La calidad del aire era, hasta hace poco, un quebradero de cabeza para todos los alcaldes madrileños. Tanto Gallardón como Botella y Carmena vieron cómo la ciudad incumplió durante doce años la Directiva Europea de Calidad del Aire, superando en muchas de sus estaciones los límites anuales mientras los pulmones de los madrileños se resentían.
Para evitar las sanciones de la Unión Europea, el Ayuntamiento tuvo que presentar una propuesta de restricciones a las emisiones contaminantes. Se llamó Plan A y se elaboró durante el Gobierno de Ahora Madrid, en el 2017, que se complementó con la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2018, en la que incluía el calendario para implantar todas las zonas de bajas emisiones que se han ido desarrollando durante los últimos años. La primera fue Madrid Central y la última, que arranca este 1 de enero de 2025, es Madrid ZBE y prohibirá la circulación de los vehículos más contaminantes. Aunque habrá excepciones y una moratoria de doce meses para los residentes, según conocimos este jueves.
Estas restricciones nunca fueron del agrado del ahora alcalde, José Luis Martínez-Almeida. La primera vez que intentó frenarlas fue cuando todavía era líder de la oposición, denunciando una ordenanza de movilidad que acabaron tumbando los tribunales y que tuvo que rehacer ya en el poder. Y en 2019, poco antes de las elecciones que le encumbraron, lanzó una campaña por las marquesinas de autobús que tenía el siguiente lema: “Con Almeida, Madrid Central se acaba el 26 de mayo”, haciendo referencia a la fecha de los comicios, que a la postre le llevarían a la alcaldía.
Las restricciones a la movilidad fueron uno de los principales caballos de batalla en esas elecciones, celebradas dos meses después de que los ciudadanos recibieran las primeras multas por Madrid Central. Aunque Carmena fue entonces la candidata más votada, los acuerdos con Vox y Ciudadanos le dieron a Almeida la llave de Cibeles y, nada más llegar, intentó cumplir su promesa electoral. Su concejal de Movilidad, Borja Carabante, anunció el segundo intento de recortar la primera de las zonas de bajas emisiones: una moratoria que pausara las multas desde julio de 2019. Pero una denuncia ecologista en los juzgados frenó esta reversión.
Esta derrota judicial no amainó los ánimos de Almeida contra las restricciones y después del verano presentó la marca Madrid 360 para englobar todas las acciones de mejora ambiental del Ayuntamiento. Aunque en la práctica lo que se seguía aplicando era el Plan A que había dejado Carmena y que ya estaba aprobado por la UE. Y en diciembre de ese año llegó el tercer intento: la apertura a la libre circulación de dos calles en sus extremos. En campaña electoral Almeida también había prometido abrir San Bernardo, pero finalmente decidió no ir más lejos ni tocar esa tecla.
Cámaras que no llegaban y meses de pruebas
En paralelo a estas medidas, el calendario de zonas de bajas emisiones avanzaba y con él se acercaban las primeras restricciones en buena parte de la ciudad, previstas en el inicio de 2022 en toda la almendra central para los coches sin etiqueta ambiental (de tipo A). Pero el Ayuntamiento de Madrid no llegó a tiempo para instalar las cámaras que lo controlaran, así que la prohibición se tradujo en un “coladero” -así lo llamó la oposición- para los vehículos contaminantes durante casi un año. Era el cuarto intento -esta vez por omisión- de relajar los efectos de los límites a la polución, mientras Vox utilizaba las nuevas sanciones para intentar conseguir votos del PP por la derecha.
A finales de 2022 y a pocos meses de unas nuevas elecciones, Almeida decidió hacer un guiño al sector de los transportistas y coló en una ordenanza de limpieza la bula para las furgonetas con etiquetas B en Madrid Central, cuyas restricciones se implementaban en enero de 2023. La jugada surtió efecto hasta septiembre, cuando un recurso de la izquierda tumbó este quinto intento de relajar las zonas de bajas emisiones.
En paralelo, el área de Movilidad instalaba las cámaras para controlar el acceso a la M-30 y sus interiores, y las encendía en enero de 2023, pero establecía un periodo de pruebas hasta junio, para que no llegara ninguna multa a los afectados antes de las elecciones que decidirían si Almeida contaba con un segundo mandato. Idéntica estrategia a la que siguió en 2024 cuando entró en vigor Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y las restricciones a cualquier vehículo sin etiqueta A de los no residentes: las multas se retrasaron seis meses, hasta el mes de julio.
La llegada de Madrid ZBE para todos los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, residentes incluidos, estaba prevista para el próximo 1 de enero, pero el área de Movilidad se guardaba un último as en la manga para dejarla casi sin efecto: un nuevo periodo de pruebas, esta vez de doce meses, para no tener que imponer ninguna sanción hasta el año 2026.
Los mejores datos de calidad del aire
Cada vez que el alcalde Almeida recortaba o relajaba algunas de las restricciones previstas en la Ordenanza de Movilidad Sostenible, esgrimía que lo permitía la bajada de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), que ha ido reduciéndose año a año desde que Madrid Central entró en vigor.
Aunque 2019 fue todavía un año negro para los pulmones de los madrileños, la llegada de la pandemia en 2020 y su reducción de la movilidad hizo que la ciudad se acercara a cumplir la normativa comunitaria ese año y en 2021. Se quedó a las puertas por culpa de una estación, la de Plaza Elíptica, alrededor de la que dibujó una nueva zona de bajas emisiones que no estaba inicialmente prevista, para asegurarse el cumplimiento en los siguientes ejercicios.
No hizo falta: la progresiva desaparición de parte de los vehículos sin etiqueta de la circulación fue clave para el descenso en los niveles de NO2, unido a una campaña de ayudas a la descarbonización y otras estrategias por parte del consistorio. Todo ello consiguió que en 2022 la capital cumpliera por vez primera con la legislación de la UE en calidad del aire.
A medida que las restricciones a los vehículos más contaminantes se han ido ampliando por la ciudad, los datos de polución han ido demostrándose cada vez más bajos y este jueves Borja Carabante sacó pecho por haber alcanzado “los mejores datos de la serie histórica”, un 34% menos de NO2 que el registrado en 2019, como ya avanzaban los datos de octubre.
El siguiente reto de la ciudad está en el año 2030, cuando entrará en vigor una nueva directiva europea que reduce a la mitad los máximos de NO2 permitidos. De momento, el Ayuntamiento de Madrid no prevé aumentar las restricciones y confía en que la cumplirá cuando dejen de circular los coches sin etiqueta por Madrid, el 1 de enero de 2026. Entonces comenzarán cuatro años para comprobar si sus cálculos son ciertos.