La justicia archiva la causa penal por la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre en Madrid
El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa por presunta prevaricación y malversación en la venta de casi 3.000 viviendas del IVIMA en agosto de 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs. La investigación mantenía imputados desde 2016 a los directores del Instituto de la Vivienda de Madrid de esa época, Ana Gomendio y Juan Van-Halen.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal establece que la tasación pericial practicada en este procedimiento “permite sostener que con la venta no se produjo un perjuicio patrimonial al IVIMA, dado que el limitado margen porcentual entre el precio de la adjudicación y la tasación (un 3,62%)”.
Por otro lado, no ve acreditado que la finalidad perseguida por los investigados en la adjudicación fuera defraudar al IVIMA y que la actuación tenía el propósito de obtener liquidez “con la que alcanzar el objetivo de la reducción del déficit público, lo que constituía una prioridad política en el momento de los hechos”. El auto afirma, además, que “la entrada de Goldman Sachs y Encasa Cibeles” en la operación “se explica por la permisividad de la legislación vigente”.
En consecuencia, el juzgado acuerda el archivo y establece que contra la resolución cabe interponer recurso de reforma y de apelación en un plazo de tres días.
La Fiscalía de Madrid pidió hace unas semanas archivar la investigación de la operación dirigida por el expresidente Ignacio González. No apreciaba delito, pero sí admitía irregularidades en el proceso, que sustrajo a la cartera pública de la Comunidad de Madrid casi 3.000 viviendas sociales. La sentencia del juzgado de Instrucción número 48 hace suya esta argumentación, según la cual la “innecesariedad” de las viviendas no estuvo debidamente justificada. “En efecto, la aparente justificación contenida en la memoria en cuestión se contenta con una serie de afirmaciones genéricas pero inconvincentes”.
El escrito del Ministerio Público, aunque descartaba la vía penal, animaba directamente a los afectados a recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo, un fragmento que reproduce el juez. El auto, en este sentido, además añade que “la injusticia de tal proceder encuentra su vía de enmienda en la jurisdicción administrativa que permite la solución adecuada”.
Los juzgados han resuelto en los últimos meses cuatro recursos presentados por afectados por esta vía. En dos de ellos, la justicia admite que la operación no se ajustó a derecho porque se saltó pasos y anula las resoluciones que permitieron la venta de las 32 promociones.
La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA y la FRAVM han avanzado su intención de recurrir el archivo de la querella que presentaron contra la operación en la Audiencia Provincial. Estos colectivos “no entienden la celeridad con la que ha actuado el juez, que da carpetazo a la causa solo unos días después de la petición de archivo de la Fiscalía”, exponen.
