Taxistas, médicos, enfermeras, profesores, trabajadores del Metro o editores de libros de texto. Pocos sectores quedan en la Comunidad de Madrid que no se hayan visto agraviados en los últimos meses por Isabel Díaz Ayuso. Si se recupera el calendario y se marcan en rojo los días que han encendido a algunos de estos profesionales, pocas líneas quedarían en blanco. En la cuadrícula se pueden apuntar las palabras “abandono”, “engaño” o “tomadura de pelo”, que han ido pronunciando sobre la presidenta regional diferentes trabajadores. Y, todo ello, a menos de un año de las elecciones autonómicas de 2023.
Uno de los sectores que más tiempo lleva denunciando las políticas de la Comunidad de Madrid es el de la sanidad pública. Tras los aplausos desde los balcones a las ocho de la tarde, se recuperaron algunas de las reivindicaciones que los sanitarios llevan años reclamando y que se han agravado desde que Ayuso desembarcó en la Puerta del Sol. El último capítulo ha sido la situación de colapso que viven los hospitales de la región, las urgencias saturadas o la “reorganización” de estos servicios en Atención Primaria, que suponen el cierre de 20 recursos que funcionaban antes de la pandemia.
Esta semana han sido las enfermeras de la región, a través del sindicato Satse, las que han hecho notar su disgusto con las políticas sanitarias de la presidenta Ayuso. En concreto, han dirigido a la Inspección de Trabajo un escrito para poner en su conocimiento la situación “crítica” que viven los servicios de urgencias hospitalarias y las profesionales que trabajan en ellos.
No es una situación puntal. El deterioro de la sanidad pública en la región es algo que vienen denunciando sus trabajadores desde hace tiempo. “Hay casi 4.000 enfermeras menos en los centros asistenciales de la Comunidad de Madrid” y las elevadas cargas de trabajo son lo “habitual en los últimos años”, denuncian desde el sindicato. “Se han hecho mucho más evidentes tras la no renovación de casi 3.500 enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas, que estaban contratadas para hacer frente a la COVID”, señalan.
Entre los últimos movimientos de la Consejería de Sanidad están esa reorganización de las urgencias, pero también un nuevo procedimiento que se puso en conocimiento de los centros de salud a principios de junio y que manda a las enfermeras a atender y derivar a los pacientes cuando no haya médicos. Pero esa ausencia de facultativos en los centros de salud pervierte el propio concepto del recurso, ya que el personal de enfermería no tiene competencias para prestar todas las actividades asistenciales para las que están pensados estos servicios.
El nuevo procedimiento allanaba el camino ante la falta de profesionales médicos, sobre todo de cara a las vacaciones o a posibles bajas por COVID en centros con plantillas ya esquilmadas. Un par de semanas después, con la nueva reorganización de los SUAP, la consejería anunciaba que siete de los 17 que se reabrirán tras el verano lo harán solo con personal de enfermería y sin médicos.
Las protestas de los médicos y médicas de la Atención Primaria son una constante desde el primer gobierno de Ayuso, el que mantuvo en coalición con Ciudadanos. En septiembre de 2020 ya amagaron con una huelga indefinida ante la elevada carga asistencial que padecían, las malas condiciones laborales y económicas y la falta de medios. El ejecutivo regional salvó el paro con un plan que incluía medidas estructurales, equiparaciones salariales, subidas de sueldo, medidas coyunturales y una estrategia para ocupar aquellas plazas de difícil cobertura, pero en diciembre de aquel año se echó atrás ante el 'no' de la Consejería de Hacienda.
“De ahí salió un segundo plan, el 'plan Ayuso 2', que impusieron con la negativa de todos los sindicatos de la mesa sectorial, de las sociedades científicas y del Colegio de Médicos, al considerar que era insuficiente para cubrir las necesidades actuales de la Atención Primaria, que son inmensas tras muchísimos años de déficit de inversión y de falta de recursos humanos”, explica la portavoz del sector en el sindicato Amyts, María Justicia. En marzo convocaron una nueva huelga que tuvo un seguimiento del 80%, pero duró una mañana. “La presidenta de la comunidad disolvió la Asamblea por motivos políticos ajenos a nosotros y nos quedamos sin un interlocutor válido con el que negociar”, explica.
A mediados de 2022, desde este sindicato denuncian que no se ha producido la desburocratización total ni la disminución de la sobrecarga asistencial. Si inicialmente el compromiso era descargar a los profesionales de los centros de salud de la atención y el seguimiento de los casos de COVID asintomáticos y de las bajas relacionadas, a día de hoy continúan haciéndolo. La comunidad se comprometió a limitar las agendas a un máximo de 30 pacientes para médicos de familia y de 24 para pediatras, pero esto aún no ha ocurrido. A principios de año, los profesionales sanitarios llegaron a notificar hasta 100 consultas al día.
“Parece que a la consejería no le interesa que la Atención Primaria mejore y dé la asistencia que debe dar a los ciudadanos”, lamenta Justicia, que denuncia que el número de nuevas plazas son “insuficientes” y las condiciones “muy poco atractivas”. La prueba es que la comunidad ya está planteando un escenario en el que los centros de salud se queden sin médicos. En ese caso, confiere a las enfermeras unas competencias que no les son propias y ante las que, temen, quedan desprotegidas.
El portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, aseguró que ese nuevo procedimiento era consecuencia de una petición de los sindicatos, lo que encendió al de Enfermería de Madrid, que emitió un comunicado en el que afirmaba “rotundamente” no haber “solicitado de ninguna manera la creación de este ni de ningún otro procedimiento”. En la misma nota, las enfermeras aseguraban estar “preparadas y cualificadas para ejercer más competencias” de las que actualmente tienen, pero reclamaban protocolos estandarizados, respaldo jurídico, el desarrollo de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria y el reconocimiento de la categoría profesional 'A'.
En conversación con elDiario.es, la adjunta de Atención Primaria de acción sindical de Satse, Carmen del Moral, señalaba que con el nuevo protocolo las enfermeras tendrían “la carga asistencial de su consulta, domicilios y, además, toda esa sobrecarga de todo paciente que entra por la puerta” y deben valorar. “Es un abandono total por parte de la administración”, lamenta.
Traslado “forzoso” al Zendal
No son los únicos profesionales sanitarios descontentos con la gestión de Ayuso. CCOO prepara una demanda contra la Consejería de Sanidad por el traslado “forzoso” de los 203 profesionales que estaban poniendo vacunas en el Wizink Center y que, tras la clausura de este punto de vacunación masiva, han sido enviados al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.
Sus compañeros en los hospitales también protagonizaron una huelga el pasado mes de mayo, que duró 10 días y que tuvo servicios mínimos de hasta el 100%. Es decir, algunas consultas operaron con normalidad. En este caso, los médicos especialistas y facultativos de la Comunidad de Madrid reclamaban a la Consejería de Sanidad que terminase con su situación de temporalidad, que en algunos casos se perpetúa durante lustros, a través de un concurso de méritos y no por oposición como pretendía el ejecutivo regional.
Tras semana y media de “una huelga indefinida a la que no debería haberse llegado”, como defendió la secretaria general del sindicato convocante, Ángela Hernández, ambas partes llegaron a un acuerdo. Este pasaba por el compromiso de la Comunidad de Madrid de ofertar entre 2.500 y 3.120 plazas entre diversos procesos por concurso de méritos para facultativos de larga duración y otras 410 plazas para urgencias. Entre medias, Ayuso repitió en varias intervenciones que la izquierda pretendía “regalar el acceso a las instituciones a personas que no han pasado unas oposiciones”, algo que las plataformas que luchaban contra la temporalidad recibieron como una alusión directa.
“El gobierno del PP nos ha tomado el pelo”
Si los médicos se sienten abandonados, los taxistas aseguran que el PP de Madrid les ha “engañado”. Lo verbalizaba el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, a las puertas de la Asamblea, donde Ayuso sacó adelante, gracias a la extrema derecha, la ley que permitirá a los VTC seguir operando como hasta ahora en la Comunidad a partir de octubre. “El PP, el consejero, la presidenta y Vox nos han engañado”, aseguró Sanz sobre esta votación que ponía a los taxistas madrileños a competir con multinacionales como Uber, Bolt y Cabify.
“El gobierno del PP nos ha tomado el pelo”, insistía Sanz el día anterior a aquella votación durante una marcha de medio millar de taxistas que ya auguraba el final aciago de unas negociaciones cuyo fracaso se concretó en la cámara regional el 2 de junio. “Tanto el consejero de Transportes [David Pérez] como la presidenta dijeron que se reunirían con nosotros las veces que hiciera falta”, aseguró, antes de denunciar que Ayuso legisla “solo para una parte”. Tanto en aquella concentración como frente al edificio de la Asamblea de Madrid, en Vallecas, se escucharon gritos de “Ayuso dimisión” y se lanzaron acusaciones de estar “vendiendo” el país.
La Federación Profesional del Taxi anunció entonces que recurrirá esta reforma de la ley de transportes de la Comunidad a los tribunales, al considerar que puede haber una responsabilidad patrimonial por la perdida de valor de sus licencias y el cambio de condiciones del sector.
Este nuevo tablero de juego que ha puesto sobre la mesa la comunidad para sus taxistas puede servir de anticipo para otras comunidades gobernadas por el PP y o con el apoyo de Vox. En medio de la gran huelga del taxi de 2019, el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, transfirió a las comunidades la competencia de redactar sus propias normas, para lo que impulsó una moratoria que finaliza en octubre de este año. Si los ejecutivos autonómicos no articulan esa nueva legislación, los vehículos de transporte con conductor (VTC) no podrán seguir operando. El camino que marca Madrid, a la espera de conocer el desarrollo completo que haga a través de un reglamento específico, puede ser un ejemplo para el resto de gobiernos de su mismo signo.
En España hay más de 62.250 licencias de taxi, de las que casi un 25%, 15.288, están en Madrid. La proporción se dispara en el caso de las VTC. En la comunidad están el 46,5% de las 18.047 licencias concedidas en todo el país. En total, 8.383. Ayuso, que aseguró que su Gobierno está “altamente comprometido” con los taxistas y reconoció que el servicio que ofrecen es “fundamental, es un servicio público”, afirmó en un dudoso intento por rebajar la tensión con el sector que en Madrid “no se va a ir en burra, como quiere Ada Colau”.
En su guerra abierta en el campo de la educación contra el Ejecutivo central, Ayuso también ha enfadado a sindicatos y profesionales de la educación y la ciencia. En sus embistes a la LOMLOE casi se lleva por delante a los editores de libros sobre quienes, aunque ha querido dejarles a un lado, ha terminado por poner la lupa, al acusar de adoctrinamiento en los libros de texto.
A principios de junio, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, se reunió con la Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE). El Ejecutivo regional buscaba un aliado en su guerra contra Pedro Sánchez y la citada normativa conocida como Ley Celáa, pero tras el encuentro lo único que encontró fue un comunicado en el que la asociación pedía que “los libros y la actividad editorial no sean utilizados como arma arrojadiza del juego político”, apremiaba a la comunidad a presentar el 40% del currículo que le corresponde elaborar y recordaba que los contenidos de los que se habían hecho eco la presidenta y sus consejeros eran “prototipos que aún están sujetos a cambios”.
“Nada relevante”
El Gobierno madrileño aún siguió unos días más haciendo campaña. Al día siguiente de aquella reunión, Ayuso insistió en que los libros tenían “una altísima carga ideológica”, pese a reconocer que había conocido su contenido “por los medios de comunicación”. Dos días después, la presidenta resolvió la cuestión con una afirmación escueta: “La Inspección Educativa no ha detectado nada relevante en la revisión que ha efectuado de 180 libros”. A la postre, era el reconocimiento de que llevaba más de una semana alimentando una polémica inventada.
El uso de los libros para hacer política ha continuado durante varias semanas más, aunque con menor intensidad. El propio consejero llegó a afirmar que no se llegaría a tener lista la parte del 40% del currículo que corresponde a las comunidades autónomas. Las declaraciones causaron incredulidad entre los editores. Según fuentes del sector, estos se habían comprometido con la administración regional a tener listos los textos y apuntaban, además, que la Comunidad de Madrid era de la que más avanzados tenía los borradores.
Libros aparte, la comunidad educativa madrileña también ha respondido por la vía judicial a los intentos de Ayuso de contrarrestar la LOMLOE. En concreto, la federación de enseñanza de CCOO, a quien Ossorio acusó de que solo le importa “la ideología”, ha elevado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid el decreto que con el que el ejecutivo regional pretende encorsetar la “mayoría colegiada” que la ley estatal establece en los claustros para permitir a cada alumno, de forma individual y teniendo en cuenta sus circunstancias personales, promocionar de curso y limita las asignaturas que se pueden o no suspender. También, la circular que impide a los centros agrupar asignaturas para impulsar proyectos multidisciplinares.
En el primer caso, el Tribunal ha condenado en costas a CCOO por solicitar medidas cautelares al considerar que ocultó información relevante que los jueces desconocían para tomar la decisión. En la segunda, las medidas cautelares continúan, a la espera del recurso de la Comunidad. “Quieren controlar políticamente nuestras aulas y a los profesionales”, advertía la secretaria general de enseñanza de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, que apunta que las políticas de Madrid se encaminan “hacia la censura de la educación”. En ambos casos, el proceso para discernir si invade o no competencias sigue adelante y, por tanto, está pendiente de resolverse.
Como lo están también las reivindicaciones de los trabajadores de los centros de menores de la consejería de Servicios Sociales, que en el último mes han salido a la calle por decenas para protestar por el nuevo plan del Gobierno de Ayuso. La Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) ha decidido reorganizar los centros en los que viven menores tutelados, clausurar La Casa de los Niños, reubicar a más de 180 niños y jóvenes y trasladar a 350 trabajadores y trabajadoras.
Desde el sindicato UGT denunciaban esta misma semana que la intención de la AMAS es “hacer, o más bien deshacer a su antojo sin contar con nadie”. “Nos deja claro que nos convoca exclusivamente para tratar cómo realizarán los traslados forzosos”, lamentan.
Como lo están también las protestas de los trabajadores de Metro de Madrid, que se han manifestado por tercer jueves consecutivo junto a los compañeros de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para denunciar el “deterioro intencionado” del transporte público madrileño. En su caso, la Comunidad anunció a finales de abril el recorte del 10% de los trenes. Atribuía la medida a la subida del precio de la electricidad. “Es una medida razonable y necesaria”, afirmó el consejero de Transportes, David Pérez, que justificaba que sería “muy irresponsable no tomar ninguna medida”. Esto ocurría mientras Ayuso presumía de bajar los impuestos con los que se pagan los servicios públicos.
El 9 de junio, la protesta convocada por los comités de empresa de Metro de Madrid y la EMT discurrió desde la Plaza de Colón hasta el Consorcio Regional de Transportes. La anterior, lo hicieron frente al Palacio de Cibeles y la otra, ante la Asamblea de Madrid. Los trabajadores del suburbano denunciaron allí los recortes que supone esa reducción del 10% de trenes, pero también la necesidad de contrataciones para cumplir con la tasa de reposición, que sería de un 120% para 2023. Ello, claro, “si queremos dar un buen servicio”, señalaba el secretario general de CCOO en el Metro, Juan Carlos de la Cruz, que apuntaba: “Parece que buscan deteriorar el transporte como con la Sanidad o la Educación”.