El servicio de inspección de la Comunidad de Madrid realizó trece intervenciones en las residencias de mayores durante los primeros meses de la pandemia. Los registros llevados a cabo por los funcionarios de la Consejería de Política Sociales revelan relajación con las medidas de prevención para contener al virus. Los trabajadores autonómicos explican en las actas emitidas, a las que ha accedido elDiario.es, que algunos de los centros de mayores no mantenían la sectorización por zonas para dividir a pacientes según su estado de salud (sospechosos o que están a la espera del resultado de un test de COVID-19, sanos y contagiados).
Estos documentos dejan constancia de que en varios casos los inspectores se encontraron al entrar en los centros con que los trabajadores no les tomaron la temperatura, a pesar de acudir del exterior. Además, teniendo en cuenta que el virus también puede ser portado por un familiar, llama la atención cómo se relata en un acta que no se respetó la distancia de seguridad en la visita de un ser querido a una usuaria, de hecho llegó a haber contacto físico entre ellos.
Los funcionarios detallan casos de “deficiente limpieza” en los pastilleros de medicación o de exceso de ocupación entre los residentes. Aunque el episodio más grave, que terminó con el despido de una trabajadora y la sanción a tres más, se produjo en el centro privado de mayores El Escorial. La dirección consideró que el comportamiento de estas profesionales hacia una usuaria pudo suponer “presuntos malos tratos” al detectar “mala praxis” y falta de profesionalidad. Los hechos se detectaron en febrero después de que la familia hubiese colocado una “cámara/despertador encima de la mesilla de la habitación” sin informar a los responsables del centro, siempre según la información expuesta en el acta de inspección elaborada por el servicio de inspección y fechada el 3 de junio.
Las hijas de la residente llegaron a presentar 41 grabaciones a los gestores, tras su visionado la residencia optó por despedir a una auxiliar “por reiteración” al “catalogar sus acciones como presuntos malos tratos hacia la residente”. “Los responsables del centro consideran como mala praxis, tratos bruscos y no profesionales, faltas de respeto, trato poco cariñoso y deshumanizado el resto de imágenes que han visualizado”, añade el funcionario de la Comunidad. Las sanciones no se limitaron a esta destitución, tres auxiliares más fueron amonestadas con una suspensión de empleo y sueldo, que osciló entre los 15 y 45 días, dependiendo del caso.
“En cuanto a las medidas adoptadas para la prevención de malos tratos y el ejercicio de malas praxis la directora informa de reuniones con las auxiliares (alegando las auxiliares estrés laboral y no ser conscientes de sus acciones cuando se vieron en las imágenes), reuniones de las auxiliares que aparecían en los vídeos y las hijas de la residente”, recoge el acta. La pandemia impidió que se continuase con “nuevas formaciones”, aunque en la inspección realizada en junio aseguraron que la residencia había “iniciado un proyecto de humanización”. Ante esta situación, en sus conclusiones los funcionarios instaron a los gerentes a elaborar “medidas de vigilancia y/o cuidado especial que garanticen la prevención, supervisión e intervención para las personas usuarias dependientes”. La familia no ha “interpuesto reclamaciones” por estos hechos, según consta en el informe. Desde el centro no han respondido por el momento a la petición de información realizada por elDiario.es.
Entre el 8 de marzo y el 23 de junio, el servicio de inspección de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid examinó doce residencias, solo el centro de mayores Los Jardines de Navas situado en Navas del Rey fue objeto de dos actuaciones, en el resto de casos se limitaron a acudir o llamar en una ocasión. Durante los meses investigados, en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid fallecieron 7.690 personas, 1.203 confirmados con la infección, según los datos aportados por el Gobierno regional al Ministerio de Sanidad.
De entre las más de 450 residencias que hay en la región, la Consejería ha puesto solo el foco en una docena de centros porque han recibido alguna denuncia relacionada con su funcionamiento, por petición de “organismos intervinientes” como “bomberos o Sanidad” — explican desde el departamento autonómico de Políticas Sociales -- “o bien de oficio por parte de los inspectores”. 22 personas se encargan de examinar el funcionamiento de las más de 400 residencias que hay en la Comunidad.
La mayor parte de las inspecciones realizadas durante la pandemia se hicieron en mayo y junio, ya lejos de los episodios más devastadores del virus, solo dos centros fueron examinados en el mes de abril. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria en la que se sigue encontrando la Comunidad de Madrid y las consecuencias que ésta ha tenido en las residencias, uno de los puntos sobre el que los inspectores centran la atención es la adaptación que han realizado estos recursos asistenciales para contener el virus en sus instalaciones.
El 19 de junio, en su examen a la residencia privada Los Hueros, situada en el municipio de Villalbilla, el funcionario advirtió de que en las visitas se estaban incumpliendo las medidas de seguridad impuestas para prevenir el virus. En el acta ha explicado que observó el encuentro mantenido por una familiar y una residente “sin guardar medidas de distanciamiento” y con contacto físico entre estas dos personas. El acta indica que la usuaria fue “acompañada a la puerta del centro por la familiar cogida de la mano” al terminar la visita. De esta forma, las dos implicadas, profesionales y gerencia desoyeron las medidas planteadas por la Comunidad, que insta a que se mantenga la distancia de seguridad en estas reuniones, “evitando el contacto físico”, según consta en un protocolo de coordinación facilitado a esta redacción el 17 de junio por fuentes oficiales del Gobierno autonómico.
Continuando con la contención del virus, este profesional también destaca que al entrar al centro no le realizaron “toma de temperatura corporal” y que tampoco había “un pediluvio de desinfección” de las suelas del calzado. Asimismo, anota que el emplazamiento “se encuentra sin sectorizar [separación de zonas según la relación que tengan los usuarios con el virus] y sin habilitar circuitos para la entrada de los profesionales”. Los Hueros no es la única residencia en la que se realiza esta observación, también figura en las actas emitidas tras la inspecciones en las residencias privadas Masam Guadarrama, situada en el municipio del mismo nombre, y Hestia (Colmenar Viejo).
El citado protocolo de coordinación también recomienda a los centros que realicen “una toma de temperatura” a los visitantes para descartar síntomas compatibles con la COVID-19 antes del acceso. Sobre la sectorización, desde la Consejería indican que “es necesario que las residencias cuenten con un espacio libre” para realizarla y que se pueda usar “en caso de que sea necesario”. Entre las actas examinadas por esta redacción hay casos destacables como el de Orpea Valdemarín (Madrid), que ha llegado a distribuir su espacio en cinco sectores con una “zona blanca (residentes sin la COVID-19), zona verde (residentes que han pasado la COVID-19), zona amarilla (residentes que han salido del centro), zona naranja (zona destinada a residentes por posible COVID-19) y zona roja (residentes con la COVID-19)”, tal y como se puede leer en el acta emitida el 18 de junio.
Ante las anotaciones realizadas por el inspector sobre las medidas de prevención, la directora de Masam Guadarrama contraargumentó que estaba “a la espera de recibir alfombras felpudos desinfectantes”, que tienen habitaciones y camas habilitadas “para un posible aislamiento”, así como que existen dos circuitos de entrada para los trabajadores. En el informe de Los Hueros, el funcionario dejó claro que había una mesa “con material de desinfección” y en el caso de Hestia, su responsable destacó que “los profesionales se cambian en la lavandería” y entran por una puerta posterior.
Durante las primeras semanas de la pandemia los inspectores mantuvieron “contacto diario” — apuntan fuentes oficiales de la Consejería — con las residencias “para recopilar datos diarios sobre su situación”. Por una de estas comunicaciones, el 15 de abril el servicio de inspección decidió levantar acta al observar “exceso de ocupación del centro” en la documentación facilitada ese día por la residencia privada Centro Chinchón, localizada en el municipio con el mismo nombre. Después de contactar por teléfono con el director, el trabajador público que redactó el informe le instó a “ajustarse a la capacidad total autorizada conforme se establece en la normativa vigente”.
Denuncia interpuesta por el “estado lamentable” de los ancianos
Entre todas estas actuaciones, la residencia a la que se ha destinado más atención ha sido el centro privado Los Jardines de Navas (Navas del Rey), en el que este servicio observó el 26 de mayo que “los pastilleros de medicación” presentaban “una deficiente limpieza”. Ante esta situación, la Consejería requirió a los responsables que “se garantice la limpieza e higiene del equipamiento y utensilios utilizados para la preparación y administración” de los tratamientos de los residentes.
No es casualidad que esta residencia haya sido la única que motivase dos inspecciones. En mayo, el Ayuntamiento de Móstoles denunció el “estado lamentable” en el que se encontraban cinco ancianos que procedían de Los Jardines de Navas y fueron traslados a la residencia Juan XXIII, por orden de la Comunidad de Madrid. Según recoge un informe policial al que accedió elDiario.es, los mayores llegaron “sucios, con fuerte olor a orín y muy cansados”. La Concejalía de Derechos Sociales y Mayores constató que “vestían ropa deteriorada, sucia”, se encontraban en mal estado de higiene y llevaban cerca de nueve horas sin comer, de acuerdo con la denuncia.
Las condiciones en las que llegaron los cinco usuarios motivó que el 17 de mayo un inspector se personara en el centro. A pesar de la denuncia del Ayuntamiento de Móstoles, el director manifestó que “los usuarios se encontraban aseados y desayunados con su respectiva medicación, informe médico y equipaje preparado”. En la documentación emitida, el inspector añadió que su interlocutor le mostró “imágenes de dicha circunstancia captadas en su teléfono móvil”. Diez días después un trabajador de la Consejería de Políticas Sociales volvió a visitar el centro para realizar un examen más amplio, después de que el Gobierno regional explicase que había abierto una investigación al constatar que el centro no “cumplía las condiciones” para aislar a los mayores, apuntaron fuentes de la cartera de Alberto Reyero.
En un acta de inspección más extensa, el 26 de mayo el inspector constató una deficiente limpieza en los pastilleros de los usuarios, aunque teniendo en cuenta los hechos que constaban en la denuncia policial, también destacó que se observaba “una correcta higiene personal de las personas usuarias”. Ni esta actuación ni ninguna de las anteriores ha desencadenado la apertura de un expediente sancionador por parte de la Comunidad. Desde la Consejería de Políticas Sociales explican que estos informes permiten realizar “un seguimiento concreto que se materializa en requerimientos y, si es preciso, en una segunda inspección”.