Espaldarazo a la investigación judicial por las posibles irregularidades del festival Mad Cool en la edición de 2023. El Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid admitía a trámite en enero la denuncia presentada contra sus promotores por un posible delito contra el medio ambiente. Ahora, la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid impulsa la denuncia pidiendo diligencias de investigación, según explica en un comunicado la Plataforma Stop Mad Cool.
Las pesquisas se centran en concreto en los límites de ruido superados durante los conciertos celebrados del 6 al 8 de julio de 2023. El certamen tuvo lugar, como este 2024, en el Iberdrola Music (inicialmente bautizado Espacio Mad Cool y que tiene al propio festival como copropietario, junto a Mahou). Un recinto ubicado a pocos metros de decenas de viviendas del distrito de Villaverde en Madrid y del municipio de Getafe.
La Plataforma Stop Mad Cool, personada en la denuncia como afectada, está integrada por la Asociación Vecinal Getafe Norte y la de la Colonia Marconi. Dos entidades que reúnen a cientos de residentes críticos con las afectaciones sonoras del evento, pero también con su repercusión en la movilidad, la seguridad o la limpieza.
“La edición del festival Mad Cool 2023 se cerró con un expediente sancionador del Ayuntamiento de Madrid y 20.001 euros de multa con infracciones muy graves que, según la Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT), podrían haber alcanzado los 300.000 euros”, denuncia la plataforma a través de un comunicado. La sanción contrastaba con los 2,3 millones de euros en ayudas que el evento recibió en 2023 de los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Después del polémico desarrollo de aquella edición Almeida redujo un 80% su apoyo, pero Ayuso mantuvo una aportación millonaria.
La entidad vecinal sostiene que otros eventos celebrados en el Iberdrola Music antes o después del Mad Cool 2023 (desde los conciertos de Harry Styles hasta la edición de 2024) pudieron incurrir “en los mismos incumplimientos en materia de ruidos”, aunque todavía no estén siendo investigados, de acuerdo con las mediciones sonoras efectuadas por la Policía de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y peritos colegiados colaboradores de la Plataforma.