El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en el Pleno municipal de este martes el plan especial del colegio de lujo Brewster Madrid, un procedimiento indispensable para la concesión de la licencia que la institución habría necesitado ya antes de acometer las obras para la transformación del antiguo Hospitalillo de Chamberí.
Pese a que la proposición ha salido adelante, con el apoyo de PP y Vox pero el voto en contra de PSOE y Más Madrid, sobre el inmueble sigue pesando una orden de cierre que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida acometerá no más tarde del 11 de diciembre. Todo ello a la espera de posibles recursos que Brewster pueda presentar ante los tribunales para detener el precinto.
El proceso urbanístico ha recibido 51 alegaciones durante el trámite de información pública, cada una de ellas denegadas gracias a la mayoría absoluta popular. El expediente del plan especial permite “la regularización del uso de ese edificio como dotacional educativo y, en este caso, que puedan mantener esa actividad”, según el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante.
Hasta entonces, el centro educativo ubicado en los números 3 y 5 de la calle Eloy Gonzalo llevó a cabo reformas de calado en el inmueble (declarado Bien de Interés Cultural en 1997) e inició las clases pese a no poseer “ni licencia de obras ni licencia de actividad”, como apuntó el propio Carabante. Presentó una declaración responsable, insuficiente dada la condición de BIC. Además, abrió sus puertas sin contar con un plan de incendios aprobado por las autoridades municipales, debido a que este forma parte de dicho plan especial pendiente.
Por ello, el Ayuntamiento de Madrid dictó el precinto para el próximo 11 de diciembre. La Agencia de Actividades municipal ya emitió orden de cese de actividad el 16 de octubre, otorgando un mes de plazo para su ejecución, aunque posteriormente amplió ese límite. Uno de los argumentos esgrimidos desde el Gobierno de Cibeles es la necesidad de reubicar al alumnado afectado, en torno a 150 personas según fuentes del propio centro.
Antonio Giraldo, portavoz socialista en la Comisión de Urbanismo, ha criticado sin embargo “la discrecionalidad de la fecha” (en referencia a la prolongación hasta el 11 de diciembre) y ha recordado que, una vez aprobado el plan especial, la Comunidad de Madrid todavía debe emitir los informes preceptivos para la concesión de la licencia. Ha apuntado igualmente que el colegio “ha presentado una nueva declaración responsable con fecha de 17 de noviembre, que entendemos que el señor Carabante también va a declarar ineficaz”.
El concejal de Más Madrid Álvaro Fernández Heredia responsabilizado de lo sucedido a “las zarpas políticas del Partido Popular” en su afán por “hacer caja” y ha recordado que las asociaciones vecinales solicitaron al Ayuntamiento ejercer su derecho de tanteo para dedicar el inmueble a dotaciones culturales compartidas por todo el barrio.
“A un paso de regularizar la situación”
El antiguo Instituto Homeopático y Hospital de San José, donde la Comunidad de Madrid invirtió más de tres millones de euros para su rehabilitación, está ahora gestionado por Brewster Academy Spain SL. Esta empresa ha instalado en él una escuela de alto standing, en línea con otros centros internacionales de la marca Brewster. Las matrículas anuales van desde los 6.000€ para alumnado de 3 a 4 años hasta los 22.344€ para el último curso (17-18 años).
En un comunicado emitido la pasada semana, la compañía aseguraba encontrarse “a un paso de regularizar la situación” y “presentar la licencia administrativa que falta”. “Estamos funcionando dentro de la normalidad que requiere saber que tenemos que hacer una regularización de la adaptación urbanística de un BIC”, recalcaba por su parte en conversación con este medio el vicepresidente ejecutivo de Brewster Academy International, Ricardo Carreño.
Carreño redujo la controversia a “un sobredimensionamiento de un problema resuelto al 95% y que existe por la parálisis de la administración”. El centro espera ahora funcionar con normalidad, pese al tortuoso proceso y a la orden de clausura todavía vigente por operar sin los permisos necesarios.