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Ayuso elimina el abono anual de transportes para particulares pero lo mantiene para empresas: “No tiene sentido”

La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, sonriente en un andén de Metro de Madrid.

Guillermo Hormigo

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba el pasado 28 de diciembre la decisión de prorrogar las bonificaciones al transporte público en toda la región, complementando la ayuda estatal del 30% propuesta por el Gobierno central un día antes. En enero lo hace un 20% hasta llegar al 50% de descuento en los abonos de transporte, pero el añadido autonómico a la rebaja subirá en febrero un 30% (hasta el 60%). Sin embargo, la celeridad de la medida empieza a causar algunos perjuicios, según denuncias numerosos ciudadanos.

Es el caso de aquellos que suelen adquirir el abono anual. La resolución del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) eliminará esta modalidad (más económica) para particulares, aunque no así para empresas y personas jurídicas en general. El abono anual permite que, efectuando un único pago, el usuario pueda disponer del abono hasta el 31 de diciembre. Además de la facilidad pragmática de ejecutar una sola recarga cada doce meses, supone el ahorro de dos mensualidades, sea cual sea la zona tarifaria a la que se suscribe. Así, en 2021 y para la zona A, su coste era de 546€ frente al dispendio de 655€ que ocasionaría pagar los 54,60€ mensuales.

En 2023 un usuario de la esta misma área tarifaria pagará una cantidad menor: 470,34€ anuales (27,30€ en enero, 21,80€ de febrero a junio y 54,60€ entre julio y diciembre). Pero lo tendrá que hacer en doce mensualidades, sin posibilidad de reducirlo a un pago. Además, si el abono anual se mantuviese, con el mismo descuento aplicado en él que en el resto de modalidades (como marca la normativa) la cuantía anual descendería a 409,50€. Es lo que pagarán las entidades del sector privado que sí podrán suscribirlo.

Con esta supresión, el Gobierno de Ayuso podría estar incluso incumpliendo el Real Decreto ley 20/2022 que regula las bonificaciones. Al suspender la comercialización del abono anual, es posible interpretar que el CRTM interfiere en los derechos de los viajeros establecidos en los diferentes reglamentos en vigor, al excluirles de un título de viaje en vigor con tarifa oficial aprobada. El decreto del Ejecutivo central establece que para beneficiarse de las ayudas del Gobierno de España el descuento debe aplicarse a todos los abonos, sin distinción. Asimismo, la validez en personas jurídicas podría suponer una discriminación al establecer un agravio comparativo entre particulares y beneficiarios del abono anual de empresas.

Es lo que defienden la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y Ecologistas en Acción en un recurso de reposición, una figura jurídica que puede abrir la vía de un contencioso administrativo si no se atiende, presentado conjuntamente ante el Consorcio de Transportes. Este escrito finaliza de la siguiente manera: “Se exige al CRTM que anule la suspensión de la comercialización del abono anual a particulares y que proceda a indemnizar a los usuarios de dichos títulos por las cantidades que le correspondan por la consecuencia de su decisión”.

El abono anual: un ahorro también “mental” que “compensa”

“Llevo sacándome el abono anual desde 2017. No es barato, supone pagar el mes de diciembre anterior a empezar a usarlo, pero por una parte implica confiar en los servicios que te prestará el CRTM durante todo el año siguiente”, cuenta Mario, funcionario administrativo de 40 años. Una confianza en las instituciones públicas en la que revolotea “el riesgo de cualquier imprevisto que te impida utilizar el transporte público a muchos meses vista (como sucedió el año de la pandemia, aunque luego el Consorcio compensó los meses del confinamiento descontándolos del precio del abono del año siguiente)”.

“Me compensa”, defiende sin embargo: “Significa hacer un solo ingreso en el mes de diciembre y evitar cualquier tipo de cálculo de días de utilización durante los 365 días siguientes, además de no tener que hacer cola alguna en las máquinas de renovación mensual, ni usar la tarjeta de crédito cada mes, ni estar pendiente de la fecha exacta vencimiento de los 30 días”.

En similares términos se expresa Cristina, que además está a punto de ver cómo su gasto en transporte se encarece sensiblemente al cumplir 26 años en febrero: “Es una cosa comodísima porque porque te ahorraba pagar dos meses y estar pendiente de cuándo se te acababa y de cuándo no (seguro que todos nos hemos sentido identificados con ese momento en el que vas con muchísima prisa y de repente te das cuenta de que... no has cargado el abono mensual)”.

Habla de una iniciativa que relaja no solo la presión económica, sino también la “mental”: “Cuando piensas en el servicio que recibes (trenes saturados; altos tiempos de espera; problemas de accesibilidad en caso de tener movilidad reducida)... no tener que reparar en cuándo tienes que recargar el abono era una cosa que te aliviaba un poco”. Se queja también de que esta modalidad no se ha promocionado lo suficiente los años en los que ha estado activa, pese al ahorro que supone.

Si lo que se quiere hacer con las bonificaciones al transporte público es mejorar su alcance y uso, no tiene sentido que eliminen una medida que era beneficiosa para ello, o que quede restringida a que medie una empresa

Para Mario la degradación de este servicio comenzó a sentirse hace ya unos meses: “El Consorcio enviaba una carta cada mes de diciembre para recordar la próxima caducidad del abono anual, daba instrucciones para renovarlo y posteriormente enviaba una segunda carta con la factura y el justificante del ingreso. Eso empezó a tambalearse el año pasado, en el que el CRTM ya impidió abonar la renovación por transferencia bancaria, obligando a acudir a una serie de estancos como único modo de poder hacerlo, y posteriormente tampoco envió la factura. Yo la pude reclamar por correo electrónico y la respuesta, a pesar de que incluía dicha factura, no fue muy amable”.

Pero esta eliminación repentina supone ir un paso más allá: “No creo tenga ningún aspecto positivo en una comunidad como la de Madrid, en la que el transporte público es una de las columnas vertebrales de la movilidad, la actividad económica y la vida en general, deteriorar sus condiciones en base a algún tipo de mezquino cálculo de beneficios por parte de la empresa pública de transportes”, opina Mario.

La vigencia para el sector privado “manda un mensaje”

Según este gallego residente en Arganzuela, la noticia “transmite un mensaje nefasto sobre la concepción que el CRTM tiene de los servicios que presta”. Cristina tacha de “locura” que el abono anual se mantenga solo para las empresas y no para los particulares. Menciona también las consecuencias “simbólicas”, lo que comunica esta modificación de las políticas de movilidad: “Una privatización de los servicios públicos que va en línea con toda la actuación política del gobierno de la Comunidad. Si lo que se quiere hacer con las bonificaciones al transporte público es mejorar su alcance y uso, no tiene sentido que eliminen una medida que era beneficiosa para ello, o que quede restringida a que medie una empresa”.

A esta investigadora le preocupa especialmente la afectación en los jóvenes: “El ahorro que supone puede parecer insignificante, pero tenemos que tener en cuenta que la juventud es uno de los colectivos que están en mayor riesgo de pobreza. El transporte público, como la movilidad en general, sí entiende de clases sociales, siendo la gente que lo utiliza aquella con menos recursos”.

La rebaja aprobada desde el pasado septiembre por el Ejecutivo nacional, a la que se sumó luego el regional, ya obligó a compensar a aquellos usuarios que adquirieron el abono anual para 2022. La solución del Gobierno de Sol, de la que se beneficiarán en torno a 74.000 viajeros, fue abrir solicitudes para la devolución de una cantidad que se correspondía al 50% del precio por mes de ese último cuatrimestre para quienes disponían de esta tarjeta. Es decir, si el precio del abono anual joven es de 200€ (20€ al mes y dos meses de ahorro), el coste mensual es realmente de 16,67€. La Comunidad sufragó por tanto a los afectados con 8,335€ por mes de vigencia de la tarifa reducida, para un total de 33,34€. Una burocracia que ha decidido ahorrarse con esta supresión.

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