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El Supremo anula la venta de 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre
Rachid Boikou llevaba años soñando con este desenlace. En 2013 demandó al Instituto de la Vivienda y el Suelo de Madrid (IVIMA) por vender su vivienda social a un fondo buitre. No tenía recursos y le asignaron un abogado de oficio que le ha acompañado hasta el final.
El final llegó esta semana, casi siete años después. El Tribunal Supremo declaró nula esa operación, tras inadmitir los recursos de Goldman Sachs y la Comunidad de Madrid presentados con el objetivo de revocar varias sentencias que daban la razón a los inquilinos. El Supremo refrenda un argumento sencillo que ha tirado por tierra la venta: la administración no justificó que la casa de Rachid y las otras 3.000 vendidas no eran necesarias para su fin, dar techo a la población más necesitada.
Rachid llegó a España en 2001. Ahora tiene 42 años y trabaja en mantenimiento del Ayuntamiento de Navalcarnero, la ciudad donde reside, aunque estuvo muchos años sin empleo. Sus tres hijos, de 12, 14 y 15 años, han crecido en una casa con silencios e incógnitas sobre lo que deparaba el futuro.
¿En qué situación estaba ahora con Encasa Cibeles?
Resistimos a las presiones y hemos seguido pagando 50 euros al mes. La empresa ha ido aceptándolo mes a mes, tal vez porque sabía que nuestro caso estaba en los tribunales. Entramos aquí a vivir en 2007 pagando 230 euros de alquiler. Después la cuota se redujo a 49 porque no tenía trabajo. En estos años, muchos vecinos se han marchado.
¿Esperaba este final? ¿Cómo ha recibido la noticia?
Es una alegría total, estoy al borde del llanto.
Su vivienda volverá a ser pública seis años después. ¿Cómo ha sido el camino?
Ha habido muchos obstáculos y mucho esfuerzo en el camino. Lo hemos pasado muy mal por la incertidumbre del futuro. Llevo tiempo yendo al psiquiatra, tomo pastillas. Hemos sufrido mucho. Y tengo mucho que agradecer a César [su abogado de oficio].
¿En qué momento decidió meterse en esta batalla judicial contra Goldman Sachs y la Comunidad de Madrid?
Demandé cuando me llegó la carta que me informaba del cambio de condiciones de mi alquiler. Yo pagaba un alquiler reducido por mi situación económica y me lo quisieron subir. Me llamaban mucho, vinieron varios días a mi casa y me llegaron a pedir la llave. Yo entonces ya había denunciado.
¿Esta decisión judicial repara los daños?
No repara todavía. Son siete años de sufrimiento psicológico todos los días. No solo mío, sino de mis hijos. Pero esto nos ha dado un respiro. Nos da una mínima seguridad.
¿Qué les diría a otros inquilinos que están en su misma situación?
Que ojalá con esto ganemos todos. Son las mismas viviendas. No es lógico que una vivienda vuelva a manos públicas y el resto no. Una sola no puede quedar en un cajón. Estamos juntos en esto, somos vecinos y nos hemos acompañado mucho en esta lucha. Cuando uno está hundido se hacen fuerzas. Uno luchando solo no es fuerte.
Y si tuviera delante al gobierno [de Ignacio González (PP)] que vendió las viviendas, ¿qué le contaría?
Que nos vendieron como si no hubiera personas con vidas dentro y que, desde que tomaron esa decisión, hemos sufrido cada día durante siete años.