La afrenta se ha consumado un martes y 13. Pero las decenas de vecinas y miembros del Sindicato de Inquilinas que se han concentrado frente a la sede de la compañía Elix saben que no es culpa de la mala suerte. El responsable de su indignación es el fondo buitre que amenaza el hogar, y con ello las vidas, de cientos de residentes en varios bloques de Madrid.
La junta de accionistas de Elix ha aprobado la compra de tres nuevos inmuebles en Madrid y un cuarto en Barcelona, después de desconvocar in extremis su reunión el pasado 15 de enero, fecha inicialmente prevista para la votación. La movilización de las organizaciones por el derecho a la vivienda les hizo mover ficha, pero las protestas han sido todavía más intensas en esta ocasión. Prevenidos de esta circunstancia, esta vez el órgano se ha reunido de forma telemática. “Eso significa que nuestro mensaje les ha llegado”, presumen desde el sindicato.
No en vano, los nuevos pisos afectados llevan semanas organizándose para orquestar una respuesta judicial, mediática e incluso sociocultural a los planes especulativos que amenazan sus casas. En la calle Tribulete, 7 (Lavapiés); Boldano, 5 (Ciudad Lineal) y Salvia, 1 (Tetuán) van a hacer lo que esté en sus manos para dejar “fuera a los fondos buitre de nuestros barrios”, uno de los gritos más coreados durante la jornada.
La concentración ha tenido lugar en el número 51 de la calle Serrano, sede de esta empresa integrada en la sociedad Elix Rental Housing Socimi II, junto a AltamarCAM Partners. Esta última entidad está presidida por Claudio Aguirre, primo segundo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El fondo buitre ya posee un bloque en Canillejas y otro en el número 22 de la calle Galileo, en el distrito de Chamberí, donde empezaron a maniobrar no sin encontrarse con una importante resistencia vecinal.
Movilización instantánea y organizada
Una batalla que ya se ha extendido a los otros edificios amenazados. Vecinos y comerciantes de Tribulete han logrado un eco informativo en tiempo récord, pero la situación es igual de cruda en los otros dos casos madrileños (al que hay que sumar un cuarto en Barcelona, aunque el Sindicato de Inquilinas estima que la sociedad planea adquirir hasta 25 inmuebles en todo el país).
Pilar, vecina de la calle Salvia, ya ha recibido un burofax que le comunica que debe dejar su casa antes del 3 de marzo. Es decir, le trasladan la intención de expulsarla antes incluso de que la adquisición se oficialice. Ella, por supuesto, no está dispuesta a abandonar un bloque en el que lleva “toda la vida” y donde su madre reside desde los años sesenta.
De este modo, 20 familias de Tetuán que pagan 400, 500 o 600 euros se enfrentan a auges de las mensualidades que pueden multiplicar estas cifras por dos o por tres. Eso en los casos en los que la nueva propiedad tenga intención de mantener el modelo y no apostar por viviendas de uso turístico o alquileres de periodos cortos dirigidos a visitantes europeos o estadounidenses.
“Van a hacernos la vida imposible”, teme Pilar en su conversación con Somos Madrid durante la manifestación. La asesoría del Sindicato de Inquilinas ha sido vital para conocer su realidad y sus vías de actuación, pero también ha puesto ante sus ojos a qué se están enfrentando. Así lo exponen fuentes de la organización: “Estos fondos buitre se encargan de llevar al límite a los vecinos dejándolos a su suerte. Incluso hacen desperfectos y destrozos en los edificios que adquieren para hartarles y provocar que se vayan a cambio de lo mínimo posible. Eso sí, una vez los inquilinos se marchan, se encargan de reformar las viviendas y venderlas como pisos de lujo”.
Reproches al Gobierno central
Desde el Sindicato han aprovechado la multitudinario concentración para recordar sus múltiples reivindicaciones. La más básica es eliminar la fórmula de las Somici (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), que permite “pagar menos impuestos a quienes eliminan la vida de los barrios”. Abogan además por reforzar y proteger los mecanismos de tanteo y retracto, así como por la expropiación de viviendas administradas por entidades verticales como Elix Rental Housing Socimi II, que “convierten un bien básico en puro mercadeo”.
Unas reivindicaciones dirigidas al Gobierno central que este martes han podido exponer a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. La edil acudió a la cita para mostrar su “respaldo absoluto a los vecinos”, además de insistir en una actuación del Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida que tranquilice a los residentes. “Aunque la Comunidad de Madrid aplicara la Ley de Vivienda, esa regulación no podría evitar lo que está ocurriendo en estos edificios”, le reprochó sin embargo un miembro del sindicato. Finalmente, la concejala abandonó la protesta unos minutos después de su arranque.
“Hoy los políticos han venido para hacerse la foto”, opinan varias manifestantes. Algo más tarde, la exdiputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto, muy ligada al movimiento en defensa del derecho a la vivienda también como jurista, es mucho mejor recibida.
Pero el principal foco de atención es un gentío que corea eso de “Madrid será la tumba del rentismo”. Gritan “que no / que no / que no tenemos miedo / que sí / que sí / que sí tenemos rabia”. Y el greatest hit es sin duda la cumbia de la inquilina: “Todas las inquilinas / tenemos un deseo / abolir la renta / con este meneo”. Quizá bailando en la puerta de quien cree que puede pisotearte sin que opongas resistencia la rabia camba de lado, aunque sea solo por unos minutos.