 y los 18 meses.
Con carácter general, se someterán al régimen de declaración responsable en materia de urbanismo las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, como por ejemplo la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta o los cerramientos de parcelas y solares. Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable a todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.
El diputado de Unidas Podemos Javier Cañadas ha señalado que este es un cambio normativo dirigido únicamente “a su cuatro amigos de las constructoras” y ha indicado que el Gobierno regional es “una caricatura del trumpismo”. “Hoy se consuma una barbaridad en todos los sentidos, una barbaridad medioambiental y sobre todo democrática. Nos traen aquí una reforma de proyecto de ley y muchas mentiras”, ha lanzado el parlamentario, quien ha afeado además que se haya aprovechado el “shock” de la sociedad para apostar por “recetas neoliberales fracasadas”.
El diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez ha criticado que el Ejecutivo autonómico ha apostado “por el ladrillo en el peor de lo sentidos” cuando es momento de que “trabajen y agilicen los proyectos que han anunciado 200 millones de veces”. “Intentan vender una reforma intrínsecamente buena porque reduce la tramitación pero es un peligro para los consumidores, que no contarán con la licencia de primera ocupación revisa por su ayuntamientos antes de entrar en su vivienda, así como un peligro para el patrimonio histórico”, ha declarado.
El parlamentario del PSOE Rafael Gómez Montoya, que ha recordado que estudian la validez jurídica de aprobar esta iniciativa por el procedimiento de lectura única, le ha trasladado a la consejera que se trata de una forma que, ante el contexto de crisis sanitaria y social, genera “más inseguridad jurídica” y ha dudado de que sea lo más adecuado para “reactivar la economía” en la región.
Con esta propuesta, el PP habrá modificado 16 veces la misma ley del Suelo. Los cambios fueron promovidos por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González cuando el rodillo de la mayoría absoluta permitía a los conservadores hacer y deshacer, sin necesidad de apoyos, para allanar ciertas operaciones urbanísticas que se topaban con la legalidad (Canalejas, Eurovegas…).
Ya en 2012, la Ley del Suelo aprobada ese año por el Gobierno de Aguirre (PP), eliminó el límite de superficie (300 metros cuadrados) que estipulaba la legislación nacional para permitir la apertura de comercios con sólo una declaración responsable del empresario. Gracias a esta normativa, un gigantesco centro comercial de 130.000 metros cuadrados junto al parque de Madrid Río, pudo construirse sin licencia de obra.
“Se flexibilizó la normativa para la actividad comercial y funcionó muy bien. La nueva reforma que esperamos que esté operativa antes de verano cuando pase el trámite parlamentario lo que hace es extenderlo a toda la actividad urbanística y a los particulares”, señalan desde el Área de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid controlada por el PP. Ahora, según recoge el texto de la nueva reforma se excluirá la necesidad de contar con licencia previa ni declaración responsable a todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.
Impugnación
A la hora de la votación, el diputado socialista ha pedido al presidente de la Cámara regional, Juan Trinidad, que leyese, por un lado, un artículo concreto del Reglamento de la Asamblea y, por otro, el 119.3 del Estatuto de Autonomía, donde se específica que el voto del diputado es “personal e indelegable”. Posteriormente, el portavoz adjunto de Podemos, Tito Morano, ha pedido a la Presidencia que se especificara si había quórum. Este extremo ha sido ratificado por la Secretaría General.
Al haber restricciones de aforo de la Cámara autonómica por las medidas tomadas por el coronavirus, solo se permite la entrada a 70 parlamentarios, con carácter proporcional a la representatividad. Así, la votación ha quedado 36 a favor y 19 en contra.