Incertidumbre sobre el multidesahucio previsto este miércoles en Puente de Vallecas

El pasado 4 de julio el color verde del movimiento de vivienda irrumpió ruidosamente en la sede del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que ostenta la titularidad del capital público de Sareb, para pedir soluciones ante distintos desahucios en pisos de la entidad. Se pedía interlocución con Sareb, con los ministerios de Economía, Comercio y Empresa, y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La interpelación a los ministros Carlos Cuerpo y Pablo Bustinduy ha sido frecuente en las últimas comunicaciones de Plan Sareb, campaña por la vivienda en nombre de la que se produjo la ocupación temporal del FROB.

La Sareb, habitualmente nombrado como “banco malo” es la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. Se creó en 2012 para gestionar los activos considerados problemáticos de las antiguas cajas que habían recibido ayudas públicas. En 2022, el Estado, a través del FROB, tomó el control de la sociedad después de que Bruselas le obligara a asumir como propia toda su deuda.

El movimiento de vivienda creó la campaña Plan Sareb, de dimensión estatal, para negociar colectivamente regularizaciones de los contratos sin lo que consideran cláusulas abusivas ni obligación permanente de demostrar pobreza y “buena ciudadanía”. En opinión de los colectivos que componen Plan Sareb (agrupa a activistas y moradores de pisos en distintas situaciones), la entidad no ha conseguido resolver los problema de los inquilinos y ha intentado desahuciar constantemente a muchos de los vecinos mientras que mantiene una bolsa de alquileres precarios.

Entre los 27 desahucios previstos en las últimas semanas (algunos se han ejecutado y otros se han paralizado) figuran los doce que están programados el 10 de julio en la calle El Yesero en Palomeras Sureste (Puente de Vallecas), que afectan a vecinos que tenían un contrato de alquiler con promotoras quebradas cuya deuda asumió Sareb. Después de la acción del pasado día 4 de julio, Sareb ha pedido el aplazamiento al juzgado para tener más tiempo y atestiguar “si existen o no situaciones de vulnerabilidad” pero éste aún no se ha confirmado.

Desde Plan Sareb denuncian, además, dos intentos de desalojo extrajudicial en El Yesero durante el último intento de desahucio parado en abril, uno de ellos ejecutado. Según explican, los cerrajeros clausuraron la casa de un vecino a pesar de que ya se había suspendido el lanzamiento. Una segunda se intentó cerrar también sin éxito. Se han presentado denuncias por los presuntos allanamientos, de los que los activistas culpan tanto a Sareb como a las entidades colaboradoras.

Sareb utiliza los servicios de diferentes entidades colaboradoras para gestionar su cartera de viviendas, incluyendo los asuntos contractuales y la recogida de documentación que evidencia la vulnerabilidad de los inquilinos, necesaria para entrar en los programas de alquiler social que, en su opinión, se usan para presionar a los vecinos y que se acaben marchando. Según Sareb, en cambio, se trata de programas garantistas que ya han desembocado en siete alquileres sociales en la calle de El Yesero. De momento, el intento de desahucio sigue en pie y los vecinos afectados en la calle El Yesero esperan noticias con inquietud, según nos trasladan.