El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió que su departamento no iba a aceptar el Plan Económico del Gobierno de Manuela Carmena porque incumplía la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Fue mucho antes de que el el Ayuntamiento de Madrid lo aprobara el pasado mes de octubre. La amenaza se ha hecho realidad esta semana a través de dos cartas remitidas al concejal de Economía y Hacienda del consistorio, Carlos Sánchez Mato. En ellas, Hacienda advierte de que el Plan Económico Financiero incumple el techo de gasto y le recuerda que la falta de este cumplimiento supone una “infracción muy grave” que conllevaría, según la ley citada, su destitución.
Sánchez Mato sigue defendiendo este plan y achaca los escritos a una cuestión “política”. El concejal de Ahora Madrid alega que su Plan Económico Financiero cumple con las “necesidades” de Madrid y que en ningún caso se recortarán los más de 500 millones que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo de Manuela Carmena tiene previsto cerrar este año con un superávit de 1.100 millones de euros y, a su vez, devuelve deuda a un ritmo “mucho mayor” a lo planificado por el Gobierno anterior de Ana Botella.
¿Se siente amenazado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro?
No. Para nada. Se trata de un tema político y así hay que considerarlo. El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas que ahora ha cambiado ligeramente su ámbito de influencia está haciendo política con una ley que en este caso causa muchos perjuicios a los ayuntamientos, no solo al de Madrid. Ni lo considero un tema personal ni hay que tratarlo así.
Entonces no es personal, pero sí ideológico.
Claro. Las leyes tienen capacidad para ser interpretadas y en este caso la interpretación que se está realizando de una determinada situación de cumplimiento de gasto es especialmente dura con un municipio como Madrid que consigue una serie de objetivos económicos que son brillantes. Entonces el que sea juzgado con unos criterios de extrema dureza, teniendo en cuenta las comunicaciones que nos remite, evidentemente tiene un componente político e ideológico, no técnico.
En una de las cartas que le ha remitido el Ministerio de Hacienda, a la que ha tenido acceso eldiario.es, se llega a plantear su destitución. ¿Cree que el ministerio aplicará esa medida?
No, porque nosotros estamos cumpliendo todo lo que nos pide el ministerio. Cuando nosotros incumplimos la regla de gasto en 2015, lo que hacemos es lo que la legislación indica para abordar una situación así. Por lo tanto, no hay motivo alguno para que se produzca ningún tipo de acción coercitiva, castigadora o sancionadora.
Lo que ocurre es que exactamente igual que ha habido una situación de incumplimiento por parte del Estado español cuando no ha cumplido sus objetivos de déficit ni de deuda ante la Comisión Europea (CE), y se planteaba una posible multa, esa multa en ningún momento ha sido valorada por los medios de comunicación, y ni siquiera por parte de la CE, como un incumplimiento de la ley, o como medidas coercitivas contra el ministro o contra el presidente del Gobierno. Sin embargo, en este caso, la interpretación ha sido que, ante un incumplimiento absolutamente menor comparado a uno de déficit por parte del Gobierno de Rajoy, se trata de una vulneración de la ley. No tiene mucha lógica, está claro que estamos hablando de algo político. Por tanto, mensaje de absoluta tranquilidad porque nosotros estamos cumpliendo todo lo que la norma indica.
Y entonces, ¿por qué cree que el ministro lanza esa amenaza de destitución haciendo referencia a la ley y al artículo de la misma que lo contempla?
Eso lo tendría que decir el ministro. Lo que parece es que, desde el Ministerio de Hacienda, están haciendo política con esta situación. Lógicamente nosotros tenemos una interpretación. El Ayuntamiento de Madrid está consiguiendo unos brillantes resultados económicos y está demostrando que hay otra manera de hacer política desde el punto de vista fiscal, porque planteamos que se puede incrementar el gasto social y, además, tener superávit y un elevado ritmo de devolución de deuda. Yo decía de manera irónica, pero es una realidad, que eso lo que genera en la administración central es algo de envidia.
Evidentemente esto casa poco con que nosotros seamos los responsables de la inestabilidad de España. Si nosotros con superávit generamos inestabilidad en España, ¿qué está generando en este caso el Ministerio de Hacienda?
Hace poco más de un mes en este mismo despacho usted aseguró que no entendería que el Ministerio de Hacienda pudiera rechazar el Plan Económico y Financiero aprobado en el pleno, pero las cartas dicen lo contrario. ¿Qué ha cambiado?
En las comunicaciones no se rechaza el Plan Económico-Financiero. Lo que nosotros vamos a hacer es pelear por este plan económico, porque lo que se indica es que todavía no están pudiendo o no teniendo datos, dicen, para poder dictaminar en sentido positivo o negativo. Por lo tanto, vamos a seguir peleando para convencer al ministerio de que cumple con los requisitos legales y con los requisitos de legitimidad ya que es muy difícil de explicar que con superávit se nos plantee desde el ministerio que tenemos que hacer recortes. El Gobierno nos amenaza porque quiere que hagamos recortes, a pesar de tener superávit.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
Lo que nos está reclamando el Ministerio de Hacienda es un incumplimiento de 16 millones de euros de exceso de gasto en el ejercicio de 2015. Ese gasto es imputable a la devolución de la paga extra de 2012 a los funcionarios, una decisión que no tomó el Gobierno municipal sino que decidió la Administración central. El Gobierno de Rajoy dijo: “Ya pueden ustedes devolver la paga extra”. El Ayuntamiento de Madrid la devuelve y después nos dicen que nos hemos pasado de gasto. Cuando digo que es un tema político me refiero a este tipo de cosas.
Otra cosa que indica el ministerio en sus cartas es que las medidas de incremento de gasto de 575 millones de euros para los ejercicios 2016 y 2017 requieren de más explicación. Nosotros se la vamos a dar, toda la explicación y todo tipo de detalle de por qué necesita Madrid un mayor esfuerzo público en políticas concretas que tengan reflejo presupuestario.
Esos 575 millones de euros son recortes que el Gobierno central podría exigir a su administración para los presupuestos de 2017, aunque usted defiende que la aprobación de los presupuestos no está en peligro.
No afecta porque el incumplimiento del techo de gasto del que estamos hablando es el de 2015, los 16 millones. Por tanto no tiene que ver con el proceso de aprobación presupuestaria de 2017, en el que volveríamos a incumplir y tendríamos que volver a presentar otro Plan Económico Financiero a no ser que se cambie la ley.
¿Y por qué requiere unos recortes para el siguiente año si el Plan Económico es de 2015?
Porque la ley indica que cuando presentas un incumplimiento en 2015 por ejemplo, tienes que hacer un Plan que contemple los futuros ejercicios y ver cómo vas a evolucionar. Nosotros, en vez de mentir, que es lo que hace el Estado español cuando envía los números a la Comisión Europea, hemos dicho lo que vamos a hacer en 2016 y 2017 y eso hace que les parezca mal y nos pidan recortes.
Usted ha defendido que la ley contempla otras vías dentro de la legalidad que no iría en detrimento de aprobar presupuestos. ¿Puede precisar esa actuación?
La paga extra a los funcionarios fueron 30 millones y hubiéramos cumplido la regla de gasto en 2015 por más de 14 millones. Pero debido a la paga extra, lo incumplimos en 16 millones. Ahora nos piden una actualización del 1,8% de esa cantidad por la tasa de crecimiento de la economía fijada por Hacienda. Por tanto, 17 millones.
Para cumplir con la carta que nos indica el ministerio haremos una modificación de crédito por parte del área de Economía y Hacienda del ayuntamiento. Eso tendrá que pasar por comisión de este departamento y será aprobado en pleno. Pero nosotros en cuanto hagamos el 'acuerdo de no disponibilidad de crédito' en este área lo remitiremos al ministerio para que quede claro que lo que se me ha requerido se ha hecho conforme ellos lo demandan en las cartas remitidas. Y lo haremos en brevísimo plazo de tiempo para cumplir la ley que tanto criticamos.
Tras estas cartas recibidas por el ministerio de Montoro, ¿cuenta con el apoyo de sus compañeros de Gobierno para seguir defendiendo este Plan Económico Financiero?
Evidentemente el Plan Económico Financiero no es un capricho personal mío ni tampoco la aprobación del proyecto de presupuestos de 2017 como no lo fue la de 2016. Por supuesto, es una decisión de Gobierno y una voluntad de hacer políticas públicas teniendo en cuenta los recursos disponibles de la ciudad de Madrid.
¿Y del grupo municipal socialista?
Estamos hablando de lo mismo. Estamos discutiendo de que ese plan sea aprobado por el ministerio y todas las conversaciones que hemos tenido con el Partido Socialista van esa es la línea. Ellos son los que tendrán que hablar en su nombre, pero está claro que nuestra estrategia pasa por que se permita que Madrid tenga las políticas públicas que merecen sus ciudadanos y ciudadanas. Y para eso se tiene que aprobar un Plan Económico Financiero en la línea que lo hemos planteado, no vamos a hacer una modificación en la línea de recortes de más de 500 millones de euros. El PSOE tampoco está con eso.
La ley de Estabilidad quiere que con el superávit se pague deuda más rápido, pero el Ayuntamiento de Madrid la ha reducido por encima de lo presupuestado por el Gobierno de Ana Botella. Entonces, ¿cuál es el problema?
Estamos en 800 millones por debajo de deuda que presupuestó el Ejecutivo de Botella. Nosotros estamos amortizando deuda y demostrando que se puede hacer poniendo ese elemento por detrás de nuestro incremento de gasto social y de incremento en las políticas públicas que entendemos que es la verdadera prioridad para Madrid. Y demostramos que se pueden hacer las dos cosas: abordamos las necesidades de Madrid y también somos capaces de devolver deuda a un ritmo mucho mayor de lo que había previsto el PP. Eso debería ser, entiendo yo, motivo de satisfacción generalizada y que no nos intentaran poner sanciones, pero parece que el buen desempeño no es elogiado, si no que merece cartas amenazantes.
Nos tendrían que explicar por qué esa velocidad que se exige al Ayuntamiento de Madrid para devolver deuda no se la exigen al Estado. Mientras este consistorio tiene superávit, la administración central tiene déficit. Mientras el Ayuntamiento de Madrid reduce deuda, el Estado la incrementa. Entonces, ¿nosotros somos responsables de algo negativo?
En la última entrevista en eldiario.es aseguró que la reforma de la ley que permitía a las Comunidades Autónomas aumentar su techo de gasto “obligaba a las corporaciones locales con superávit a financiar la deuda de otras administraciones”. ¿Cree que este el caso?
Es clarísimo. Evidentemente de alguna manera lo que nos está diciendo el Ministerio de Hacienda es que para que pueda tener más déficit, para que pueda ser más manirroto, nosotros tenemos que ser todavía mejores gestores de lo que ya somos. No sé, no me parece demasiado justo. Sobre todo, para los ciudadanos de Madrid, porque con nuestro plan no hacemos desaparecer el superávit.
El superávit que tenemos previsto para acabar el año es de 1.110 millones de euros. No tiene lógica que se nos pida que en vez de esta cantidad tengamos 1.500 millones de superávit, para que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid que tiene cerca de 3.000 millones de déficit pueda tener más déficit aún.
La devolución de la deuda por adelantado que exige la ley de Estabilidad y el Ministerio de Hacienda, ¿cómo afectaría a los paquetes financieros de deuda denominados 'swap'?'swap'
Al ritmo tan rápido al que estamos amortizando deuda, si el ministerio no nos autoriza el Plan Económico Financiero nos estarían obligando a devolver préstamos que son absolutamente antieconómicos. Tendríamos que estar amortizando deuda de swaps, que a su vez se convertiría en deuda. Es decir, amortizaríamos deuda pero no desaparecería la deuda. Algo absolutamente absurdo que planteamos en el Plan Económico Financiero y que no nos han respondido. Pero no es lo único disparatado, nosotros además tenemos determinados préstamos a tipo fijo cuyo coste de ruptura es absolutamente antieconómico porque tiene, por ejemplo, comisiones de cancelación. Lo único que pedimos es que nos dejen devolverlo al ritmo que están contraídos los préstamos, sobre todo, teniendo en cuenta el enorme superávit.