El Gobierno de Cifuentes adjudicó de forma opaca cientos de millones de euros a farmacéuticas entre 2015 y 2017
La Consejería de Sanidad se gasta cientos de millones de euros en adjudicaciones opacas a las farmacéuticas. El Gobierno regional ha empleado durante años una fórmula poco transparente que favorece la opacidad que rodea a las relaciones comerciales con estas empresas. Los hospitales públicos de la región suscriben contratos troceados del mismo medicamento cada dos, cinco o siete días, según el análisis de más de un millón de contratos menores adjudicados por la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2017. Los datos provienen de una extracción a la que ha tenido acceso eldiario.es de todos los contratos tramitados por ese procedimiento publicados en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid.
El hospital Clínico San Carlos, por ejemplo, firmó 431 contratos iguales –mismo medicamento (Harvoni) a la misma farmacéutica– por valor de 6,4 millones de euros en el periodo analizado, de acuerdo a estas mismas cifras. Y el Príncipe de Asturias sumó 524 por el mismo fármaco en el mismo lapso de tiempo, un fraccionamiento que da un total de más de cinco millones de euros. En estos casos el concepto está bien detallado, pero no pasa siempre. Algunos contratos analizados se limitan a una descripción del tipo “productos farmacéuticos” o “material quirúrgico”.
Los troceos descritos son posibles porque la administración utiliza sistemáticamente la vía de los contratos menores, una alternativa concebida para necesidades urgentes y de importes no superiores a 18.000 euros en el caso de servicios o suministros. Según las cifras analizadas, hospitales públicos como los mencionados formalizan hasta 20 contratos de un fármaco para curar la hepatitis C en el mismo día. Un gasto público que, sumado, supera el límite de importe establecido por ley hasta 2017 (ahora es 15.000).
Así se desprende de los contratos menores fechados entre junio de 2015 –cuando Cristina Cifuentes empieza a gobernar la Comunidad de Madrid– y diciembre de 2017. Esta fórmula permite que la compra de medicamentos a grandes farmacéuticas, la mayoría con patentes de elevado precio, se haga de forma opaca: sin concurso público y tampoco como un negociado sin publicidad, que obliga a que el proceso se someta a fiscalización y se publique en el BOE o el BOCAM, en el caso de la Comunidad de Madrid.
En la mayoría de los casos, según ha analizado eldiario.es, se trata de fármacos con patente y con precio fijado por acuerdo entre las administraciones y las empresas farmacéuticas: para tratar la hepatitis C (Harvoni, Viekirax), el VIH (Truvada, Rezolsta), la esclerosis múltiple (Aubagio, Gilenya) o el cáncer.
En todo caso, esos importes no son conocidos y tampoco pueden desprenderse de los datos que aportan los contratos hechos públicos por la Comunidad de Madrid. De los documentos es imposible averiguar cuántas pastillas, unidades o dosis se están comprando y por qué periodo. En ningún caso debería ser superior a 12 meses, según la ley.
La sucesión sistemática de contratos menores ha sido señalada por varios informes de fiscalización en diversas comunidades autónomas, como Aragón, Euskadi o la Comunitat Valenciana. El Servicio Aragonés de Salud, por ejemplo, adjudicó de forma directa y sin contrato 196 millones de euros en suministros de farmacia hospitalaria en 2016, según datos recientes de la Cámara de Cuentas. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas subraya que la sanidad pública (Osakidetza) incumplió en 2015 “los principios de publicidad y concurrencia” con el fraccionamiento y la tramitación como contratos menores de diversas compras.
Fuentes de la Consejería de Sanidad justifican esta forma de contratación troceada porque se hace “a demanda” del número de pacientes que lo necesitan y porque es “más rápido”. “A los pacientes les importa tener el medicamento a tiempo”, afirman a eldiario.es. Las mismas fuentes explican que, si el medicamento solo lo hace una farmacéutica, el concurso público no tiene mucho sentido. El negociado sin publicidad, explican, “implica más tiempo y poner a trabajar a muchos administrativos”.
Una experta en gestión sanitaria añade, en este sentido, que la petición de estos medicamentos es nominal, es decir, se hace por paciente. En algunos casos, como en la hepatitis C tiene que ser autorizado uno a uno. De ahí, justifica, el goteo de contratos que se observa en algunos hospitales. Lo mismo pasa con los implantes, según la experta, productos que también se contratan habitualmente por esta vía no sujeta a fiscalización, según los datos analizados.
En Madrid, solo el hospital Clínico San Carlos desembolsó en dos año y medio, entre junio de 2015 y diciembre de 2017, 275 millones de euros a través de esta vía de contratación directa y opaca: 208.733 contratos. Hasta septiembre del año pasado era el hospital que con más detalle desglosaba sus contratos menores pero desde entonces ha adoptado, según se desprende de los datos analizados del Portal de la Contratación, conceptos más genéricos que ponen trabas a la transparencia.
Al Clínico le siguen en volumen de gasto los hospitales Doce de Octubre (179 millones para 83.792 contratos) y Gregorio Marañón (178 millones en 137.127 contratos).
Las empresas más beneficiadas por estos contratos son las grandes farmacéuticas Gilead S.A, que tiene la patente de Sovaldi y ha recibido casi 70 millones de euros de la administración de forma directa y sin concurso; Medtronic Ibérica, fabricante de implantes, Novartis, Merck Sharp y Roche Farma.
Negociaciones bilaterales
Varios expertos en gestión hospitalaria y contratación consultados por eldiario.es. coinciden en que se trata esta forma de proceder es“irregular”e implica un “uso indebido de la figura del contrato menor”. “Es un gasto farmacéutico necesario pero diseñado al margen de los procedimientos. El argumento de que se necesitan no justifica que no se apliquen para adquirirlos unas mínimos de transparencia”, afirma José María Gimeno Feliu, catedrático en Derecho Administrativo y presidente del Observatorio de Contratación Pública. Para Gimeno, esta “mala praxis pervierte la naturaleza” del contrato menor y, además, está “muy extendida en las redes sanitarias”.
Esta opacidad permite que “el precio real” de estos medicamentos de alto coste en cada hospital “sea diferente”. “Cada hospital negocia, sobre el coste unitario, con las farmacéuticas ciertas compensaciones, como cursos de formación financiados para la plantilla”, apunta una exgestora de un hospital público. Otro ex gerente que pasó por La Paz y Doce de Octubre, Ramón Gálvez, asegura que este tipo de negociaciones son “bilaterales y opacas”. “Los concursos públicos obligarían a reducir los precios a las farmacéuticas y darían más potencia a la administración para presionar”, sostiene. Ambos coinciden en que la administración paga a las farmacéuticas un precio “muy superior al coste del principio activo”.
717 millones de euros en contratos menores
La cartera de Sanidad concentra el 94% de los contratos menores de la Comunidad de Madrid. Y en dinero, el 88% de lo que la región invierte mediante este tipo de contratación. La administración regional gastó 717,7 millones de euros a través de esta vía de contratación en 2016, un 3,6% del presupuesto total. En 2017, un 4,8% pero en base a presupuesto no liquidado aún. La consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo ofreció el primer dato en la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta del diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca sobre el uso de contratos menores.
Si comparamos administraciones, el montante adjudicado por esta vía en el Ayuntamiento de Madrid supuso el 0,47% de 5.000 millones anuales. Un porcentaje que multiplica por siete el Gobierno regional, si bien es cierto que tiene las competencias sanitarias, que concentran la mayor parte de los contratos.
La ley de transparencia obliga desde 2015 a publicar los contratos menores de cada administración. La Comunidad de Madrid ofrece en el Portal de la Contratación un listado de estos contratos, que en función de la administración que procedan son más o menos concretos. Pero en ningún caso son datos que pueden descargarse en formato excel y analizarse en conjunto, como sí ofrece el Ayuntamiento de Madrid.
Las adjudicaciones por esta vía del consistorio de Manuela Carmena han sido objeto de duras críticas por parte del PP, que acusa al equipo municipal de contratar a cooperativas que tienen relación con algunas de las personas participantes de Ahora Madrid de forma directa o indirecta. De hecho, el pleno de este miércoles votará a propuesta del PP una comisión de investigación sobre los contratos menores en la administración local.