Almeida prepara el desahucio de las decenas de familias que habitan Luna 32

El 3 de noviembre, a las 8.30 horas. Es la fecha fijada para que las personas que viven en Luna 32 empiecen a salir por su propio pie del que ha sido su hogar durante más de una década. De resistirse, serán desahuciados por la policía. Los lanzamientos se van a ir produciendo a cuentagotas, habitación por habitación, a lo largo de las próximas semanas. Es la estrategia que va a seguir el Ayuntamiento de Madrid para vaciar el edificio, según denuncian los vecinos a Somos Malasaña.

En la puerta del lugar hay un cartel que atestigua que es de propiedad municipal. Lo colocó hace poco la Junta de Centro, pese a que forma parte de su inventario desde 2005, cuando el consistorio expropió este edificio histórico a un inversor iraní, en una compra que completó en 2011. También puso recientemente vigilancia jurada las 24 horas del día, para tener controlados a los que entran y salen de lo que un día se conoció como el Palacio de la Infanta Carlota. Una joya de 1775 ideada por Juan de Villanueva que el citado expropietario -Teafi Alí- destrozó con una reforma sin atender a su valor patrimonial, al poco de adquirirlo a través de su inmobiliaria, Cintia Real.

De la época del iraní quedan todavía algunos inquilinos, que le pagaban un alquiler para poder residir allí y se quedaron cuando se produjo el cambio de propiedad. Otros fueron llegando después, llenando todas las habitaciones del edificio, hasta convertirlo en la mayor bolsa de infravivienda pública en la ciudad de Madrid. Los intentos de vaciarlo se han sucedido en el tiempo (ver más abajo la cronología), pero hace un año y en plena pandemia, el gobierno de Almeida decidió iniciar el procedimiento para completar el desahucio judicial. Esta semana han ido llegando las primeras comunicaciones de lanzamiento.

“No entendemos cuáles son las prisas para el Ayuntamiento, desahuciar a toda esta gente sin cerrar por escrito una solución habitacional muestra su total falta de humanidad”, se queja Jordi Gordón, de las asociaciones Acibu y SOS Malasaña. Los vecinos llevan ya mucho tiempo asesorando a los habitantes de Luna 32 y ahora intentan frenar los desalojos por motivos humanitarios, alegando la falta de soluciones habitacionales para todos los que allí viven, algunos en condiciones realmente extremas: dentro hay personas en tratamiento por dolencias graves, una a la que tuvieron que amputar un pie, madres solteras con varios niños a su cargo...

Es difícil calcular cuánta gente vive en el antiguo palacio de la Infanta Carlota. Hace un año, cuando comenzó el proceso judicial de desahucio, rondaban las 200 personas, entre ellas unos 40 niños. Muchos de ellos han vivido siempre entre estas paredes y están escolarizados en los colegios de la zona, comparten clase con compañeros que no se imaginan lo precario de su situación. Todos son ajenos a lo que se les viene encima a partir de la semana que viene.

Alojamientos temporales

“Desde el primer momento, a las familias se les han ofrecido alternativas y atención de los Servicios Sociales, si bien muy pocos han recurrido a ellos”, explican desde el Ayuntamiento, en respuesta a las preguntas de Somos Malasaña. Y ponen como ejemplo el de las nueve familias afectadas por el próximo lanzamiento: “Solo tres han recurrido a los Servicios Sociales y podrán acceder a una prestación de alojamiento alternativo”. 

Los vecinos denuncian que desde los Servicios Sociales municipales solo se les ha ofrecido alojamientos temporales “durante dos o tres meses”, algunos de ellos en habitaciones dentro de pisos compartidos, en diferentes localizaciones de Madrid, algunas lejos de los colegios de los niños residentes. Ninguno de los ofrecimientos están por escrito, aseguran.

“A la mayoría se les está tratando como a okupas, pese a que viven una situación de vulnerabilidad, con muchos menores y personas enfermas”, denuncia también Mar Barberán, concejala de Más Madrid, que visitó esta semana el edificio para enterarse de primera mano de la situación.

“A muchos les dicen que se busquen la vida, la opción que les dan los Servicios Sociales es la de ayudarles a buscar un alquiler a precios de mercado, pero es algo casi imposible para gente que tiene trabajos basura o limpian casas sin ningún contrato laboral”, añade Barberán. La edil de la oposición cree que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad con todas las personas que viven en este edificio municipal, que debería “realojar sí o sí en otro lugar” en vez de aplicar sobre ellos técnicas de mobbing inmobiliario.

Después del desalojo de Luna 32, el Ayuntamiento planea rehabilitarlo y, según ha manifestado, abrirlo a la ciudadanía convertido en espacio dotacional del que se beneficie el barrio, probablemente una residencia para mayores. Pero nada de eso se ha sustanciado en ningún presupuesto ni en ningún compromiso firmado por los responsables municipales

En el interior, el edificio está apuntalado gracias a unas obras de consolidación municipales que evitaron cualquier peligro de derrumbe inminente. Acibu no cree necesario vaciarlo hasta que el Ayuntamiento de Madrid tenga claro qué quiere hacer con él y lo refleje en un presupuesto: “La gente está dispuesta a marcharse si les dan una alternativa”, aseguran.