Una alto cargo de Ignacio González, a un subordinado: “No metamos a la Fiscalía a remover la mierda”
La conversación duró cuatro minutos y tuvo lugar en un despacho de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid el 20 de enero de 2014, meses después de que los técnicos de ese departamento empezasen a hallar irregularidades en las ayudas de los cursos de formación y localizado a decenas de personas que, pese a figurar en los listados de distintas asociaciones profesionales como alumnos, no sabían nada de ellos.
El caso se había bautizado con el nombre de su principal implicado, José Luis Aneri, un empresario cordobés que falsificó miles de nombres y utilizó a varias decenas de gremios profesionales para captar más de 15 millones de euros en ayudas públicas para formación del Gobierno madrileño.
Cinco semanas antes de que Aneri fuese detenido e imputado por un fraude de varios millones de euros, el subdirector de Formación Continua y Emprendedores, Joaquín Velázquez, alertó a su superiora, la directora general de Empleo, Patricia Herrero, en presencia de una tercera persona, de que las irregularidades detectadas por los funcionarios en la gestión de las subvenciones públicas eran ya demasiado graves como para quedarse en el campo administrativo. En ese diálogo, Velázquez recomendó alertar al secretario general Técnico de la Consejería, la mano derecha de la titular de Empleo en el Gobierno de Ignacio González entonces, Ana Isabel Mariño, y acudir también a la Fiscalía, convencido de que el caso antes o después acabaría en los juzgados.
Patricia Herrero intentó disuadir a su subordinado con evasivas. Hasta en dos ocasiones, a lo largo de la charla a cuya transcripción ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es, la directora general le advirtió de que no quería ver a la “Fiscalía revolviendo la mierda” de su departamento e intentó convencerlo de que el escándalo podría saldarse con simples multas a las asociaciones.
La charla, aportada a la Fiscalía Anticorrupción por el subdirector general de la Comunidad de Madrid e incorporada al sumario, fue clave para que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Esperanza Collazos Chamorro, citase como imputada a Patricia Herrero y elevase el tiro hacia el Gobierno de Ignacio González, hasta el punto de haber expulsado a la Comunidad de Madrid como “acusación particular” en este caso por si, escribe el auto judicial, en un futuro fuese declarada “subsidiariamente responsable”.
En los más de 8.000 folios que recopilan la investigación aparecen otras evidencias de que altos cargos de la Comunidad de Madrid intentaron poner trabas a la investigación judicial y de la policía. Antes de mantener ese diálogo grabado en el despacho de la Consejería de Empleo, Patricia Herrero ya había advertido repetidamente a sus subordinados de que no quería ninguna comunicación por escrito de lo que estaba pasando con los cursos. Así queda patente en un correo electrónico también incorporado a la causa en el que avisa al mismo subdirector general, al que estaban reclamando información sobre el caso: “No se notifica nada y que pase todo por aquí”.
Consulta al viceconsejero Van Halen
En la conversación grabada el 20 de enero de 2014 y que fue reproducida ante los abogados del caso en el juzgado el pasado 18 de abril, la entonces directora general de Empleo dejó claro que los trapos sucios en ese fraude millonarios de subvenciones públicas, se iban a lavar en casa. “Lo que tenemos es que sancionar directamente estas cuestiones, no tenemos que meter a la fiscalía para que empiece a remover mierda”, dice primero a su subordinado.
Cuando este insiste en acudir con las pruebas al Ministerio Público, Patricia Herrero, asegura que ha hablado del tema con el viceconsejero de Empleo, Juan Van Halen, y reitera: “Tú lo pones en comunicación de una Fiscalía y vale, ya hemos pasado la bola a otros y nos cubrimos, vale, y ¿qué pasa? Ahí desembarca un equipo de la Fiscalía y empieza a mirar el trabajo de este señor y de todo su equipo y alguna irregularidad o alguna cosa mal seguro que hacemos por equivocación pero a ver... Hay que pensar bien. Yo se lo dije al viceconsejero [Van Halen] y eso hay que pensarlo despacio porque al final estás metiendo a unos tipos ajenos aquí a que miren los historiales y miran toda la mierda, la mierda en el sentido del mundo de la formación, no la mierda que hay dentro pero, me entiendes, porque también hay que tener cuidado, o sea...”.
Lo que se descubrió semanas después, una vez que la policía detuvo a José Luis Aneri, el cabecilla de la red, se incautó de sus ordenadores e imputó a varios miembros de las asociaciones profesionales, fue una trama organizada para captar ayudas públicas de empleo a través de cursos (presenciales y a través de Internet) que no se impartían. Miles de alumnos apuntados aseguraron no haber participado en ellos. Y la trama salpicó a viejos conocidos de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, como el empresario Alfonso Tezanos, vocal en la directiva de la patronal madrileña CEIM y presidente de la organización de empresarios Fedecam, que fue detenido también en marzo de 2014.
La imputación de la alto cargo de Ignacio González guarda relación directa con este diálogo grabado y con otras pruebas documentales que distintos testigos han aportado al caso. Ya el pasado noviembre, la instructora de la causa daba pistas de sus sospechas sobre la implicación de los dos últimos Gobiernos de la Comunidad cuando solicitaba que se identificase a todos los altos cargos del organigrama de las consejerías de Empleo entre 2010 y 2014 bajo los Gobiernos de Aguirre y González. Al frente del departamento de Empleo cuando tuvieron lugar estas prácticas estaba la consejera Ana Isabel Mariño, hoy senadora y diputada regional en la Asamblea de Madrid.
