Catalina Rodríguez, alcaldesa del municipio madrileño San Fernando de Henares por San Fernando Sí se Puede, y su asesor, Joaquín Gómez, están siendo investigados por una presunta desaparición de documentos relacionados con la venta de la Plaza España a un fondo Buitre. La plaza fue vendida al fondo por el anterior Gobierno de Izquierda Unida.
El PSOE interpuso una querella a la edil, según ha adelantado la Cadena Ser, y el juez la ha admitido a trámite. Se investigan los delitos de prevaricación, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Comparecerán ante el juez el próximo 20 de febrero.
Los socialistas acusan a la edil, en su denuncia, de archivar “expedientes con datos personales, confidenciales y privados, relacionados con la remodelación de la Plaza de España del municipio”. Para el PSOE estos documentos deberían tener una mínima protección, que no se está dando porque el otro imputado, Joaquín Gómez, tiene acceso a ellos sin ser funcionario ni miembro del Gobierno
La operación Plaza España arrancó en 2008. El Ayuntamiento estaba gobernado por Izquierda Unida (ahora gobierna San Fernando Sí Puede) y el pleno aprobó por unanimidad, con los votos de IU, PP y PSOE, constituir una sociedad para rehabilitar la plaza principal de la localidad, declarada Bien de Interés Cultural, y las viviendas que la rodean. Esa sociedad estaba participada al 51% por los vecinos de la plaza y el Ayuntamiento tenía el 49%.
Los residentes aportaban sus viviendas y mientras se hacían las obras se iban de alquiler, gracias a que les subvencionaban con 900 euros al mes. Luego recuperarían una casa nueva con los mismos metros que habían aportado. El Ayuntamiento inició un proyecto de rehabilitación integral para el que pidió a Caja Madrid 50 millones de euros, según confirman fuentes de Bankia a eldiario.es. Las obras empezaron en 2009.
Desde entonces, la sociedad funcionó de manera opaca, sin presentar cuentas. Seis años después, tenía un agujero de 94 millones que pesaban sobre 200 casas, los locales comerciales, la plaza y las 200 aparcamientos . Un centenar de vecinos que aportaron su casa se quedaron sin ella. La empresa entró en concurso de acreedores y el juez autorizó la venta de la Plaza, viviendas, garajes, trasteros y un aparcamiento público a un fondo buitre.