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“Fuera cocinas de nuestros barrios”: vecinos exigen al Ayuntamiento de Madrid que acabe con los permisos industriales junto a sus casas

Diego Casado

14 de noviembre de 2021 13:18 h

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“Los barrios unidos jamás serán vencidos” coreaban los cientos de manifestantes que este domingo por la mañana se juntaron ante la Casa del Reloj de Arganzuela, junto a Matadero, para mostrar su enfado por la existencia de decenas de cocinas industriales bajo sus viviendas. Habían acudido desde Prosperidad, Tetuán o Malasaña, convocados por los vecinos de Arganzuela, uno de los distritos donde más problemas están causando estas instalaciones fantasma donde se preparan envíos de comida a domicilio.

Al grito de “no todo vale, ¡cocinas ilegales!” la marcha partía del colegio público Miguel de Unamuno, que desde hace meses denuncia la construcción de varias cocinas fantasma con cuatro enormes chimeneas junto al patio por el que pasan cada día casi un millar de alumnos. El inicio del recorrido, con varios niños sujetando la pancarta que abría la protesta, pasaba por delante de la entrada de repartidores a estas instalaciones, donde según las familias se registran cada semana numerosas irregularidades.

“Es descorazonador que en Madrid se permita la instalación de una fábrica junto a un colegio con 900 menores”, denunciaban durante la protesta una portavoz del Ampa de este centro escolar. “No es la ciudad que queremos para nuestras familias”, advertía antes de anunciar que mañana lunes el Ayuntamiento recibirá miles de firmas pidiendo cambios legislativos importantes en la normativa que tramita el área de Desarrollo Urbano. Los afectados por las dark kitchens consideran que la futura norma municipal está llena de “medidas muy laxas e insuficientes”.

El gobierno de Almeida intentar ordenar a contrarreloj una actividad que ya estaba antes de la pandemia pero que se ha multiplicado exponencialmente en los últimos meses, debido al auge de la comida a domicilio. “Han sido muchos meses escuchando al ayuntamiento que no pasaba nada y que estaba todo bien”, se quejan los vecinos que sufren los humos y el trasiego de estas cocinas fantasma y que en el mes de julio se encontraron con el anuncio del Ayuntamiento de que detenía la concesión de licencias para iniciar una reforma legal.

Humos, muchos repartidores en calles estrechas o ilegalidades variadas son las que denuncia, por ejemplo, Alicia, una de las vecinas de la calle General Zabala, en Prosperidad. Allí funcionan desde hace un año un supermercado online y ocho cocinas fantasma. “Los pobres riders ganan dos duros, con un trabajo precario, y nos los echan encima a nosotros como que les queremos boicotear el trabajo”, se queja. “Nada más lejos de nuestra intención”, añade antes de recalcar que no están en contra de la comida a domicilio, siempre que se prepare en polígonos industriales y no bajo las casas de los madrileños.

En José Calvo (Tetuán) siguen con los mismos problemas que ya contamos en este medio hace unos meses. “Hace dos semanas hubo un incendio” añaden dos de los vecinos de estas instalaciones, que en su caso suponen más de una veintena de puestos para cocinar y un goteo constante de repartidores en moto a las puertas de sus casas.

En el Paseo Imperial no vieron venir el problema hasta el pasado mes de junio, cuando empezaron las obras en un suelo industrial pegado a sus viviendas para abrir hasta 21 cocinas divididas en dos locales. El primero abrió hace dos semanas pese a que -en teoría- existe prohibición de conceder nuevas licencias hasta que se apruebe la legislación municipal que las regule. “No sabemos cómo, pero tramitaron la licencia en una semana justo antes de la modificación”, cuenta Esther, que las ha empezado a sufrir debajo de su vivienda. “Tenían información privilegiada, porque cuentan con contactos en el Ayuntamiento en todo momento”, asegura.

También han acudido de la calle San Bernardino los vecinos de las Smart Kitchens, unas cocinas abiertas hace unas semanas y que este sábado empezaron a operar desde las 9.00 de la mañana a las 23.30 de la noche. Los habitantes de esta zona de Malasaña-Conde Duque temen que al final acaben encendiendo sus fogones las 24 horas del día, denuncian mientras enseñan una copia de la licencia que pidió este negocio.

Las exigencias de los vecinos

A la manifestación de este domingo, que se inició pasadas las 11.30 horas frente al colegio Miguel de Unamuno y que finalizó una hora después frente a la Junta de Arganzuela, en Madrid Río, acudieron cientos de vecinos de todas las edades -especialmente familias, aunque también jóvenes y mayores- y algunos políticos. Por allí pasó Marta Higueras, de Recupera Madrid, quien denunció “la inseguridad, los malos olores, los humos y las molestias” que generan estas instalaciones, por lo que pidió la paralización de todas las licencias en marcha y la desaparición de las que ya están en funcionamiento.

El número de cocinas fantasma se ha disparado en Madrid con la pandemia y el auge de la comida a domicilio. Más Madrid calcula que existen 190, ubicadas en 26 emplazamientos. El PSOE alertó hace unos meses de que a final de año habría unas 250 instalaciones de este tipo. De momento, el área de Desarrollo Urbano no ha desvelado si va a asumir algunas de estas demandas vecinales. Su normativa limitará el tamaño de las nuevas cocinas -no de las anteriores- a 350 metros y la entrega de los pedidos a los riders tendrá lugar siempre dentro del local, entre otras medidas previstas.

Los vecinos presentarán a través de la FRAMV este lunes sus propuestas para mejorar la normativa que regulará las cocinas fantasma, además de miles de firmas apoyándolas. Entre las reclamaciones vecinales más importantes están las de limitar a cuatro el máximo número de cocinas por local, una distancia mínima de 500 metros a centros escolares, hospitales y similares, limitar su horario de actividad de 10.00 a 22.00, prohibir la venta directa al público y que sean necesarios informes ambientales y de movilidad para abrir estos negocios. Además, quieren que todas estas condiciones sean aplicables a las licencias ya concedidas, con un periodo de un año para que las empresas que ya operan se adapten a estas exigencias.