Más Madrid ha denunciado ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, “la dejación de funciones en materia de inspección y disciplina urbanística” respecto a los inmuebles de uso turístico por parte del Ayuntamiento de la capital, dirigido por José Luis Martínez-Almeida. “El desinterés de Almeida por este problema es otro ejemplo más de un alcalde al que la vida de sus vecinos y vecinas no le importa en absoluto, lleva cuatro años de abandono de los barrios, de la gente y de sus problemas”, ha argumentado el portavoz de la formación en la campaña electoral para las elecciones municipales, Eduardo Rubiño.
La queja llega después de conocerse que el equipo de inspección de pisos turísticos del Ayuntamiento ha sido diezmado. La plantilla ha pasado de 22 a 11 trabajadores y se ha integrado en la Agencia de Actividades del consistorio, sin dedicación íntegra a la vigilancia de estos alojamientos, según avanzó El Periódico de España a partir de un informe de la propia Agencia. Así, el número de expedientes disciplinarios ha disminuido de 968 en 2021 a 256 el pasado 2022.
La portavoz adjunta de Más Madrid en el Ayuntamiento, Pilar Sánchez, ha utilizado estos datos para arremeter contra la gestión de Almeida: “Sabemos que lo que funciona lo toca y lo estropea, como ha hecho con el 010 o cuando ha sido incapaz de cobrar los impuestos a los vecinos y vecinas”.
Rubiño ha recordado que el problema de la vivienda “es uno de los más graves que tienen los madrileños y madrileñas, con 16 de los 21 distritos alcanzando el precio récord por metro cuadrado para el alquiler y cuando solo 15 de cada 100 jóvenes pueden emanciparse en la ciudad”. Y añade: “No puede ser que determinadas zonas de la ciudad como el Centro, como Sol, hayan perdido ya el 15% por su población al expulsarse a la ciudadanía para abrir este tipo de viviendas”.
La oferta de alquileres anunciados en Idealista es inferior a los apartamentos turísticos ofertados solo en Airbnb: 8.323 frente a 13.251, como recoge El Mundo. Una cifra que supera ampliamente las 250 licencias municipales concedidas, lo que supone que solo el 1,89% operaría legalmente. “Si recortas el personal que hay para perseguir el uso fraudulento de este tipo de viviendas lo que tienes es barra libre para el uso fraudulento de una actividad como esta, que debería estar regulada y hacerlo de acuerdo a los intereses de los madrileños y madrileñas”, ha concluido Rubiño.