La Justicia mantiene la prohibición de las protestas del 8M en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las concentraciones del 8M. Los jueces, reunidos este sábado, han decidido rechazar los recursos que pedían anular la decisión de José Manuel Franco.

Los magistrados se han pronunciado tras los siete recursos presentados por varias asociaciones y sindicatos, contrarios a la prohibición de la Delegación del Gobierno. En concreto, la medida fue recurrida por UGT, CC.OO., CGT, el Movimiento Feminista de Madrid y otros tres colectivos.

La Fiscalía comunicó este sábado al TSJM que respalda la prohibición de la Delegación del Gobierno porque las manifestaciones del 8M suponen “un riesgo” para la salud pública. Para el ministerio público, la decisión es “proporcionada” y “ponderada”, no supone un trato discriminatorio hacia las concentraciones convocadas y se basa en la normativa del propio estado de alarma.

En las tres sentencias notificadas, el tribunal rechaza las alegaciones de que la prohibición de concentraciones y manifestaciones con motivo del 8M supongan una discriminación por razón de género, “habida cuenta de que los motivos básicos de denegación de la concentración se centran en razones de salud pública”. Y estas razones, añaden los magistrados de la Sección 10ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, “no han resultado desvirtuadas” en los recursos analizados contra las resoluciones de la Delegación del Gobierno.

También rechaza el Tribunal Superior que exista elemento alguno que permita vislumbrar que las prohibiciones de las concentraciones o manifestaciones se hayan basado “implícitamente en razones distintas de las razones de salud pública que preocupan a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual”.

En las sentencias, los magistrados valoran que la situación de la Comunidad de Madrid sigue siendo “de riesgo extremo” a pesar de la mejoría de los datos epidemiológicos, y los llamamientos de distintas autoridades naciones y regionales para evitar las concentraciones en Madrid a causa de la covid-19. En sus argumentos, las sentencias citan un informe del Consejo General de Colegios de Médicos que desaconseja la asistencia a estas concentraciones por el riesgo que implican para la salud pública de la población en general.

“En las circunstancias actuales, y ante las condiciones en que se pretende el ejercicio del derecho fundamental de reunión cuya tutela se demanda, estima esta sala que dicho ejercicio entra en conflicto con bienes y valores constitucionales como la salud pública, y más concretamente, la salud, la integridad física y la vida de las personas, que deben prevalecer frente aquel”, explica una de las resoluciones judiciales.

La Delegación del Gobierno alegaba “motivos sanitarios”

La Comisión 8M había convocado cuatro concentraciones de hasta 500 personas en el centro de Madrid. La Delegación de Gobierno, encabezada por José Manuel Franco, no aceptó la celebración de ninguna manifestación los días 7 y 8 por motivos sanitarios. De este modo, Madrid se convertía en la única región de España en prohibir las concentraciones con motivo del Día de la Mujer.

Para tomar esta decisión, la Delegación del Gobierno tuvo en consideración varios factores, como las posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid. “La Comunidad sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios así como de personas hospitalizadas, por encima de la media nacional”, indicó Franco.

“Ni sectarios ni ideológicos, son motivos objetivos. No nos mueve ningún afán de prohibir nada”, argumentó el delegado del Gobierno, cuya institución ya había negado la celebración de otras manifestaciones en las últimas semanas. Madrid tiene una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 250 casos por cada 100.000 habitantes.

Las entidades que recurrieron la prohibición alegan, por el contrario, que “la decisión no era de orden sanitario, sino político”, que constituye “un atropello” y una vulneración del derecho fundamental de manifestación. Asimismo, sostienen que se trata de “demonizar y criminalizar” al movimiento feminista, cuya manifestación el año pasado, celebrada antes del primer estado de alarma, fue utilizada políticamente para atacar al Gobierno.

La decisión de la Delegación del Gobierno ha sido apoyada por miembros del Ejecutivo como Carmen Calvo, quien este sábado defendió que la prohibición no respondía a criterios políticos, sino sanitarios. La ministra de Igualdad, Irene Montero, pidió “cumplir escrupulosamente” las recomendaciones sanitarias ante el 8M.

La ministra de Sanidad también hizo un llamamiento a la responsabilidad asegurando que “no ha lugar” a las manifestaciones este año.

El 8M en el resto de España

La Consejería de Sanidad madrileña había desaconsejado todas las convocatorias sobre las que se le había pedido un informe técnico, el cual no es vinculante. En esta misma línea, el Gobierno de Murcia y el de Castilla y León han pedido o recomendado que no se celebren manifestaciones por el 8M.

Por el contrario, en otras comunidades sí que están previstas marchas por el 8M: en Catalunya se celebrarán alrededor de 40 concentraciones, una de ellas de 3.000 personas garantizando la distancia de seguridad, en Galicia hay 85 manifestaciones programadas y en la Comunitat Valenciana se prevén actos descentralizados con un aforo de medio centenar de personas.