''He tenido consejeros de Ciudadanos excepcionales, como Marta Rivera de la Cruz. Si tengo la posibilidad volveré a contar con ella''. Y cumplió con su palabra. Isabel Díaz Ayuso (PP) declaró en la radio su lealtad a la consejera de Cultura y Turismo a las pocas horas de fulminarla. La presidenta de la Comunidad de Madrid convocó las elecciones anticipadas, borró del mapa de la región a Ignacio Aguado y se reservó el rescate de Rivera de la Cruz. No iba a traicionar a la enemiga política más leal a su causa, que vio venir el declive de Ciudadanos mucho antes que el resto.
A nadie fuera del PP le ha sorprendido que Díaz Ayuso le entregara de nuevo la cartera que gestiona el 0,07% de los presupuestos de la Comunidad. Desde que Toni Cantó su pusiera la chaqueta azul y apareciera en la porra de las consejerías, ambas intensificaron su vida cultural: se dejaron ver y fotografiar juntas en varios saraos, como la inauguración de una exposición de esculturas de Antonio López, en la Puerta del Sol, o la reapertura del Corral de la Morería, a finales de mayo. En el PP la cosa no ha sentado tan bien. El nutrido banquillo de la cultura en los populares madrileños ya estaba corriendo por la banda, listos para saltar al terreno de juego. Sin embargo, la decisión de Ayuso les ha dejado tan descompuestos como a Toni Cantó, al que la cúpula del partido le quería en las fotos de las mieles culturales, estrenando, inaugurando, presentando bien de actos sin Covid-19.
Los ex compañeros de partido de Rivera de la Cruz –al menos los del Congreso y la Eurocámara– salieron a aplaudir el anuncio en su cuenta de Twitter de que volvía a ponerse a las órdenes de Isabel Díaz Ayuso, en la Consejería de Cultura y Turismo (y ahora, también, Deportes). El eurodiputado Luis Garicano elogió la ''discreción'' y el ''saber estar'' a Rivera de la Cruz, que para ayudar a la presidenta a cumplir con su palabra se dio de baja de los naranjas en mayo para hacerse de los azules, ahora, en junio. ''Nunca me ha gustado irme'', escribió hace tiempo la autora que se aferra a su nueva carrera cuando dejó su despacho en el Congreso de los diputados. Garicano tiene razón en que Marta no ha hecho nada inapropiado contra sus intereses en estos meses de vacilación. Sí le ha dado tiempo a escribir columnas de opinión, como la que publicó en El Progreso sobre el 15M, donde aseguraba que fue una cosa de ''adolescentes pijos'', y que cuando llegó junio, en la Puerta del Sol, empezaron a atufar con ''olor indefinible''.
Los dos años del mandato de Marta Rivera de la Cruz con chaqueta naranja, arrancaron con turbulencias: cesó a Natalia Álvarez Simó al frente de los Teatros del Canal para poner a dedo a Blanca Li, famosa coreógrafa ya antes de participar en La resistencia de Broncano. De la gestión de Li en la unidad escénica más importante de Madrid –y probablemente de España– sabemos que la artista residente en París se programa mucho en su centro, donde los trabajadores ven poco a la directora, cuyo salario asciende a 116.000 euros anuales.
La anterior legislatura ha desvelado las dificultades que tiene Marta Rivera de la Cruz y su equipo –Daniel Martínez Rodríguez, viceconsejero de Cultura y Turismo, y Gonzalo Cabrera Martín, director General de Promoción Cultural– para gestionar la consejería. El acontecimiento más grave sucedió a finales de 2020, momento en el que caducó la licitación de la gestión de los Teatros del Canal y la consejera no tenía los pliegos del concurso por valor de 10 millones de euros al año. En noviembre de 2019 había asegurado en la Asamblea de Madrid que se pondría a trabajar en los trámites y un año después seguían sin publicarse. Finalmente presentó los nuevos pliegos –copiados del borrador que dejó el anterior consejero, Jaime de los Santos (PP)– y el concurso de gestión se ponía en marcha demasiado tarde. Para evitar tener que cerrar los teatros hasta que se resolviera el concurso ha entregado la gestión prorrogada a CLECE –empresa de servicios, propiedad de Florentino Pérez–, que aprovechará los meses de retraso en la adjudicación del nuevo contrato para ampliar sus servicios y sus facturas.
La inacción y la escasez de ayudas a las industrias culturales en pandemia han sido las críticas más habituales al mandato de la antigua presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, donde la escritora se graduó en el oficio de la política durante tres años y medio. Por ejemplo, en estos momentos los productores de festivales de música que andan cerrando el programa de 2022, limpios de Coronavirus, desconocen cuáles son los protocolos a seguir, porque la Consejería sigue sin publicarlos.
El capítulo más difícil para Rivera de la Cruz fue el protagonizado por Jesús Cimarro, en la Asamblea de Madrid. En una comparecencia histórica, el empresario de teatro más importante del país denunció sin ambages la falta de transparencia, empatía y dinero –comparado con el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid– de la consejera y su equipo. ''Ha perdido el partido por goleada'', dijo Cimarro. Aquel día la única persona en la sala que defendió la gestión de Rivera de la Cruz fue el portavoz del PP, Pedro Corral, que también se ha quedado con ganas de Consejería. Aplaudió a la consejera haber hecho todo lo posible para mantener abiertos los teatros de la capital. Al menos, aquellos que pudieron hacerlo con los aforos muy limitados (sobre todo, los públicos).
El sector del libro ha denunciado las mismas carencias y dificultades con ella y con sus escuderos, aunque estuvieron al quite para salvar la Feria del Libro en octubre: inyectaron 300.000 euros a la organización para garantizar las indemnizaciones en caso de anulación. Finalmente, los libreros decidieron que la cita se anularía.
Tampoco impidió el desahucio en la víspera de Nochebuena de la bailarina y coreógrafa Aída Gómez, ex directora del Ballet Nacional de España y Premio Nacional de Danza 2004, de la sala de Pozuelo donde ensayaba y promocionaba danza clásica junto con su compañía, desde 2012. La concejala de cultura de Pozuelo había consensuado con Rivera de la Cruz la decisión de rescindir el contrato de manera unilateral y dejar en la calle a Aída Gómez, pero nadie avisó a la creadora hasta Navidad.
Más centrada en crear un proyecto turístico para la cultura, Marta Rivera de la Cruz ha dejado pasar dos años sin reformar la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que en 2013 aprobó el PP y unos meses más tarde tumbó el Tribunal Constitucional por encontrar ocho de sus artículos inconstitucionales. Desde entonces, el legado histórico y artístico de la región sigue a oscuras. A pesar de que nunca encontró sintonía con los diputados de su propio partido en la Asamblea estos dos años, la legislatura que arranca ahora será más complicada políticamente para ella porque las alianzas tendrá que buscarlas en Vox. El partido de ultraderecha prefería otro consejero como Jaime de los Santos, con quien Rocío Monasterio mantiene una buena relación. Además, todavía está por ver el apoyo que le van a ofrecer los nuevos compañeros de gobierno a la amiga de Isabel Díaz Ayuso.