“!NOTICION! Salvador Martinez Lozano, uno de los bloques en lucha contra la SAREB, ha firmado contratos para todos sus inquilinos, ha sido duro y no termina la lucha. Han luchado codo a codo con nuestra asamblea y en el #PlanSareb y lo han conseguido”, decía un mensaje de la cuenta de PAH Vallekas el pasado 29 de abril. Era el primero de un hilo que explicaba la maratoniana historia de lucha vecinal de las vecinas del bloque para quedarse en sus casas.
Todo había empezado dos años atrás. La calle Salvador Martínez Lozano es una vía arquetípica de Puente de Vallecas, estrecha, con casas de poca altura (alguna de una sola planta en mal estado, alguna de ladrillo obrero). Ese día, Ana Palomeque salió de su casa un momento y, al volver, casi se encuentra en la calle junto con las otras cinco familias del bloque en el que vive.
Llevaba viviendo allí y pagando religiosamente el alquiler desde el año 2013, al principio a través de una inmobiliaria y, después, al administrador de una nueva sociedad que, se suponía, se había hecho con sus pisos. El nuevo representante de la propiedad (que luego sabrían eran en realidad las mismas personas que le venían cobrando desde el principio bajo otro nombre mercantil) comenzó a recaudar el alquiler en mano y con una periodicidad incierta. “A veces tenía que andar persiguiéndole para que viniera a cobrar”, explica Ana.
Aquel mismo día le había llamado por teléfono. No podía ir hasta la casa y la conminaba a acercarse a un aparcamiento cercano para llevarle el dinero. Al salir por el portal, vio a la policía por la zona pero no le dio importancia -“es habitual que estén por el barrio”, añade-. De vuelta a casa, recibo en mano, es cuando se encontró el pastel en el portal. Allí estaba Taty, otra vecina, hablando con la policía, que no les permitía el paso a su edificio. Una procuradora enseñó la hoja de lanzamiento del edificio. “Las palabras que allí ponía no eran nuevas para mí, ya había vivido un desahucio hipotecario antes, de una casa que llevaba quince años pagando”, cuenta recordándolo con pesar.
Pronto sabrían que tras una ejecución hipotecaria a la empresa, Sareb se había quedado sus casas y los extraños administradores resultaron ser una entidad que administraba sus pisos para la entidad, que los denunciará por estafarlos a ellos también al destaparse la estafa.
Sareb, popularmente conocida como el “banco malo”, son unas siglas que no se terminan de entender bien por poco desarrolladas: Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. Traducción simplista: es una entidad creada en 2012 para gestionar y vender los activos considerados problemáticos de las antiguas cajas de ahorro y sus filiales, que habían recibido ayudas públicas. Por aquel entonces se hablaba de activos tóxicos y rescate. Aunque nació mayoritariamente participada por el sector bancario y asegurador, en 2022, el Estado, a través del FROB, tomó el control de la sociedad después de que Bruselas le obligara a asumir como propia toda su deuda.
“Tienes dos horas para recoger las cosas y marcharte”, escuchó Ana. Solo pudo sentarse en el rellano y romper a llorar. Fue entonces cuando la procuradora del juzgado se interesó por su situación. Preguntó si los pisos estaban habitados y le permitió entrar a por su contrato y los recibos que guardaba escrupulosamente. Después de llamar al juzgado, y ante el visible enojo de la representante de la propiedad (Sareb), consiguió una prórroga de treinta días.
La sorpresa del resto de vecinos fue también general al regresar a casa del trabajo y encontrarse las notificaciones en el buzón. Ana había militado en el 15M y luego en la PAH. Sus interminables jornadas laborales en hostelería le habían impedido continuar la labor activista pero conservaba algunos contactos. Así es como se acercaron a la asamblea de PAH Vallekas y empezaron su lucha colectiva a través de Plan Sareb.
La opinión del movimiento por la vivienda es que en todos estos años la entidad no ha conseguido solucionar los problemas de los inquilinos y, en cambio, se ha limitado a vender, desahuciar de forma sostenida y mantener una bolsa de alquileres precarios para evitar la mala prensa. Es por ello que distintos colectivos de vivienda crearon la campaña estatal Plan Sareb para conseguir regularizaciones de los contratos a través de negociaciones colectivas, sin cláusulas abusivas ni obligación de demostrar constantemente pobreza y “buena ciudadanía”.
Desde Plan Sareb consiguieron una nueva prórroga de sesenta días, llevaron a cabo mediaciones colectivas, algunas acciones activistas, cosecharon algo de atención mediática… el ciclo y los repertorios habituales del movimiento por la vivienda, cuya actividad es mucho mayor que la imagen de un stop desahucios que todos tenemos en mente.
“La negociación con la Sareb por el bloque de Salvador Martínez Lozano han sido dos años en los que nos hemos encontrado de todo. Nosotras en todo momento queríamos una mediación colectiva directa con Sareb, sin empresas gestoras intermediarias”, explica Mercedes, portavoz de PAH Vallekas y Plan Sareb.
Estas empresas contratadas por el banco malo para gestionar su cartera de vivienda (Servihabitat, GIC-Gestión Inteligente de Conflictos, entre otras ) son un verdadero quebradero de cabeza para vecinos y activistas. Con frecuencia, se asignan las viviendas a diferentes entidades, dificultando el establecimiento de una única mesa de negociación. “Al menos conseguimos al final tratar con una sola gestora”, cuenta Mercedes.
Las complicada vida de los inquilinos de la Sareb
“La negociación se atascó durante meses porque Sareb se empeñaba en mandar individualmente los borradores de los contratos. Cuando al final conseguimos que los enviaran a PAH Vallekas y Plan Sareb pudimos constatar que, como siempre, contenían cláusulas abusivas”, explican desde la asamblea de vivienda. Los precios de mercado que figuran llegan a los 1.200 euros en algunos casos y las bonificaciones (subvenciones a una parte de la renta) se fijan sobre esta cantidad. Es posible que el primer año los inquilinos paguen 300 euros pero a los nueve meses o al año el inquilino debe volver a presentar toda la documentación para confirmar la situación de vulnerabilidad.
Las entidades intermediarias también se dedican a recabar esta documentación -“pedir el carné de pobre” lo llaman los afectados- y valorarlo según unos criterios de vulnerabilidad que no son públicos. Además, la bonificación está vinculada a un acompañamiento sociolaboral gestionado por las mismas empresas. En el caso de Ana el precio de mercado son 900 euros por una casa que tiene 36 metros cuadrados. Su hijo ha empezado a trabajar y teme que por ello no les renueven la bonificación dentro de unos meses.
El temor es generalizado y fundamentado en la experiencia. Se retiran las bonificaciones y se empiezan a pasar automáticamente los alquileres a precios de mercado, generándose inmediatamente lo que desde PAH Vallekas tildan de deudas ilegítimas.
Por si fuera poco, la Sareb es “un pésimo casero”, explica Mercedes, que añade que no pagan nunca la comunidad de las viviendas que gestionan, lo que supone un señalamiento de los inquilinos entre el resto de vecinos propietarios. Además, las condiciones de habitabilidad no siempre son las mejores y la falta de aislamiento de las ventanas supone que los inquilinos tengan que hacer frente a facturas de la luz altas.
“En el caso de Salvador Martínez Lozano sabemos que lo que empieza ahora es también complicado”, admite Ana. Cuando hablamos con ella el pasado día 10 de mayo aún no habían pasado el recibo a la mitad de los vecinos. “No ponen fácil pagar, a veces a través de unos códigos QR que ellos mismos admiten que no funcionan, y si dejas de hacerlo algún mes te rescinden el contrato”, explica la vecina.
A pesar de la letra pequeña, la regularización es un paso importante. “Alguna gente igual piensa que preferimos estar ahí sin pagar, no entienden lo que es no saber si te vas a encontrar con una chapa en la puerta, con tus cosas dentro y sin que tu hijo tenga donde dormir”, dice con la voz cargada de emoción.
Queda lucha por delante para Ana y sus vecinos pero algo ya se han llevado: saber el camino y conocer a los compañeros. “La vecina que menos tiempo llevaba en la casa estaba aquí hace cinco años cuando empezó todo y a pesar de ello no nos conocíamos. Pasábamos todo el día trabajando. Ahora somos una familia, dentro de todo lo malo que hemos pasado queda saber que no estamos solos”.