La Justicia investiga por estafa a la fundación de la Iglesia que vendió 14 inmuebles en Madrid
El juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha admitido a trámite la querella de los vecinos contra la fundación de la Iglesia que vendió los 14 inmuebles en los que vivían en pleno centro de Madrid por posibles delitos de estafa, corrupción y administración desleal, según ha adelantado este jueves El País.
El pasado 30 de julio, la Fundación de Santamarca y San Ramon y San Antonio (Fusara) vendió estos 14 edificios a una red de sociedades. Los inmuebles eran donaciones de dos familias adineradas y han terminado siendo el centro de una operación inmobiliaria opaca que aún amenaza con dejar sin casa a 180 familias.
El Registro de la Propiedad frenó entonces la venta de dichos inmuebles tras encontrar irregularidades en la inscripción de compra de cinco de ellos: el de la calle Churruca, 15; Santa Teresa, 8 y 9; Barquillo, 22; y Castillo, 4. Esta fue una de las irregularidades que mantuvo el proceso en suspenso ya que la entidad no había hecho constar en el Registro de Fundaciones los cambios en su dotación patrimonial pese a que se han deshecho de más de 50 millones de euros en bienes.
Fusara tampoco subsanó la situación en el plazo establecido: diez días después, el órgano de control seguía sin tener noticias del adelgazamiento de patrimonio. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales confirmaron a eldiario.es que el proceso se había subsanado y se había dado autorización para publicarlo en el Registro de Fundaciones. Pero en el sistema interno no hay rastro de ello de ninguna solicitud. Sin este trámite, la operación no podrá completarse.
Otro cabo suelto de la operación tiene que ver con las firmas que la autorizaron. La venta fue aprobada por “unanimidad” en el patronato de la fundación. La alcaldesa de Madrid –a quien representaba el concejal Mauricio Valiente– y la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vega, no asistieron pero delegaron su voto. De manera que, a efectos, se posicionaron a favor. Ambos confirman que conocían “algo” de la operación que se estaba aprobando, aunque no estaban presentes.
Ahora, en el auto de la querella, al que ha tenido acceso El País, la jueza Carmen Rodríguez-Medel asegura que el patronato de la fundación “está deficientemente constituido y que el firmante de la compraventa no ostenta poder válido, motivo que ha dado lugar a que la inscripción de la compraventa de cinco fincas haya quedado suspendida [en el Registro de la Propiedad]”. La magistrada explica que esta cuestión “podría constituir un hecho delictivo de estafa”.
Rodríguez-Medel ha citado a declarar al delegado de fundaciones de la Iglesia, David López Royo; al antiguo gerente de la fundación Fusara, Ignacio Olmos; al actual administrador, Manuel Fernández Clemente; y al comprador de las 14 viviendas, Roberto de Juan González. Todos ellos tendrá que declarar previsiblemente que declarar el próximo 14 de enero.
