Hace una semana, el Tribunal Supremo condenaba a Uralita a pagar 2,3 millones de euros a los familiares de los trabajadores de una de sus fábricas de Barcelona. La sentencia también obligaba por primera vez a indemnizar a los vecinos que vivían cerca y cuya salud se vio afectada por el polvo de asbesto arrojado al entorno. Es la última muestra de una evidencia que ya es indiscutible: convivir con amianto, un material tóxico que se usó de forma generalizada en los años 60, 70 y 80, para construir tuberías y cubiertas por su bajo precio, ocasiona un mayor riesgo de padecer cáncer. En pleno 2021 uno de cada cinco colegios públicos de la ciudad de Madrid mantiene en sus estructuras este mineral, peligroso si se manipula y extiende al ambiente y especialmente perjudicial cuando finaliza su vida útil, cifrada entre 30 y 35 años, porque a partir de ahí puede empezar a liberar partículas.
Son datos aportados por las Juntas de Distrito del Ayuntamiento a preguntas realizadas por el grupo municipal Más Madrid. El Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida confirma que 56 centros públicos distribuidos en 17 distritos cuentan con elementos que contienen amianto. En el mapa se pueden consultar nombre a nombre. La presencia de cubiertas o bajantes con este material está aún por corroborarse en otros 42 colegios. Ni Moratalaz ni Hortaleza han aportado datos concretos a la espera de informes y Centro y Latina no han detectado ningún colegio afectado.
La peor parte se la llevan los barrios más pobres: en Puente de Vallecas y en Ciudad Lineal la mitad de los colegios conviven con el amianto. En Chamartín la cifra es peor. Las inspecciones en seis de los ocho centros del distrito han encontrado en mayor o menor proporción este mineral tóxico, cuyo uso y comercialización está prohibido en España desde 2002. El recuento de centros también incluye dos de Educación Especial, una Escuela Infantil y un par de antiguos colegios a los que ahora se ha dado otro uso.
“Tenemos personas con cáncer, ¿y si es por esto?”
De todos los colegios el más afectado es el Meseta de Orcasitas, en Usera, con más de 2.000 metros cuadrados construidos con uralita. Prácticamente toda la cubrición del tejado rojo que los 500 alumnos y alumnas tienen sobre sus cabezas cinco días a la semana. “Somos un colectivo muy grande y muy expuesto. Tenemos personas con cáncer en el colegio y nos preguntamos: ¿y si es por esto? Se lo comentamos a la concejala del distrito cuando vino. Convivimos con esa espada de Damocles”, cuenta la directora, María Copado, en conversación con elDiario.es. El centro se ubica en un barrio donde la mayor parte de las viviendas también sufren el mismo problema.
En el colegio hay preocupación por este asunto pero también esperanza por que se resuelva pronto. El equipo directivo cuenta con que la obra se acometa el próximo verano, aprovechando las vacaciones de los menores. La retirada del fibrocemento es compleja: exige de la contratación de una empresa especializada y del aislamiento del entorno para evitar riesgos. Félix Rey, el concejal de Más Madrid de Orcasitas que ha hecho de esta batalla su leit motiv, pide celeridad en las actuaciones. “Como no se haga en julio y agosto supondrá un año más viviendo bajo el amianto. No tendríamos vergüenza si permitiéramos que esto siga así en las escuelas”.
La Comunidad de Madrid se comprometió en noviembre de 2018 a eliminar este material de los colegios públicos de la región. ¿Cuánto se ha avanzado desde entonces? En dos años y medio, la Consejería de Educación ha ejecutado 16 obras menores y otras tres de mayor envergadura para retirar amianto, además de otras “obras de reforma” cuyo número no concreta. Tiene programadas 18 intervenciones más ya redactadas aunque no sabe cuántas escuelas a día de hoy contienen fibrocemento. “No se puede facilitar una relación de centros en este momento”, asegura un portavoz del departamento que dirige Enrique Ossorio, que puntualiza que “la presencia de materiales con amianto en los locales o espacios de los lugares de trabajo no indica directamente una situación de riesgo, dado que el amianto no es un gas, un vapor o una sustancia radiactiva y sus fibras no se desprenden de forma natural, sino que es necesario que se produzca una manipulación o alteración de dichos materiales para que tenga lugar la liberación y emisión de las fibras”.
Un plan de 2018 y otro para 2021
El Ayuntamiento de Madrid también tiene una porción de la responsabilidad dentro del conflicto competencial para actuar: la administración local es competente para mantener los colegios aunque el Gobierno regional, en el caso de Madrid, es el responsable de las intervenciones. El Pleno del Palacio de Cibeles aprobó en octubre de 2020 con el apoyo de Más Madrid, PSOE y Vox un plan de retirada de amianto antes de 2030. PP y Ciudadanos, los partidos que forman el Gobierno y los encargados por tanto de ejecutarlo, se abstuvieron. Antes del próximo octubre deben presentar el proyecto detallado con especial atención a los colegios, como pidió Más Madrid.
“Se ha avanzado en lo que se ha podido”, apuntan desde el área de Vicalcaldía y Coordinación Territorial. Una portavoz asegura que la “competencia recae en la Comunidad de Madrid”, pero advierte que la corporación “ha reservado en todo caso 200.000 euros para intervenir este año en aquellos aspectos en los que lo permita” su capacidad de actuación. “En tanto los elementos estén encapsulados, son seguros, según los técnicos”. El Ayuntamiento, que dice tener identificados todos los centros con este material cancerígeno, se escuda en que la toma de decisiones requiere de un “plan estatal y de una ley que trasponga las directivas europeas que no existe a día de hoy” y critica que el anterior equipo de Gobierno, de Ahora Madrid, “no hizo nada en este asunto”.
La burocracia va muy lenta. Lo saben en el CEIP Patriarca Obispo Eijo Garay (Chamartín), donde tienen una caseta perpetua con amianto en sus instalaciones. La conocida como casa del conserje, utilizada en el pasado como almacén, está en estado de derrumbe y la dirección del centro lleva años peleándose para que la reformen. Las bajantes pluviales son de fibrocemento, según el análisis de la Junta de Distrito. “Es un gasto grande y no lo aprueban a pesar de que serviría para darle más espacio al colegio. De hecho, el año pasado se pidió que arreglaran la casita para poder tener ahí un aula y nada”, cuenta una madre del centro.
El amianto se expande por lugares variados según el centro. En el CEIP Menéndez Pelayo (Arganzuela) está en el sótano, una zona en desuso que hace las veces de almacén pero que antes acogió un gimnasio. Ahora ya no cumple las medidas de seguridad ni altura para que haya alumnos, explican desde el AMPA. Las madres y los padres que representan a las familias aseguran que no hay una gran alarma en el centro por este motivo porque existen otras obras que se conciben como más “urgentes” como la reforma de un torreón con riesgo de desprendimiento, apañado con una red de seguridad para evitar que se precipiten cascotes.