La Justicia retrasa su deliberación sobre Madrid Central: resolverá los recursos con la medida ya en marcha
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha retrasado hasta la próxima semana su deliberación sobre Madrid Central, prevista para este miércoles y jueves. Es decir, resolverá los recursos planteados contra la medida con la misma ya puesta en marcha, después de que los magistrados hayan pedido documentación al Ayuntamiento de Madrid.
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que el TSJM estudiará finalmente la próxima semana los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de la capital y la asociación Dvuelta contra la ordenanza de Movilidad del consistorio que regula Madrid Central, lo que supone que el proyecto de Manuela Carmena entrará en vigor sin obstáculos judiciales.
Será la Sección Segunda la que se pronuncie sobre si paraliza de forma provisional o no el proyecto para reducir el tráfico en el centro de la capital, tomando como modelo ciudades europeas como Berlín o Londres.
Estaba previsto que la Sala se reuniera los días 28 y 29 de noviembre, pero finalmente se ha retrasado hasta la próxima semana debido a que el TSJM ha tenido que pedir documentación al Ayuntamiento de Madrid, como el expediente del proyecto, según esas mismas fuentes. Al parecer, la sala habría dado un plazo de diez días al Consistorio para entregar esta información, según otras fuentes.
Al tratarse de la solicitud de medidas cautelares, la Sala tiene la obligación de estudiar la documentación que remitan todas las partes. Si la petición de los recurrentes hubiera sido de medidas cautelarísimas, los magistrados tendrían que haber resuelto en un plazo de 48 horas sin necesidad de oír a las partes previamente.
Recurso de la comunidad
El pasado miércoles, el Gobierno regional que dirige Ángel Garrido interpuso un recurso contra la entrada en vigor de Madrid Central, al entender que se ha llevado a cabo una tramitación “incorrecta” por, entre otros motivos, la falta de informes, la afectación a competencias autonómicas o el no haber estado sometido a información pública y audiencia correctamente.
En el recurso se solicita la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el 5 de octubre, así como la suspensión cautelar de su entrada en funcionamiento prevista para el 30 de noviembre.
También presentó un segundo recurso contra el acuerdo de Junta de Gobierno del 29 de octubre, por el que se desarrolla el Régimen de Gestión y Funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central. El objetivo, según ha explicado el presidente madrileño, “es defender tanto la salud como los derechos generales de todos los madrileños”.
Por su parte, el pasado 29 de octubre, el portavoz del Grupo Municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, anunció la interposición de otros dos primeros recursos y esgrimió que el decreto se firmó “sin previo aviso” debido a una “voluntad de imposición sobre un determinado modelo del centro, que perjudicará no solo al centro sino al conjunto de la ciudad”.
