Los grupos de WhatsApp de los vecinos de la Ermita del Santo, la calle que discurre paralela a Madrid Río por el distrito de Latina, echan humo en los últimos días. La razón es el proyecto para recalificar un centro comercial en varios bloques de viviendas, algunos de ellos en forma de enormes torres de hasta 28 pisos y 84 metros de altura. La actuación, que apoya el Ayuntamiento, beneficiará sobre todo al capital venezolano propietario del centro comercial: sus terrenos casi quintuplicarán su valor: de 17,65 millones de euros a 81,78 millones una vez completadas las obras.
“El Ayuntamiento solo atiende al interés privado de los dueños de los terrenos”, advierte un grupo de habitantes de la zona indignados con la operación urbanística, que califica la recalificación de “greenwashing para disfrazar pura especulación y lucro privado en perjuicio de vecinos”, en alusión a las zonas verdes que el área de Desarrollo Urbano asegura que se crearán dentro de esta actuación. La zona cuenta ya con el parque de la Cuña Verde, el de Caramuel y el citado Madrid Río.
El comunicado, que este martes tienen previsto entregar en mano a los partidos políticos municipales antes de la entrada al pleno de Cibeles, está redactado a muchas manos. Las de los cientos de vecinos que se han unido en apenas dos semanas a través de la citada aplicación móvil -más de 300, aseguran- con un objetivo común: denunciar los problemas que causará esta recalificación y conseguir que el Ayuntamiento de Madrid reconsidere el proyecto.
“Los vecinos sufrirán masificación, deterioro del paisaje, colapso de los escasos recursos básicos y de los servicios públicos del barrio, congestión del tráfico, contaminación ambiental o contaminación acústica”, enumeran citando los males que, a su juicio, acarreará el proyecto de Desarrollos Ermita del Santo Socimi S.A., la empresa montada para la ocasión. “Nos quieren colar un barrio infinitamente peor y no vamos a permitirlo”, advierten.
El movimiento vecinal contra el proyecto nació en tiempo récord y sigue creciendo cada día. Su primera meta es el 3 de octubre, fecha tope para presentar alegaciones a la recalificación de los terrenos, que salió a información en pleno agosto sin apenas publicidad y no apareció en los medios hasta varios días después. “La mayoría no nos conocíamos de nada, pero nos pusimos a trabajar juntos”, explica Luis Antonio, uno de sus portavoces. Con tranquilidad, va desgranando en conversación con Somos Madrid los detalles de los problemas que generará este “pelotazo” inmobiliario, asegura: “Los que viven al lado, en la zona del paseo de la Ermita, les va a hacer polvo esta actuación porque van a tener muy poca luz, los edificios les van a tapar desde las dos de la tarde, y en invierno casi ni van a ver el sol”, describe.
Para visualizar estos efectos, los vecinos agrupados en este movimiento han creado varios mapas de sombras y recreaciones de cómo se verán los edificios de pisos que el Ayuntamiento quiere permitir levantar en esta zona junto a viviendas de baja altura junto a Madrid Río.
Los afectados son muy críticos con el equipo de Almeida, también con sus predecesores: “Los argumentos que el Ayuntamiento esgrime para la modificación del plan general, tal y como se exponen en el resumen ejecutivo del proyecto, son claramente incoherentes con la realidad del barrio y las necesidades actuales, tradicionalmente desatendidas por el consistorio”, añaden. “El centro deportivo no era un problema para el barrio, nadie está en contra de que permanezca”, asegura su portavoz, haciendo referencia a que los tenos sobre los que se asienta -un antiguo club de recreo que la empresa Explosivos Riotinto- no permite cierto tipo de actividades.
Usos actuales limitados
Los vecinos se refieren al centro comercial La Ermita como “espacio deportivo” porque sus suelos tienen actualmente esa calificación desde que fueron urbanizados. Los usos que se dieron en su interior fueron cambiando desde la época en la que montaron este espacio comercial los impulsores de Parquesur, y que fueron limitados por el consistorio a raíz de las quejas que levantaba la discoteca Divino, situada en el lugar donde estuvo un día la mítica sala de conciertos Aqualung. Ya en la década de los 2000 llegó el capital venezolano y las propuestas de recalificación.
“Es una operación que viene muy de antiguo”, recuerdan los vecinos refiriéndose al primer intento de construir allí pisos, en el año 2015, con un plan del gobierno de Ana Botella similar al actual, que frenó Manuela Carmena cuando llegó a la alcaldía. Como entonces, ahora el proyecto no prevé alojar más servicios públicos que puede necesitar el barrio, y las dotaciones deportivas existentes en las instalaciones (piscina y gimnasio privados) también desaparecerían.
También critican que el área de Desarrollo Urbano tome como referencia para esta operación los desarrollos sobre los antiguos terrenos de Mahou, al otro lado del Manzanares: “Allí se admitieron más densidades y alturas porque había un problema mucho mayor con el Calderón y la M-30. Es un locura que trasladen ese modelo a otros barrios”, denuncian. Y no compran el argumento de que la recalificación servirá para mejorar las conexiones: “Las barreras las va a levantar el Ayuntamiento en estas torres”, aseguran.