Verdades y mentiras sobre la causa contra el fiscal general del Estado
La causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez era la última bala para derribarlo. Su dimisión habría sido un golpe durísimo a la institución y al Gobierno, que en las últimas horas ha hecho una defensa cerrada de su actuación.
Con García Ortiz fuera, quizá en unos meses el archivo de la causa habría ocupado un lugar pequeño en los medios, ya centrados en cualquier otro asunto. ¿Ha quedado en nada el asunto que afectó al que era fiscal general? Que lo cuente en el apartado de breves el presentador con unas imágenes de fondo.
Pero García Ortiz ha rechazado dimitir y eso cambia el escenario. En la cima de la carrera hay un fiscal general en ejercicio con una investigación abierta en el Supremo por primera vez en la historia. Su decisión de continuar ha provocado una furibunda reacción en algunos políticos, compañeros de carrera y medios, que contaban ya con que esa imputación (que formalmente todavía no es tal) les permitiese colgar la cabeza del fiscal general en la pared de los trofeos de caza.
El ruido, la complejidad del caso y los bulos que lanzan algunos de los implicados hacen que sea difícil aclararse sobre qué ha pasado, qué se investiga realmente y por qué. Aquí va una recopilación de verdades y mentiras que rodean a este caso, que amenaza con alargarse en el Supremo. El relato se divide en tres partes: el bulo, la causa y el ruido.
Parte 1: El bulo de Miguel Ángel Rodríguez
¿En qué consistía el bulo que origina esta causa?
elDiario.es publicó en exclusiva el 12 de marzo que el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de 350.951 euros. No pagó a Hacienda por los beneficios extra que había conseguido haciendo de intermediario en la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia que le reportó dos millones de euros en comisiones.
Para intentar añadir ruido a la historia y hacer pasar esa investigación penal por una persecución política contra Ayuso, su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, esparció el 13 de marzo el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para no llegar a juicio que luego había retirado “por órdenes de arriba”.
¿Ofreció un pacto la Fiscalía? ¿Lo retiró después?
No, ambas afirmaciones son falsas: la Fiscalía no ofreció un pacto que luego retiró. Fue el propio González Amador el que propuso (a través de sus abogados) llegar a un acuerdo al fiscal del caso el 2 de febrero. El objetivo era que la causa no llegara a juicio y evitar la repercusión mediática.
El fiscal del caso, Julián Salto, contestó el 12 de febrero: escribió al abogado que tomaba nota “de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”.
El 12 de marzo, tras el estallido del caso, el fiscal envió otro correo al abogado de González Amador en el que adjunta la denuncia de la Fiscalía y le reitera, como ya había hecho un mes antes, que la existencia de otras personas imputadas no era un problema para que se pudiese alcanzar un acuerdo.
¿Quién publicó el bulo?
El 13 de marzo, pasadas las nueve de la noche, el periódico El Mundo publica: ‘La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales’. El subtítulo afirmaba: “Lanzó su propuesta a Alberto González Amador apenas dos horas después de que estallara el caso”.
Ninguna de esas dos afirmaciones es cierta: el pacto no partía de la Fiscalía, sino del investigado, y no se lanzó dos horas después del estallido del caso. El fiscal había contestado al email de los abogados de González Amador un mes antes, el 12 de febrero. El 12 de marzo se limitó a enviar la denuncia para su conocimiento y a reiterar su disposición al pacto ofrecido.
Aquí puede leerse la versión original de la noticia, que luego ha sido modificada en numerosas ocasiones. El texto reproduce frases completas del email de Julián Salto.
¿Fue El Mundo el único medio que difundió el bulo?
No. Otros como Libertad Digital, El Debate o Vozpópuli publicaron aquella noche el bulo y añadieron la coletilla de que el pacto se había frenado por “órdenes de arriba”. A pesar de que esa noticia se ha demostrado falsa, las informaciones siguen publicadas y sin rectificar.
¿Por qué sabemos que fue Miguel Ángel Rodríguez quien difundió el bulo?
El jefe de Gabinete de Ayuso adquirió en esas semanas, en las que dedicó sus esfuerzos a la defensa de la pareja de la presidenta, el hábito de difundir mensajes de WhatsApp a periodistas ya entrada la noche. El 13 de marzo escribió uno en el que copiaba el texto del email del fiscal Julián Salto, omitiendo que era la contestación a la oferta de pacto. elDiario.es ha tenido acceso a su contenido. En él añadía que la Fiscalía había retirado el pacto por “órdenes de arriba”. “Todo sucio”, remataba. Los medios que habitualmente reproducen las informaciones de Rodríguez sin contrastar publicaron el contenido del mensaje atribuyéndolo a “fuentes de la defensa” de Alberto González.
¿Cuándo se supo que eso era mentira?
Esa misma noche la Cadena Ser primero y elDiario.es después publicaron que había sido el abogado de Alberto González Amador quien había ofrecido el pacto con un email en el que se declaraba culpable: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.
A la mañana siguiente, la Fiscalía emitió una nota de prensa en la que relataba el intercambio de comunicaciones con la defensa del empresario y afirmaba: “El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024”.
Parte 2: La causa contra el fiscal general
¿Cuándo empezó la causa?
Se ha difundido en algunos artículos y tertulias la idea de que la causa empezó este miércoles con el auto del Tribunal Supremo. Es falso.
Tres semanas después de la publicación del bulo y su desmentido, el 3 de abril, se publicó que Alberto González Amador iba a presentar una querella contra la Fiscalía por revelación de secretos. Antes, el 18 de marzo, el Colegio de Abogados de Madrid había interpuesto ya una por considerar que el comunicado suponía “una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados”.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió las querellas el 7 de mayo y abrió una investigación. Es decir: la causa lleva abierta cinco meses.
¿Y qué se ha investigado durante este tiempo?
La investigación se ha centrado en conocer quién era el responsable de la publicación de la nota de prensa. Por ejemplo, declaró la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que dijo que fue el fiscal general quien le dio la orden de enviar esa nota de prensa a través de un mensaje de WhatsApp. El propio García Ortiz ha asumido en varias ocasiones la responsabilidad última sobre la nota.
¿Se investigaban los correos filtrados?
Aunque en algunos autos se mencionasen esos correos, lo cierto es que el grueso de la investigación se centró en la nota de prensa del desmentido.
Cuando el TSJM concluyó que no podía continuar la investigación sin tomar declaración al fiscal general del Estado envió al Supremo la causa. Lo hizo mediante una exposición razonada, un documento que incluye las principales conclusiones de la investigación y trata de convencer al alto tribunal para seguir adelante con ella. En ese documento de nueve páginas solo se menciona una vez, y de pasada, la filtración de los correos.
La exposición razonada versa únicamente sobre la nota de prensa, que el TSJM considera que supuso “la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros”.
Entonces, ¿el Supremo investiga la publicación de la nota?
Pues no. Y este es uno de los puntos clave del caso: el Supremo ha dado la vuelta a la investigación. El auto dice que la nota no contenía “información indebidamente revelada ante el conocimiento público de los hechos”, pero pone el foco ahora en que los correos entre el fiscal y la defensa de Alberto González “fueron revelados” mientras estaban en poder del fiscal general y la fiscal jefa provincial –también investigada en esta causa–.
Un dato: la exposición razonada del TSJM no menciona ninguna vez a los medios que publicaron el correo, pero el auto del Supremo lo hace hasta en seis ocasiones.
¿Solo tenían esos correos el fiscal general y la fiscal jefa provincial?
No. El abogado de González Amador envió esa confesión a un correo genérico al que tenían acceso 18 personas: desde el fiscal del caso hasta otros 13 fiscales de delitos económicos y cuatro funcionarios.
¿Y ahora qué va a pasar con la investigación?
El Supremo ha encargado las pesquisas a Ángel Hurtado, el magistrado que se opuso a que Mariano Rajoy testificara en el juicio de Gürtel y también a que el PP fuera condenado como partícipe a título lucrativo. El Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado y una mayoría conservadora que venía de los tiempos de Rajoy lo ascendió después de aquello al Tribunal Supremo. Él tendrá que decidir cuáles son los siguientes pasos de la investigación.
Parte 3: El ruido
¿El fiscal general ha reconocido que es responsable de la filtración de los correos?
Es una confusión en la que han caído muchas personas en las últimas horas. No, el fiscal general no se ha hecho responsable de la filtración. Lo que hizo fue asumir la “responsabilidad última” de la publicación de la nota de prensa.
Además, varios medios han publicado los mensajes que García Ortiz intercambió con el resto de fiscales horas antes de la publicación del comunicado. En ellos, el fiscal general del Estado apremia a primera hora del 13 de marzo a sus compañeros para que saquen el texto: “Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo”.
El relato al que se refiere es la acusación de Miguel Ángel Rodríguez y algunos medios afines que culpaban a la Fiscalía de obstruir un acuerdo con la pareja de Ayuso para estirar el caso y desgastar al PP.
Sobre los correos, García Ortiz ha negado que él o su equipo fueran responsables de la filtración: “El fiscal general del Estado no se dedica a filtrar unos correos por la noche”, dijo en una entrevista en TVE este miércoles.
¿Qué pruebas concretas hay contra él?
Si la acusación fuera por publicar la nota, su propia confesión. Pero como la causa ha cambiado a la filtración de los correos, el escenario es otro. Solo hay indicios circunstanciales: que los correos acabaron en los medios cuanto estaban en su poder.
No hay más pruebas. No consta en la investigación indicio alguno que apunte a que fue Álvaro García Ortiz, y no alguna de las 18 personas con acceso al email, quien filtró ese correo.
¿Está imputado?
No exactamente. El Supremo por ahora solo se ha declarado competente para investigar a García Ortiz y ha abierto una causa, pero no le ha citado para declarar como investigado.
¿Era la primera vez que la Fiscalía desmentía una información falsa?
Pues no. Lo ha hecho en muchas ocasiones. Hay ejemplos de comunicados en la web de la Fiscalía, como este de 2022, cuando ABC publicó que el fiscal general del Estado se había reunido con el banquero que impulsó la investigación contra Mariano Rajoy en Andorra. Nunca existió tal reunión. Hay más ejemplos.
El desmentido de noticias falsas es algo habitual y no siempre por los mismos cauces. Durante años, un fiscal de la Audiencia Nacional mantuvo un grupo de WhatsApp con más de 60 periodistas en el que aclaraba informaciones y desmentía otras respecto a los casos de ese tribunal.
¿Es habitual que haya filtraciones en este tipo de causas?
Absolutamente habitual. Los medios publican todo tipo de detalles sobre las investigaciones: escritos judiciales, peticiones de los abogados o declaraciones de imputados y testigos. Y nadie se salva: recientemente se ha filtrado el audio de la declaración como testigo del presidente del Gobierno en Moncloa ante el juez Juan Carlos Peinado.
¿Pero hay precedentes de la filtración de emails de fiscales?
Sí, hay un caso reciente. Un medio publicó hace meses los correos que se intercambiaron el fiscal encargado de la investigación del asesinato de Miguel Ángel Blanco en la Audiencia Nacional y un superior.
En esos correos el superior ordenaba al fiscal pedir el archivo del caso porque estaba prescrito y este se revolvía. Ese medio presentó el intercambio de correos como una supuesta muestra de las presiones de la Fiscalía General del Estado para archivar la causa de los etarras. Lo cierto es que la Audiencia Nacional avaló esa tesis y ha reiterado en muchas ocasiones que el asesinato del concejal del PP en 1997 ha prescrito.
El medio que publicó aquellos emails es El Mundo, el mismo que estos meses ha alentado la investigación contra el fiscal general por la nota que les desmentía.
¿Y aquella filtración de correos se investigó?
Sí, conocemos los detalles de aquella investigación porque también se filtró a El Mundo. La Fiscalía abrió una investigación penal y otra disciplinaria por la filtración de los correos entre dos fiscales. Se acabó archivando todo sin llevarlo ante un tribunal por falta de pruebas y porque la publicación del contenido de los emails no había generado un perjuicio “penalmente relevante” a la causa.
Y en el caso de Alberto González, ¿ha habido perjuicio?
No. La Fiscalía se ha mantenido durante todo este tiempo en la misma posición, dispuesta al pacto. Había un preacuerdo alcanzado, también con la Abogacía del Estado, que no se ha firmado aún porque PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, percibieron un perjuicio causado por el investigado mayor del que aprecian la Fiscalía y la Abogacía del Estado y pidieron ampliar la investigación.
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