Los vetos del PP ponen en peligro el consenso entre los partidos sobre los consejeros de Telemadrid

El primer gran consenso alcanzado sobre Telemadrid, tras años de enfrentamientos políticos a costa de la televisión pública madrileña, está a punto de romperse. Hace unas semanas, los partidos acordaban proponer una lista conjunta para ocupar los cuatro sitios del Consejo de Administración que corresponde cubrir a la Asamblea de Madrid. El rechazo del PP a los nombres propuestos por PSOE y Podemos, y la exclusión de UGT con ayuda de Ciudadanos amenaza con dejar el acuerdo en una simple anécdota en la convulsa historia del ente público.

La ley que reformaba Telemadrid para “despolitizarla” -y en la práctica, impedir que PSOE y Podemos se hiciese con su control- desembocó en un duro enfrentamiento político, que pareció apaciguarse cuando lo cuatros partidos con representación autonómica acordaron presentar una lista conjunta con cuatro candidatos para ocupar el órgano rector de la televisión. Aunque con la apariencia de una lista sin influencia política, lo cierto es que cada formación propuso un nombre.

Esa lista, que cubría cuatro de los nueve sillones del Consejo, debía aprobarse por asentimiento en la Comisión de Control de Telemadrid y sus integrantes se someterían a un examen parlamentario para exponer su proyecto y enfrentarse a las preguntas de los grupos. Sin embargo, el PP no ha esperado a ese trámite, se descolgó del resto de grupos durante la votación y ha anunciado un rechazo previo a los candidatos de PSOE y Podemos. La decisión ha descolocado a la oposición.

“Vamos de sorpresa en sorpresa”, exclama la portavoz socialista Isaura Leal en conversación con eldiario.es. Su formación no entiende que se presente “una lista conjunta amparada basada en un consenso” y firmada por los cuatro portavoces parlamentarios, y luego el PP anuncie un veto contra dos de los nombres sobre los que antes no habían ofrecido reparos: “Hay una contradicción evidente”.

Leal se ha mostrado muy sorprendida con la oposición del PP contra la candidata propuesta por el PSOE, Carmen Caffarel, que fue presidenta de la corporación de RTVE bajo el gobierno del PSOE. Excluirla por ese motivo -como ha argumentado el PP- significaría que habría que apartar de la vida pública “a los miles de personas” que vienen prestando servicios a nivel estatal o autonómico “en puestos de responsabilidad en gobiernos de cualquier color político”.

“Nos ha sorprendido, más aún cuando no era el momento”. La diputada de Podemos Jazmín Beirak no entiende que el PP anuncie ya su oposición a dos nombres de la lista cuando estos no han comparecido aún para explicar sus proyectos ni su visión sobre el papel que debe jugar la televisión madrileña.

En su opinión, la lista es está “avalada por todos los grupos dentro del consenso” y añade que los vetos previos de los populares llevan implícito “una falta de respeto”, porque suponen dudar de la profesionalidad de los candidatos. En el caso del nombre propuesto por su grupo, Mae Lozano, cree que hay también “un rencor soterrado” contra ella, que trabajó en Telemadrid y fue despedida en el ERE que después anuló la justicia.

A la sorpresa compartida con los otros dos grupos de la oposición, Ciudadanos añade el temor a que el veto del PP rompa el consenso y retrase la elección de los consejeros, que necesita, con la nueva ley, una mayoría de dos tercios. “Se abre una grieta” entre los partidos, reconoce el diputado de la formación naranja Ricardo Megías.

Megías pide que esperar a las comparecencias para expresar las reticencias que se tengan sobre los candidatos, y señala que su grupo se reserva la opción de pronunciarse contra un candidato si comprueban que incumple algo requisito para ocupar un asiento en el órgano de gobierno de de la televisión pública madrileña.

Desde el PP, su portavoz en la Comisión de Telemadrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende que avalaron una lista conjunta sin mirar los nombres para que ningún periodistas estuviese “estigmatizado” por haber sido propuesto por un partido, aunque a la postre así ha sido.

Afirma que Caffarel ocupó “un cargo político con el PSOE”, y que sería lo mismo que si los populares proponen a Alfredo Urdaci. De Mae Lozano asegura que ha recibido numerosas críticas de los que fueron sus compañeros en Telemadrid, de aquellos que no fueron incluidos en el ERE. Esos dos nombres han provocado que el PP esté “obligado” a vetarlos, dice.

“Estamos deseando que esto salga adelante cuanto antes”, afirma ante la posibilidad de que se retrase la elección por falta de consenso. “No se trata de que pongan a quien nosotros queremos, se trata de que lo pongan fácil”, afirma Díaz, consciente del enfado que ha provocado la posición de su partido en el resto de grupos.

UGT, fuera del Consejo de Administración

Los cinco puestos restantes a cubrir en el Consejo los ocuparán los candidatos que propongan asociaciones y organizaciones sociales. También en este punto ha habido polémica. PP y Ciudadanos votaron juntos para excluir al sindicato UGT del Consejo, impidiendo que proponga un candidato para dicho órgano a pesar de reunir los requisitos y haber presentado la solicitud en tiempo y forma.

Tanto PSOE como Podemos ha criticado la decisión. Beirak asegura que obedece a que al PP  “no le gustan mucho” los sindicatos y denuncia que se ha excluido al sindicato con criterios “poco transparentes”. Se le ha excluido “sin motivación” añade Leal, quien cree que UGT ganará el recurso que ha interpuesto en los tribunales contra la decisión, aunque puede que para entonces sea demasiado tarde, añade.

Ciudadanos arguye que no se ha excluido a nadie, sino que se ha votado para incluir a las organizaciones con más representación. El sindicato está presente en otros estamentos de Telemadrid, dice Megías, y no tiene sentido situarlo en un Consejo de Administración al que se está restando influencia política. Además, señala que los escándalos de corrupción que han salpicado a UGT en Andalucía pesan en la decisión de apartarles.

En la misma línea se expresa Díaz Ayuso, aunque en su caso añade que el PP entiende que la ley no permite sentarse en el Consejo ni a políticos ni a sindicalistas. Aunque ese texto permite que propongan un candidato “las organizaciones sociales”, la diputada asegura que en varios puntos se impide que en ese grupo se englobe a los sindicatos.