Las trabajadoras de los centros públicos de acogida para las víctimas de violencia de género que huyen de su casa han dicho basta al Gobierno de Cristina Cifuentes. Aseguran que con los recursos que tienen “no es posible garantizar la atención a las mujeres”. Estos centros, el primer lugar al que acuden las víctimas y sus hijos para protegerse, están gestionados por empresas que han decidido abandonar el barco y no optar a una posible renovación por el bajo presupuesto.
Así que la Consejería de Políticas Sociales se ha encontrado con que no tiene quien gestione tres de estos recursos esenciales: una casa de acogida, un centro de emergencia y un centro de día con un total de 633 plazas. Fuentes de esta cartera confirman que se harán unos pliegos nuevos “en la mayor brevedad posible” y aseguran que “está garantizada la atención”. “Es una prioridad absoluta la atención a las víctimas y por eso el Gobierno ha incrementado un millón de euros el presupuesto para 2018”, justifican las mismas fuentes.
La raíz de esta situación se encuentra en el año 2013, cuando el Gobierno de Ignacio González cambió los pliegos de condiciones para gestionar estos servicios y estableció un criterio único: el económico. Se eliminó el precio fijo por plaza y, en su lugar, la mejor oferta (la más baja) se llevaba la adjudicación.
En diciembre el Ejecutivo de Cristina Cifuentes sacó a concurso cinco de los nueve centros de este tipo que hay en la Comunidad de Madrid: uno de día, dos de acogida y dos de emergencia, que atienden en total a casi 700 mujeres. En todos mejoró entre un 3 y un 5% el presupuesto, pero ha prevalecido el precio sobre cualquier otro criterio en una proporción del 70 o 75%. Además, se han reducido las jornadas de las trabajadoras sociales y de las psicólogas (de 20 a 6 horas, en algunos casos) y se han eliminado figuras como las responsables de cocina o de administración.
“Nosotras, las educadoras sociales, somos el primer referente de las víctimas, y con estos pliegos estamos abocadas a hacer de todo menos la intervención educativa, que es la herramienta para que las mujeres se empoderen y puedan volver a empezar”, explica Ángeles, trabajadora de uno de los centros de acogida. Las profesionales denuncian que solo hay una educadora social por turno para atender a entre 18 y 20 mujeres y sus hijos, lo que las “aboca al asistencialismo”. “En nuestro centro, la psicóloga venía 20 horas a la semana y ahora la tendremos 6. Que nos expliquen cómo va a atender a todas nuestras mujeres”, añade la misma trabajadora.
Las trabajadoras movilizadas piden que se vuelvan a estudiar los pliegos “y que se haga un pacto para que en estos casos no se pueda priorizar la bajada económica”. “Aquí importa el proyecto, no somos una fábrica que trabaja con coches. Estamos trabajando con víctimas de violencia de género que están en una situación muy difícil”, dice Elena, presidenta del comité de empresa de Intress, una de las gestoras que ha decidido no volver a presentarse a los concursos. Aunque ya no existe el precio fijo por plaza, según cálculos con los pliegos de 2017 en la mano, quedaría en menos de 30 euros, frente a los 40 de 2008.
Según las profesionales, las concesionarias han tenido que poner recursos extra porque, con los que permite el presupuesto de la Comunidad de Madrid, no es viable atender a las mujeres. “Hay una ley que dice: denuncie usted y será protegida. Y cuando las víctimas lo hacen y entran en los recursos, toman conciencia de que lo que pasa no tiene que ver con lo que les han contado. Aquí tardan uno o dos meses en darles cita para atención terapéutica fuera del centro”, denuncia Ángeles, que lleva desde 2007 trabajando en centros de emergencia y acogida.
Precariedad laboral
La precariedad laboral es también un problema para las profesionales de estos recursos, con formación amplia y en género. “No llegamos a los 1.000 euros mensuales y eso también nos preocupa. Tenemos compañeras que están haciendo jornadas de 16 horas porque, si una falta, se queda la que estaba doblando turno”, añade la educadora social.
El presupuesto dedicado a la gestión de estos centros ha aumentado en un millón de euros en los presupuestos de 2018, una subida que, según las trabajadoras, no compensa todavía el tijeretazo de los años anteriores. Un informe de CCOO subraya que la dotación para mantenimiento y conservación de estos centros pasó de 500.000 euros en 2009 a 62.000 en 2016.
Hoy, la Comunidad de Madrid atiende a las víctimas de violencia machista con la mitad de presupuesto que en 2008. Ese año destinó 44,8 millones de euros a acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad, una cantidad que fue cayendo en picado hasta 2014, cuando empezó a recuperarse a razón de un millón por año.
El resultado es que en 2017 la partida no llega a los 22,6 millones de euros, según datos extraídos del último informe de CCOO sobre violencia machista en la región. El exiguo presupuesto, además, no se ejecuta por completo. Entre 2014 y 2016 se dejaron de gastar casi 16 millones de euros que ya estaban consignados para esta materia: 5,7 en 2014, 5,5 en 2015 y 4,6 en 2016.
Las trabajadoras, concentradas este jueves frente a la sede del Gobierno regional, están teniendo reuniones con partidos políticos para exponer su situación y responsabilizan a la administración de su responsabilidad en lo que está ocurriendo, pese a que el servicio está en manos de empresas. “Algunos responsables políticos con los que nos hemos reunido nos dicen que todo funciona así, que está todo privatizado. Así –considera Ángeles– se va a conseguir que se desmantele toda la red y nosotras decimos que hasta aquí, que ya hemos aguantado mucho y nos hemos cargado todo sobre la espalda”.