Firmas y vandalismo contra los nuevos parquímetros en Puerta del Ángel: “Almeida los coló por la puerta de atrás”

Diego Casado

11 de diciembre de 2022 21:43 h

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“Puedes poner que estamos hasta los cojones de los parquímetros”, espeta una mujer en mitad de la calle después de pelearse un rato con una de estas máquinas para sacar un ticket de estacionamiento. Está para pocas entrevistas: trabaja en un comercio cercano al mercado de Alto de Extremadura y asegura que, desde que se activó la zona verde, todos los días pierde “demasiado tiempo”, responde enfadada a preguntas de este periódico antes de volver a su tienda. “Además están casi todos rotos”.

Su sentir resume el de muchos comerciantes del barrio de Puerta del Ángel (Latina), donde desde hace dos semanas funciona el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), unos parquímetros que llegaron por sorpresa para la mayoría de residentes y empresarios de la zona, algo que no ha sentado bien a muchos. Basta con recorrer el barrio hablando con los indignados y comprobar cómo un buen número de los tótems donde se abona el pago tienen las pantallas destrozadas, fruto del vandalismo de los que se oponen a la medida.

El equipo de Almeida activó los parquímetros en todo este barrio el pasado 23 de noviembre. Era la segunda fase de una ampliación fuera de la M-30 que había comenzado el pasado mes mayo. En primavera, los vecinos y comerciantes pensaron que la medida municipal se limitaría a la zona baja del barrio, más cercana a Madrid Río y donde mayor efecto frontera se generaba, por conductores que dejaban allí sus vehículos para luego tomar el transporte público. Pero el 3 de noviembre se sorprendieron con un anuncio del área de Movilidad, en el que aseguraba que el SER afectaría a todo el barrio de Puerta del Ángel y a muchos más vecinos (4.144 plazas de la segunda fase frente a las 1.144 de la primera, casi el triple).

Los dueños de las tiendas han sido los primeros en protestar por una medida que consideran perjudicial. La Asociación de Comerciantes del Paseo de Extremadura, (Asocomerex) con un centenar de miembros, denuncia que ahora el Ayuntamiento les cobra 566 euros anuales por aparcar y que las 8 horas con las que cuentan a diario se les quedan cortas. Además, aseguran estar perdiendo mucha clientela que antes acudía en coche: “A ver quién es ahora el que viene a nuestros comercios teniendo que pagar la zona azul”, lamenta Mari Carmen, su presidenta. “Además, tampoco han reforzado el transporte público”, añade.

“Almeida nos los coló por la puerta de atrás”, se queja refiriéndose a la votación del pasado mes de marzo, cuando el pleno de Latina aprobó solicitar los parquímetros al área de Movilidad (solo votaron a favor PP, Cs y Mixto). La nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible permite esta opción para ampliar la zona SER a los barrios de fuera de la M-30. El Ayuntamiento también indicó que los vecinos lo habían solicitado a través de una petición en change.org que reunió 316 firmas y con más de un centenar de rúbricas físicas hasta llegar a las 437. Entonces el plano que se mostró en el pleno para vender la medida distaba mucho del finalmente implantado.

La primera es la imagen que se mostró de cara al pleno en el que se aprobó (descargable desde la propia página municipal del distrito de Latina). La segunda es la finalmente implantada:

El área de Movilidad descartó hacer una consulta en Puerta del Ángel, como sí convocó entre los vecinos de los barrios de Ciudad Lineal, que pudieron votar si querían o no parquímetros a través de Decide Madrid (aunque muchos no se enteraran). “Como ellos no hicieron la pregunta, la hemos hecho nosotros”, explican desde la Asociación de Comerciantes, que aseguran tener ya recopiladas unas 1.600 firmas de trabajadores y vecinos de la zona en contra de los parquímetros y casi 1.400 en otra petición de change.org. En total, 4.000 frente a las 437 que sirvieron para aprobar la medida. “Se las hemos enviado al concejal de distrito (Alberto Serrano, Ciudadanos) para que tenga constancia de cuántos somos”, apunta Mari Carmen. “Somos 41.000 personas, no pueden aprobar una medida que afecta a todos con cuatrocientas firmas”.

Desde el área dirigida por Borja Carabante apuntan que la aprobación fue legal y que los límites actuales de las zonas verdes y azules son los indicados en el anexo I de la ordenanza, que fue lo que se votó en el pleno. “Con la última ampliación del SER se ha dado cumplimiento a la totalidad de lo aprobado por la Junta de Latina el 9 de marzo de este año”, indica a este periódico una portavoz de Movilidad, defendiendo que la actuación fue correcta.

Los opositores consideran que no se consultó a las asociaciones de vecinos del distrito, algo a lo que también obliga la ordenanza, ya que se dejó de lado a las de Puerta del Ángel y Alto de Extremadura. Solo se tuvo en cuenta el respaldo de dos asociaciones “minoritarias” de la parte baja del barrio, aseguran.

Votación ajustada el miércoles

Como si trataran de recorrer el camino inverso a la aprobación, los antiparquímetros esperan el resultado de la votación del próximo miércoles. Ese día, el PSOE llevará al pleno de Latina una propuesta para revertir la zona SER, que cuenta con bastantes probabilidades de salir adelante.

“Pedimos que la Junta haga un proceso de consulta a los vecinos a través de Decide Madrid, como se hizo en Ciudad Lineal”, explica el concejal Pedro Barrero. El edil socialista del distrito asegura que los partidos votaron la ampliación del mes de mayo (el PSOE se abstuvo entonces) y no la extensión actual, que está provocando “problemas de efecto frontera” en la Casa de Campo o en Lucero y la disuasión de antiguos clientes de comercio local que antes llegaban a esta zona en coche. “El SER no es la panacea, se deben abordar políticas a largo plazo que sean más efectivas”, reclama.

El repetido efecto frontera se puede observar con nitidez paseando por la calle Huerta de Castañeda desde la parada de Metro de Alto Extremadura: a la izquierda, la zona SER con multitud de plazas vacías. A la derecha, calles atestadas de vehículos en el barrio de Lucero, fuera del estacionamiento regulado. Al final de esta vía se empleaba a fondo este viernes la grúa municipal para deshacer un aparcamiento ilegal que se había montado sobre uno de sus carriles de circulación.

Cerca de este lugar un veterano vecino de la parte baja del barrio, José, habla con Somos Madrid diciendo estar “encantado” con los parquímetros. Asegura que desde la primavera puede aparcar cerca de su casa sin problemas y ahora, con la ampliación, puede visitar a su familia en la zona alta llevándose su coche. “Por solo dos euros al mes -la tasa anual para residentes es de unos 24 €- me ahorro el tiempo de tener que andar buscando aparcamiento”, detalla. No lo ve igual Rogelio, un trabajador autónomo que acaba de pagar por aparcar. “Yo trabajo casi siempre en esta zona, desde que han puesto los parquímetros me ha venido fatal”, explica disgustado.

“Cuando todo el mundo tenga tarjetas del SER aquí nadie va a poder aparcar, no va a haber plazas suficientes para todos”, vaticinan desde la Asociación de Comerciantes, que creen además que el equipo de Almeida ha implantado la medida con un afán “absolutamente recaudatorio”. “Creemos que es ilegal, vamos a pelear todo lo que podamos”, advierten.

El precedente de Gallardón en 2006 y su derrota final

Madrid cuenta con una larga tradición de conflictos asociados a los parquímetros. Especialmente en los casos de nuevas implnataciones. Le ocurrió a Gallardón en 2006, cuando se vio obligado a retirarlos de los cascos históricos de Carabanchel, Hortaleza y Fuencarral debido a la presión vecinal y a una sentencia judicial.

El entonces alcalde de la capital quería llevar los parquímetros fuera de la M-30 para solucionar los problemas de movilidad en los centros de estos antiguos pueblos de la periferia madrileña. Pero se encontró con un férreo movimiento antiparquímetros compuesto por vecinos y comerciantes que se negaban a tener que pagar por aparcar y también, como ahora, destrozaron los aparatos.

Ante las protestas, Gallardón renunció a implantar la zona azul para no residentes, pero intentó por todos los medios mantener la verde. El PSOE llevó la aprobación a los tribunales al considerar ilegal su decreto de aprobación. Dos años después de batalla judicial, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ponía fin al litigio y desterraba de forma definitiva los parquímetros de estos tres distritos de la periferia.