La confianza con los niños se trabaja, y más si son autistas, como bien sabe Susana, una integradora social de un colegio público especializado del distrito de Tetuán. Tras ocho años atendiendo a tres alumnos que llegaron al centro con tres años, hoy los considera “casi como de la familia”, explica. Por eso lamenta tener que decirles adiós apresuradamente, sabiendo que por su condición no llevan bien los cambios. Como miles de empleados de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid, Susana (nombre ficticio) cesará en su puesto entre el 15 y el 31 de diciembre tras completarse sobre la bocina los concursos de traslado y de estabilización del personal educativo del Gobierno regional del PP. La tardanza está obligando a una reorganización exprés de las plantillas que amenaza con dejar a los centros en cuadro durante el arranque del año, para alarma de los profesionales y las familias.
Educadores infantiles, integradores sociales, técnicos especialistas III (los antiguos auxiliares técnicos educativos), fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares de control y de servicios, entre otras categorías profesionales, han arrastrado una situación de interinidad durante décadas, común a la contratación pública en España, que la Unión Europea censuró reiteradamente. Con idea de poner orden, las Cortes Generales aprobaron a finales de 2021 una ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. Las administraciones debían aplicarlas según sus propios tiempos y procesos, siempre que se completasen antes de terminar 2024. Pero la noción de urgencia se diluyó en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que no ha culminado los procesos hasta el último momento, y además “tarde y mal”, según explica Alfonso Muñoz, secretario de personal de Administración y servicios de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO, que cita varias irregularidades. Por ejemplo, que un profesional con 17 años de experiencia reciba cero puntos en el baremo de experiencia por un error en el software de la Consejería de Hacienda.
Celebrados finalmente los procesos, la Comunidad de Madrid requiere ahora que los trabajadores que han obtenido plaza tomen posesión a toda prisa, abandonando los centros donde venían ejerciendo. Quienes no la han logrado cesarán igualmente, a la espera de que las nuevas vacantes se cubran por los aprobados, quedando pendientes de unas nuevas bolsas de contratación. El resultado es que nadie sabe exactamente dónde va a trabajar ni a partir de cuándo, porque la información disponible es escasa. Ángeles, una enfermera, explica que en los listados de plazas disponibles para los aprobados de su categoría solo figura el área territorial (norte, sur, este, oeste o capital), de forma que tendría que optar a ciegas. “Llamo por teléfono a Educación y me dicen que no saben más y me cuelgan”, protesta.
Un “desastre” que afecta a alumnos “muy delicados”
“Es como meter a todos los trabajadores en una batidora y volverlos a sacar repartidos”, compara Manuel del Valle, técnico especialista III en un centro de educación especial del barrio de Aluche y delegado de CGT. “Es un desastre, se trata de un alumnado muy delicado, necesita un vínculo con los adultos que tiene alrededor”, explica. “Las familias nos dicen: ‘no os vayáis'”, cuenta.
“Puede llegar el 8 de enero [primer día lectivo tras las vacaciones) y que falten la mitad de las educadoras”, alerta, a su vez, Raúl (nombre ficticio), padre de un niño que acaba este curso el primer ciclo de la educación infantil en una escuela infantil de Vallecas. “Estamos en una escuela en la que se hace un proyecto anual que se va al traste”, lamenta. Las familias están recogiendo firmas y ya llevan más de 4.000, según dice.
Hasta las cifras de afectados son inciertas. Las últimas cuentas de CCOO señalan que son en torno a 3.500, pero en la sesión de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid del martes la diputada de Más Madrid María Pastor apuntó que la horquilla está entre los 4.000 y 5.000. El director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Miguel Zurita, que comparecía en la sesión, no protestó. Al revés, le vino a dar la razón a la diputada, descargando culpas en la dirección general de Función Pública, dependiente de la Consejería de Hacienda. “¿Cómo no va a influir en el ámbito educativo que nuestro periodo operativo sea el curso, no el año natural?”, reconoció, para despejar a continuación: “Lo que pedimos es que tenga el menor efecto posible sobre la vida de los centros, que lo pedimos también. Porque lo pedimos; poco más puedo añadir”. El mismo Zurita ha respondido por carta a alguna queja diciendo esencialmente que la cosa no es para tanto, que el nuevo personal tiene la experiencia suficiente para que los “inconvenientes” se vean minimizados y que la cobertura se hará todo lo deprisa que se pueda.
Motivos ideológicos para arrastrar los pies
La secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, entiende que detrás de lo sucedido hay un componente ideológico que ya se apreciaba cuando el Congreso debatía la regularización de interinos en 2021, y que el Gobierno de Ayuso solo actuó a regañadientes cuando los plazos apremiaban. “El Gobierno de Madrid no cree en este proceso”, señala, recordando la figura de Javier Fernández-Lasquetty, privatizador irredento y a la sazón consejero de Hacienda. “Esto va a ser una entrada masiva de personas que no se irán nunca”, declaraba el entonces responsable hace tres años. Hoy la consejera del ramo es Rocío Albert, que antes fue viceconsejera de Política Educativa. Sobre los motivos del retraso en los procesos de estabilización y la posibilidad de suspender los cambios de personal hasta final de curso, Hacienda no ha respondido a una consulta de elDiario.es. La Consejería de Educación alega: “La Comunidad de Madrid va a actuar con todas las garantías para que los cambios obligados entre el personal no docente de centros educativos no repercutan en su actividad normal, y velará por mantener la mayor calidad en la atención a los alumnos y a sus familias mientras dure el proceso”.