Tramitadas de urgencia y aparcadas durante meses: el cajón de las leyes se atasca en el Congreso

Aunque la actividad parlamentaria ha tomado algo de ritmo en las últimas semanas, las dificultades que sufre el Gobierno para articular una mayoría estable son visibles. En estos meses, PSOE y Sumar han sufrido algunas derrotas significativas en el Congreso, pero además la coalición progresista está teniendo problemas para avanzar en un puñado de iniciativas legislativas que tramitó con carácter de urgencia y sin embargo siguen en plazo de enmiendas desde hace semanas, algunas incluso varios meses. 

El listado de iniciativas en plazo de enmiendas que maneja el Congreso es elocuente. Hay 13 proyectos de ley que el Gobierno pidió tramitar por el procedimiento de urgencia y que siguen atascados desde que se inició su camino parlamentario. La Mesa aprueba cada semana la ampliación de los plazos de enmiendas para que las leyes no decaigan automáticamente. Y algunos de esos textos llevan inmóviles desde marzo. 

El procedimiento de urgencia es una prerrogativa que habilita el reglamento del Congreso para que los plazos se acorten a la mitad de lo estipulado. Lo regulan los artículos 93 y 94 de ese texto: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 del presente Reglamento, los plazos tendrán una duración de la mitad de los establecidos con carácter ordinario”.

La técnica es habitual. El Gobierno durante la legislatura pasada aprovechó este procedimiento en casi la mitad de las leyes que mandó a la Cámara Baja, aunque tampoco evitó que muchas de ellas quedaran en el limbo parlamentario durante años incluso, como la ley de start ups o la conocida como Ley Rhodes.

En esta legislatura, el Gobierno está teniendo dificultades para sacar adelante sus proyectos de ley. De momento, ha conseguido la aprobación definitiva de cuatro textos. La ley de paridad, la de enseñanzas artísticas, otra para la creación de una autoridad independiente de investigación de accidentes y finalmente la ley de antecedentes penales que provocó un embrollo político en las últimas semanas. Hace unas semanas el PP planteó una cuestión de competencias ante el Constitucional al respecto. 

Mientras tanto hay algunos proyectos de ley que esperan avances desde marzo. Por ejemplo, la Ley de Familias y el texto que regula los servicios de atención al cliente o la ley para crear una oficina de derechos de autor. Son, además, iniciativas que el Gobierno aprobó en la pasada legislatura pero decayeron con la disolución de las Cortes tras el adelanto electoral. Hasta hace poco figuraban en esta lista algunas también recuperadas del anterior periodo que han comenzado a debatirse en comisión, como la de movilidad sostenible.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el mes pasado, en una comparecencia ante la Cámara Baja, que aprobarían próximamente una nueva ley de familias. “Vamos a aprobar una nueva ley de familias que ampliará los derechos de las familias monoparentales, numerosas, con migrantes o con algún miembro con discapacidad”, dijo. 

Se refería sin embargo al mismo texto que lleva en el Congreso desde el 18 de marzo. Desde entonces se han sucedido hasta 24 ampliaciones del plazo de enmiendas ante las quejas reiteradas de Sumar. El texto que salió del Consejo de Ministros a comienzos de año recuperaba la iniciativa que aprobó el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra durante la legislatura pasada y ya entonces se activó el mecanismo de urgencia. Más de año y medio después, con cambio de Gobierno mediante, el texto sigue esperando que se active su tramitación. 

Esta ley explica algunas de las razones que llevan a la mayoría progresista de la mesa a retener en el cajón muchas iniciativas: la falta de consenso para que salgan adelante. A veces, las discrepancias se dan incluso en el seno del Gobierno a pesar de que la ley cuente con el visto bueno del Consejo de Ministros. 

En este caso, Sumar aceptó que el texto saliese del Gobierno con algunos déficits que prometió solucionar en el trámite parlamentario. La idea que maneja el Ministerio de Pablo Bustinduy es enmendar su propio proyecto para incluir los permisos de nacimiento de 20 semanas y la retribución de al menos cuatro de las ocho semanas de los permisos por cuidado parental que ya están en vigor. 

Esta negociación está vinculada a la de los Presupuestos Generales del Estado. Sumar ha incluido la mejora de estos permisos dentro de sus propuestas para las cuentas públicas para 2025 que el Gobierno trata de sacar en conversaciones a múltiples bandas, con Junts como el principal obstáculo. Es probable, así, que si se desbloquean las cuentas también lo haga finalmente esta ley. Aunque todo depende de que el PSOE se abra a incluir la remuneración de los permisos o los de Yolanda Díaz cedan en un punto que consideran irrenunciable. 

Algo similar ocurre con la Ley de Movilidad Sostenible, que también decayó durante la legislatura pasada y que el Ministerio de Transportes, que ahora dirige Óscar Puente, recuperó a principios de año. El Congreso aceptó tramitarla el 4 de marzo y hasta hace poco permanecía en plazo de enmiendas.

Durante el debate de totalidad, que el Gobierno consiguió salvar a duras penas, varios de los socios parlamentarios plantearon sus objeciones al texto tal y como está ahora, entre ellos Sumar, que criticó que el proyecto no incluya cuestiones como la obligación de alcanzar la neutralidad climática en el sector antes de 2050. La ley ya contó con el rechazo a buena parte de su contenido por parte de Unidas Podemos durante la legislatura pasada. 

Y así ocurre con otras tantas, como la Ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud, desde mediados de junio en plazo de enmiendas; la ley de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor; la ley para establecer un impuesto especial a las multinacionales, que entró a finales de junio; o desde septiembre la ley para prohibir los desahucios a colectivos vulnerables, un decreto que el Gobierno se comprometió a tramitar como ley y que lleva parado desde septiembre; una ley sobre gases invernadero y otra sobre el Cine y la Cultura Audiovisual, que entraron el 10 de septiembre o la ley de función pública que entró a finales de ese mes. 

Fuentes parlamentarias señalan en cualquier caso que esta situación no es nueva. Durante la legislatura pasada muchas leyes fueron tramitadas de urgencia pero quedaron durante meses e incluso años en un limbo hasta que decayeron o lograron desbloquearse. A diferencia del Senado, el reglamento del Congreso no tiene reglado un límite máximo en el plazo de enmiendas para las leyes que se tramitan de urgencia. 

La técnica habitual es que muchos proyectos de ley se tramiten con este procedimiento como un mecanismo casi automático y que permanezcan en el letargo de las enmiendas hasta que haya un acuerdo político que permita activarlas en las comisiones pertinentes. 

Es lo que ha ocurrido recientemente con la ley de la ELA, que ha dormido en el Congreso durante años y que finalmente se pudo aprobar este mes al llegar todos los grupos a un acuerdo para desbloquearla.