La pareja de Ayuso denuncia al Gobierno de Almeida por la filtración de datos sobre las obras ilegales de su piso

Alberto González Amador ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al Ayuntamiento de Madrid, acusándole de filtrar datos relativos al expediente de las obras ilegales que acometió en su piso de Chamberí en el año 2022. Lo asegura El Debate, que cita “fuentes próximas al consistorio” para informar sobre esta demanda, en la que sus letrados piden que se identifique a los presuntos responsables de la fuga de información.

El citado periódico asegura que tanto PSOE como Más Madrid tuvieron acceso al expediente sobre los trabajos sin licencia, depositado en la Junta de Chamberí, datos que González Amador no había podido consultar en su totalidad según la misma información. Por ello, pide a la AEPD que actúe de oficio para investigar los hechos. Su pareja, Díaz Ayuso, ha confirmado la presentación de la denuncia y ha respaldado esta acción alegando que se han filtrado “datos personales”.

El expediente de obras sobre el piso en el que González Amador vive con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de polémica desde que se conociera que fue reformado gracias a unas obras sin licencia, como avanzó Somos Madrid a mediados de mayo y corroboró el propio Ayuntamiento a finales del mismo mes con una inspección in situ.

El inmueble fue adquirido en verano del año 2022, después del fraude fiscal confeso de Alberto González que fue desvelado por elDiario.es el pasado mes de marzo. En agosto de 2022 empezó a demoler su interior amparándose en una declaración responsable, que el Ayuntamiento de Madrid le indicó después que no era suficiente para acometer los trabajos. A finales de ese año, dos resoluciones municipales le ordenaron detener unos trabajos que, sin embargo, siguieron adelante.

Las dos resoluciones negando las obras fueron firmadas por la coordinadora general de Chamberí. Como contó este medio, fue cesada en su puesto después de la reelección de Almeida como alcalde. Al igual que el concejal de Chamberí del momento en el que se tramitó la denegación de la obra, Javier Ramírez, ha acabado lejos de este distrito. Actualmente es subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid. El Ayuntamiento de Madrid asegura que el cese fue voluntario porque la coordinadora “quiso volver a su plaza”. Fuentes internas del PP consultadas por este periódico aseguran que la salida de Ramírez de las listas –fue hundido al puesto 33– se debió a una “represalia” por haber puesto reparos a las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid.

Cerrojazo informativo y denuncia del PSOE

La denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por parte de Alberto González llega pese al celo demostrado por el equipo del alcalde Almeida en mantener un cerrojazo informativo sobre el expediente abierto por las obras ilegales. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz llegó a asegurar que no iba a filtrar “ni un solo dato”, defendiendo la amputación del expediente entregado a la oposición.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este viernes que se ha producido una filtración de los datos y ha anunciado que investigará los accesos “indebidos” a la base de datos del Ayuntamiento. Es “obvio”, ha dicho en declaraciones a los medios ante la fuga de información. “Nosotros somos los primeros interesados en esclarecer quién ha accedido indebidamente a las bases de datos del Ayuntamiento de Madrid y ha hecho un uso espurio y posiblemente ilegal de datos”.

“Es una persona que ha debido tener autorización para acceder a bases de datos del Ayuntamiento de Madrid (...) aquí tienen acceso concejales y funcionarios”, ha apostillado antes de defender al presidente de Chamberí, Jaime González Taboada, cuyo cargo no está en “entredicho” porque ha afirmado que él no tiene “ningún tipo de responsabilidad”.

El PSOE denunció primero ante la Oficina Antifraude del Ayuntamiento y luego ante la Junta de Chamberí la entrega mutilada de la información sobre las obras, a través de varias fotocopias de documentos sin numerar, con abundantes tachones y páginas enteras en negro para ocultar datos clave en la revisión de este caso.

Hoy, después de que se conociera la denuncia, los socialistas han asegurado que respetan “siempre el principio de confidencialidad y el deber de secreto de todos los datos, de éste y de los demás expedientes que recibe”. También han recordado que la documentación del expediente estaba disponible en el sistema Conex del Ayuntamiento, una web de acceso público que en el momento en el que se hizo público el caso del piso permitía la descarga de archivos a cualquier ciudadano. Su portavoz municipal, reyes Maroto, ha destacado que “ayer Almeida calificó de ridícula nuestra denuncia ante la Fiscalía, me gustaría saber cómo califica la presunta denuncia de la pareja de la presidenta por el mismo motivo y si ha hablado con Ayuso sobre este asunto”.

Mientras los tribunales dirimen estas cuestiones, la legalización de las obras sin licencia en el piso donde vive la presidenta regional avanzan en paralelo. Una vez que el Ayuntamiento de Madrid ha comprobado su ejecución fraudulenta, se ha iniciado el proceso para que Alberto González restituya el inmueble al estado anterior o bien legalice los trabajos. En el segundo caso deberá abonar probablemente una multa, todavía pendiente de cuantificar.

Más Madrid: “Ayuso quiere mandarle un recado a Almeida”

El otro partido político que aparece en la denuncia, Más Madrid, califica de “cortina de humo” la demanda. “El problema no es la filtración de un expediente, sino el trato de favor que ha tenido el clan Ayuso por parte del Ayuntamiento de Almeida”, explican fuentes del partido de Rita Maestre, que denunció el pasado 20 de marzo las irregularidades urbanísticas en el piso de Alberto González Amador, lo que obligó al consistorio a inspeccionar el inmueble.

Además, advierten que “si con esta clase de maniobras piensan que van a evitar que sigamos siendo los ojos, los oídos y el altavoz de los desmanes que el PP quiere hacer a puerta cerrada, no lo van a conseguir. Más Madrid seguirá combatiendo los abusos de Ayuso y Almeida en primera línea”. Por último, el partido de Rita Maestre interpreta que, con esta demanda, “parece que Ayuso quiere mandarle un recado a Almeida a través de la Agencia Española de Protección de Datos, porque no le gusta que la ley sea igual para todos”.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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