El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrió en la primera y en la tercera ola a empresas sanitarias para atender a pacientes contagiados y a afectados de otras patologías. La factura total asciende a 35,1 millones de euros en derivaciones que la Consejería de Sanidad realizó a hospitales privados ante el colapso de la red pública. El montante total que tendrá que abonar el Ejecutivo autonómico todavía no está cerrado porque quedan tres solicitudes de indemnizaciones por tramitar, según la información obtenida a través del portal de transparencia de la región.
El mayor desembolso se ha realizado por la atención prestada entre los meses de marzo y junio de 2020. La asistencia que se desplegó en ese momento en los hospitales privados, cuando el virus fue más letal en nuestro país, ha supuesto 33 millones de euros para las arcas autonómicas. Unos meses después, tras las fechas navideñas y el aumento de las infecciones, la Comunidad de Madrid volvió a recurrir a la sanidad privada, aunque en ese momento el coste fue menor. Se limitó a 2,2 millones de euros por la asistencia desplegada entre enero y mayo de 2021, coincidiendo con la tercera ola de la pandemia.
Los hospitales que han obtenido las indemnizaciones más elevadas han sido MD Anderson (3,9 millones de euros), Hestia Madrid (3,5 millones) y HM Montepríncipe (2,3 millones). El primer centro concentró los tratamiento oncológicos a pacientes que no estaban contagiados, explican fuentes que de la Consejería de Sanidad. Estas mismas fuentes aseguran que el segundo hospital trató a pacientes de media estancia no COVID y COVID, una información contradictoria con la aportada por el portal de transparencia autonómico que asegura que esa cantidad se abonó por la asistencia a “pacientes Covid”.
Si se engloban las indemnizaciones por grupo hospitalario, los que han recibido las compensaciones más elevadas han sido HM Hospitales (7,2 millones de euros), MD Anderson (4,3 millones), Quirón Salud (4 millones) y Hospitales Católicos de Madrid (3,8 millones). El criterio por el que se realizó cada derivación se produjo “por criterio clínico, y dada la reorganización asistencial que se produjo en todos los centros” del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Ante la expansión de la pandemia y la saturación de la red pública, el Gobierno autonómico puso en marcha un “mando único sanitario” para que todos los recursos de los hospitales públicos y privados de la región funcionasen como una sola red bajo las órdenes de la Consejería. Con el objetivo de evitar el colapso, desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso tomaron esta decisión. Gran parte de las patologías que fueron derivadas a centros privados eran víctimas de COVID-19 que necesitaban ser atendidos en planta: 20,6 millones se abonó por la asistencia prestada a ciudadanos contagiados por el virus.
El Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma y una Orden posterior emitida por el Ministerio de Sanidad, amparó que los centros de titularidad privada se pusiesen a disposición de la administración autonómica. Amparados en estas normativas y en la Ley de Expropiación Forzosa, la Comunidad de Madrid ha tramitado las reclamaciones impulsadas por los 38 hospitales que han sido compensados.
Por los pacientes que fueron atendidos en UCI, la Comunidad ha abonado 5,1 millones de euros. Más de la mitad de las facturas pagadas durante la segunda etapa en la que el Gobierno autonómico recurrió al “mando único sanitario” se destinaron también a cuidados intensivos: 1,2 de los 2,2 millones abonados. La Clínica Universitaria de Navarra, Clínica Cemtro y Sanitas La Moraleja han sido los hospitales que han imputado el coste más elevado a esta partida, con 515.000 euros, 345.000 euros y 383.619,76 euros, respectivamente.
Coste diario por estancia en planta y UCI
La Comunidad de Madrid ha realizado dos tasaciones distintas para determinar el coste diario que supuso la atención de los pacientes derivados. A lo largo de la primera ola abonó por la estancia diaria en planta 875,59 euros y 2.486,22 euros por la asistencia diaria en UCI. En ambos casos, el 16% de la cantidad total se imputó a un concepto que el Gobierno regional denominó coste no evitable, una cantidad en la que se incluyen gastos “por arrendamientos, conservación y suministros” y costes “fijos de mantenimiento” o por “amortización de los equipos”. En la tercera ola no se incluyó este último concepto, y se pagó 734,25 euros por estancia diaria en planta y 2.084,89 euros por la asistencia en UCI.
La Comunidad de Madrid defiende que estas cantidades se fundamentaron “en un informe pericial de experto independiente”. Este estudio fue elaborado en junio de 2020 por la consultora KPMG, a petición de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid. En ese documento, al que ha accedido elDiario.es, explican que para realizar esas tasaciones han tenido en cuenta el coste por estancia en planta y UCI durante las épocas previas a la pandemia y se han añadido “sobrecostes asociados al COVID-19”: directos – como productos farmacológicos y material sanitario asociado a la pandemia – e indirectos – suministros, servicios y tareas externalizadas como lavandería, limpieza, seguridad–.
Entre los desgloses añadidos por la Comunidad, también han incluido los costes de “adaptación de los centros a la emergencia” sanitaria. De esta manera, han compensado a los centros privados por los gastos que han realizado los hospitales durante la pandemia para habilitar espacios adicionales, adecuar sus instalaciones, comprar material sanitario específico o adaptar tomas de oxígeno. La suma total abonada asciende a 1,5 millones de euros. Quirón Pozuelo (646.542 euros), Clínica La Luz (156.158 euros) y Santa Elena (133.726 euros) son los hospitales que recibieron las compensaciones más elevadas para adecuar sus instalaciones a la emergencia sanitaria.
Derivaciones por patologías no COVID
La Consejería de Sanidad también autorizó la derivación de pacientes que no estaban contagiados con COVID. Por esa asistencia abonó 7,6 millones de euros. En estos casos, el coste de la atención se ha tasado de forma distinta. Se ha calculado teniendo en cuenta el “importe determinado” en la orden autonómica que fija “los precios públicos por la prestación de los servicios y actividades de naturaleza sanitaria” de la red sanitaria de la región. A esas cantidades, se ha añadido “un coste incremental del 7,53%” por la “aplicación de protocolos y medidas especiales de seguridad” impuestos por la emergencia sanitaria.
La Comunidad de Madrid no ha sido la única que ha recurrido a la sanidad privada ante el colapso de sus hospitales. Otras regiones también derivaron a pacientes a la privada durante las primeras olas de la pandemia, como es el caso de Andalucía, Catalunya, Extremadura, Navarra, Castilla y León y la Comunitat Valenciana.
En la primera etapa de la irrupción del virus, la Generalitat catalana hizo pública su tarifa de precios: 43.400 por paciente que estuviese en la UCI y recibiese el alta, 5.000 euros por paciente que no pasase por la UCI y estuviese ingresado más de 72 horas o haya muerto y 2.500 por cada enfermo que ingresase menos de tres días. Por su parte, Andalucía ha abonado 150,3 millones de euros por derivar a pacientes a hospitales privados entre enero y noviembre de 2020, 42 millones más que en el mismo periodo del año anterior.