El Gobierno reclama cambios a Ayuso en sus leyes trans y LGTBI o las llevará al Constitucional

El Gobierno ha reclamado cambios al Gobierno de la Comunidad de Madrid en sus leyes trans y LGTBI y considera que se “patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico”, además de trasladar “la idea de que la transexualidad en personas menores constituye una patología”. El Ejecutivo ha avisado de que, o se producen estas modificaciones, o se presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. El equipo regional ha calificado esto como un “nuevo ataque” al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La Asamblea aprobó el pasado mes de diciembre de 2023 las reformas de las leyes trans y LGTBI, mediante las que se modifican las normas de 2016 y que suponen el primer retroceso de derechos para el colectivo en la Comunidad. Respecto a la ley trans, se eliminó el concepto de identidad de género y se marcó que los menores debían pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento, además de la eliminación de contenidos relativos a personas trans en los currículos educativos, entre otras cuestiones.

La Comunidad de Madrid ha argumentado que la reforma de ambas leyes “sigue las recomendaciones de las sociedades médicas, de grupos feministas y de juristas”, que reclamaban “rectificar aspectos que ponían en peligro la seguridad jurídica y los derechos de las mujeres, el derecho a la salud y el trabajo de los profesionales sanitarios, la libertad de expresión y de cátedra, la pluralidad dentro de las personas LGTBI y la protección de la infancia”.

Por ello, pretenden trasladar sus argumentos en la Comisión Bilateral de Cooperación con el Gobierno, tras el requerimiento del Ejecutivo central para solventar las “discrepancias” que han apreciado en la modificación de la ley trans e intentar evitar ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Fuentes del Ejecutivo regional han subrayado a EFE que la Comunidad de Madrid defenderá en esa reunión la “legalidad y adecuación al marco constitucional” de las leyes autonómicas, en relación a las cuestiones sobre las que el Gobierno ve las discrepancias.

Además, han remarcado, el informe del Ministerio de Política Territorial “no dice nada de los supuestos recortes en los derechos LGTBI que algunos grupos políticos salieron a denunciar en tromba cuando se aprobaron ambas reformas”.

Tampoco cuestiona, según el Ejecutivo autonómico, “nada sobre los cambios introducidos a propósito de la supresión de apartados como el de la inversión de la carga de la prueba o la discriminación por error”, uno de los argumentos del Gobierno de Ayuso para reformar la normativa autonómica.