894 okupaciones en un parque de casi tres millones de viviendas: los datos refutan la alarma de PP y Vox en Madrid

PP y Vox llevan años alentando el miedo a la ocupación de viviendas, sobre todo en Madrid, donde el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha decidido acuñar ahora también el término “inquiokupación” para referirse a lo que toda la vida se ha conocido como “morosidad”, es decir, el impago del alquiler por parte de los inquilinos de un inmueble. Pese a que las leyes contemplan como delito esas situaciones y protegen a los arrendatarios, ambos partidos no paran de inocular ese temor entre la población, que convive con una invasión de cuñas publicitarias en radios y televisiones de empresas que prometen “seguridad” a los propietarios.

Ni la Comunidad de Madrid ni el ayuntamiento ofrecen cifras oficiales sobre esas supuestas okupaciones o “inquiokupaciones” y ante la consulta de elDiario.es remiten la Delegación del Gobierno en Madrid, que a su vez detalla el balance de criminalidad del cuarto trimestre del año 2024 elaborado por el Ministerio de Interior, que apunta a un notable descenso de esas ilegalidades.

Según pudo constatar la Policía Nacional, en 2024 hubo la mitad de ocupaciones de viviendas que en 2023. “El número de ocupaciones lleva dos años cayendo y afecta al 0,057% de las viviendas en España. Son 15.289 inmuebles en 2024 en toda España sobre un parque de 26,6 millones de casas. El fenómeno afecta a 5,7 personas por cada 10.000 habitantes”, sentencia el citado balance que se presentó en febrero.

En la ciudad de Madrid y “las poblaciones más habitadas” de la Comunidad –apunta el informe–, en 2024 se mantenían 894 viviendas ocupadas de un parque de viviendas que supera las 2.800.000. En 2023 la cifra alcanzaba las 1.825. “Cada ocupación representa un drama y dispone de toda la atención del Gobierno de España y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, otra cosa es la exageración para sacar réditos políticos y/o económicos. Como gestores debemos ser rigurosos y en la región ha habido la mitad de ocupaciones que se registraron en 2023”, señaló el delegado del Gobierno, Francisco Martín en la presentación del balance el mes pasado. También pidió “no generar alarma social ni jugar con el miedo de las personas”.

Además, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la tasa de sentencias de desahucios vinculados a incumplimientos de contratos de alquiler por cada 100.000 habitantes ha descendido en Madrid, reduciéndose un 11,3% en el tercer trimestre de 2023 y un 6,3% en el mismo periodo de 2024. 

La extrema derecha es la que más empeño ha puesto en alertar sobre las okupaciones de viviendas vacías con el fin de extender la idea de que si los ciudadanos se ausentan de sus viviendas incluso solo por unas horas al volver pueden encontrarse con la desagradable sorpresa de que hay “okupas” en su casa y teniéndose que quedar en la calle porque “la ley no les ampara”. Además, desde Vox hace tiempo que se lleva señalando a los “inmigrantes ilegales” como principales causantes de las okupaciones, agitando de nuevo la xenofobia contra este colectivo.

En vísperas de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, el portavoz de Vox en el ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, plantó cara a un grupo de okupas que se habían adueñado de una vivienda en la localidad madrileña de Majadahonda y les aseguró a gritos que si lograban gobernar, iría con la Policía Municipal a desalojarles del edificio. Almeida tachó esta y otras actitudes del dirigente de Vox de “matoniles”. “Los problemas no se solucionan con vídeos de machote, esa no es una actitud compatible con el decoro que debe mantener un representante de un grupo municipal”, dijo el regidor madrileño.

También el PP se ha unido a esa campaña. En los últimos meses, es bastante habitual escuchar al propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ofrecer alarmantes cifras –que nunca concreta– referidas a la capital. A principios de año, el Ayuntamiento de Madrid incluso lanzó una campaña de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) acuñando el término “inquiokupación” para dar publicidad al programa ReViVa dirigido a la recuperación de viviendas vacías. En los carteles, marquesinas, paneles luminosos y pantallas distribuidos por toda la ciudad se declaraba la guerra a esas usurpaciones prometiendo “tolerancia cero” contra ellas.

Las razones que dieron entonces desde EMVS a Somos Madrid sobre el uso de ese término fueron precisamente que tenían “constatado que una de las principales causas por la que muchos madrileños prefieren tener una vivienda vacía sin alquilar es porque les da miedo la indefensión y la inseguridad jurídica que genera la legislación vigente que protege a los inquilinos que no pagan”. La apreciación no es correcta porque aunque el proceso puede resultar largo al final los tribunales suelen condenar a los morosos al pago de las rentas atrasadas, con intereses y, en ocasiones, hasta a indemnizar a la víctima.

También Ayuso se ha unido esa campaña del miedo a las “okupaciones”. El pasado mes de febrero aprovechó un acto sobre el Plan Vive para arremeter también contra las feministas –a las que se refirió como “las de las pancartas de género”–, a las que recriminó que se olviden de “las mujeres que están solas porque son viudas o no tienen hijos y les ocupan sus viviendas”.

La sobredimensionada preocupación por estos casos por parte de la derecha y la ultraderecha no cesa y se prolonga desde hace años. En octubre de 2019 ya llevó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento de Madrid a constituir la llamada “Mesa de la Vivienda y la Okupación”, que mantuvo una primera reunión sobre el asunto con la fiscal provincial y la juez decana de Madrid, tras la cual se les remitió a los alcaldes de la comunidad un protocolo de actuación.

Poco después, el ayuntamiento de la capital impulsó a finales de 2021 la primera oficina antiokupación, dependiente del Área de Coordinación Territorial con el apoyo del Área de Seguridad, comprometiéndose también a trazar “un mapa de puntos calientes” y a ofrecer “información sobre los procedimientos para defenderse de la usurpación”. El ayuntamiento no ha ofrecido a esta redacción datos de su trabajo a lo largo de estos años.

También la Comunidad de Madrid puso en marcha la página web CECOM-112 OCUPACIÓN, una plataforma implantada en el Centro de Coordinación Municipal en la que se ofrece un teléfono gratuito de ayuda y asesoramiento jurídico a los ciudadanos de la región afectados por casos “de usurpación de viviendas o víctimas de un allanamiento de morada”. La plataforma advierte de que “la ocupación no consentida de viviendas constituye un delito penal”, explicando que hay dos procedimientos para revertir el problema: la vía civil en el que desde la interposición de la demanda hasta el lanzamiento de la vivienda puede pasar un año; o la vía penal que puede alargarse hasta un año y medio.

Ese mismo mes Ayuso lamentaba en una sesión de control al Gobierno que “lo que la izquierda llama bulos tiene cara, ojos y una vida detrás”, relatando varios casos que les habían llegado, entre ellos el mismo que contó durante el acto del Plan Vive: el de una mujer de 82 años y su marido, de Fuenlabrada, que sufrieron una “inquiokupación” en un piso de su propiedad por parte de los inquilinos, que dejaron de abonar las mensualidades, lo que provocó, según narró Ayuso, que el hombre sufriera un gran estrés y “acabara falleciendo”.

En una entrevista en la Cadena Ser realizada en mayo de 2023, la presidenta regional afirmó que la ocupación “se había multiplicado por toda España” y que a través de los canales abiertos en la región les había “llegado” en “muchas ocasiones” casos de señoras que se iban de vacaciones o al pueblo y que, cuando volvían, les habían “quitado” la casa.

Precisamente, esta semana el Congreso debatía y aprobaba la tramitación de una ley antiocupación promovida por Junts, socios del Gobierno de Sánchez, que persigue agilizar los desahucios y desalojar 'okupas' en un plazo de 48 horas. Lo que llamó más la atención fue que la propuesta contara con el apoyo de PP, Vox, PNV y también del PSOE, pese a que los socialistas siempre se han mostrado muy críticos con el discurso de las derechas en este asunto.

Para justificar su decisión, el portavoz de este grupo, Pedro Hita, adelantó en su intervención que el marco jurídico “es susceptible de mejora” y anunció que añadirán enmiendas al texto de los independentistas porque sostienen que “los datos no corroboran” la situación de alarma que los de Puigdemont también denuncian. Hita recordó que tanto el delito de allanamiento de morada como el de usurpación de vivienda ya están castigados por el Código Penal y conllevan penas de hasta cuatro y dos años de cárcel respectivamente.