La actual Consejería de Educación de Madrid, dirigida por Emilio Viciana, ha abierto auditorías económicas por casos como los publicados por elDiario.es referidos a las obras en centros de Formación Profesional que se hicieron sin sacar a concurso, a dedo, y con facturas troceadas entre los años 2021 y 2023. Entonces el consejero del ramo era Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid, y estaba de viceconsejera Rocío Albert, hoy consejera de Economía y Hacienda con Isabel Díaz Ayuso.
El director general de Recursos Humanos de Educación, Miguel José Zurita, ha contestado en la Comisión de Educación a preguntas de la diputada de Más Madrid Beatriz Borrás y ha defendido que la Consejería actual ha hecho lo que debía, después de que Borrás le recordara que entre reformas y centros de nueva construcción son ya más de cinco millones de euros que se han gastado sin ningún control y contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público. Aunque ha dicho en la sede parlamentaria que su Consejería había llevado los ocho casos publicados por elDiario.es a la Fiscalía, fuentes de Educación han precisado a después que ha sido un error y que de momento solo se han elevado dos, aunque se han iniciado auditorías internas de muchos otros.
Para hacer una obra de más de 40.000 euros, la administración debe hacer una licitación para que haya competencia en las oferta, de manera que se conforme también una mesa de contratación independiente que elige la propuesta más conveniente, técnica y económicamente. Luego hay controles y fiscalización de la Intervención de la Comunidad. Nada de eso pasó en, al menos, ocho obras, para las que se utilizó la fórmula del contrato menor, que no tiene prácticamente controles económicos ni financieros. Ni siquiera se pueden encontrar los contratos en el Portal de la Contratación.
Ocho obras ilegales
“A mí me llega el primer expediente en enero, se hace incoación, en marzo tengo respuesta de instructor y se manda a Fiscalía inmediatamente”. Zurita se refiere al primer caso conocido y publicado por elDiario.es, el de la construcción de un centro sanitario de FP presupuestado en 2,5 millones de euros en el macrocomplejo de Ciudad Escolar. Tal y como publicó este medio, las quejas y burofaxes insistentes del constructor a quien se encargó a dedo en 2021 el proyecto alertaron de esta obra sin expediente, sin controles económicos y que incumplía todos los procesos administrativos. La Consejería apuntó entonces a dos directores de instituto (pese a que es una figura que no tiene capacidad de decisión de gasto) y cesó al subdirector de FP, Alfonso Mateos.
Después de enviar ese caso a Fiscalía, elDiario.es ha publicado otros siete –entre ellos, numerosas reformas que excedieron los 40.000 euros, una escuela de arte en Alcalá por la que se pagó 1,2 millones o el centro de referencia de FP a distancia promocionado por la presidenta de la Comunidad de Madrid–. Expertos consultados apuntan a que estas actuaciones estarían en el entorno del delito de prevaricación: “Soy testigo porque los mandé yo, amplié las actuaciones. La Consejería no ha ocultado nada, ha sido productiva. Ahora está en manos de la Justicia”, ha respondido a Borrás.
Aunque el radio de responsabilidad se ha puesto desde Educación en el subdirector cesado y los directores de instituto, elDiario.es ya publicó que había responsables políticos de mayor rango que estaban al tanto, como el director del Área Territorial Este. También en Infraestructuras conocían que había obras de gran envergadura en Alcalá de Henares que no habían sido licitadas. Además, hay centros que construyeron así en las direcciones territoriales este, oeste, capital y sur, incluso una de las obras no era de FP, sino de Formación de Profesorado, que pertenece a otro departamento distinto al del subdirector cesado. Todas las fuentes conocedoras del caso y del funcionamiento de la Consejería consultadas coinciden en que la responsabilidad del dinero que se invertía y la decisión de quién lo gastaba, dónde y cómo excede de las competencias de un subdirector y de los directores de centro, que son profesores con cargo.
El PSOE de Madrid también ha denunciado el caso desvelado por elDiario.es y Más Madrid pidió en julio la comparecencia de Viciana, que no se produjo porque la bloqueó el PP, que tiene mayoría en la Cámara. Este miércoles en la comisión de Hacienda, el partido liderado por Manuela Bergerot volverá a preguntar por los contratos y pedirá que la Cámara de Cuentas, presidida ahora por Joaquín Leguina a instancias de Díaz Ayuso, fiscalice los centros afectados.