Afectados por los cortes de Luz en la Cañada Real han presentado este miércoles una denuncia contra la Comunidad de Madrid y Naturgy/Unión Fenosa por la presunta vulneración de Derechos Humanos respecto a las más de 4.000 personas damnificadas por la interrupción del suministro eléctrico. Desde hace dos meses, dos de los sectores de la Cañada Real están siendo afectados por cortes de luz como consecuencia de la sobrecarga en la red que producen consumos no localizados, de hasta cinco veces el consumo normal según la Comunidad de Madrid.
El resultado de esta situación son 40 personas intoxicadas por inhalación de gas, según los denunciantes. En la noche del 14 al 15 de diciembre, una madre y tres jóvenes han tenido que ser ingresados en el hospital por inhalación de gas y anoche hubo un niño con síntomas de congelación, aseguran.
La denuncia, registrada por el abogado Javier Rubio en representación de la asociación vecinal Tabodal, sostiene que la administración regional y la compañía eléctrica estarían incurriendo en delitos de “trato denigrante, lesiones, daño y coacciones para abandonar el asentamiento” al no reestablecer la luz en la zona.
“Esta situación no se puede sostener porque es una vulneración de Derechos Humanos. Después de dos meses con reuniones, manifestaciones, informes médicos... estamos ya llegando al invierno y ya hay 40 intoxicados. Nadie da ninguna solución y no nos queda más remedio que pedir a la Justicia que ponga orden y restablezca el suministro”, ha recalcado el letrado, quien reclama igualmente que se depuren responsabilidades políticas.
Asimismo, ha criticado que las administraciones escuden la interrupción del servicio en la sobrecarga que hay de luz como consecuencia de las plantaciones de marihuana. “Pensamos que eso es echar balones fuera. Si hay sobrecarga, que se suba la potencia, y si hay plantaciones, que se desmantelen”, ha aseverado. “Los posibles delitos de un número un número contado de personas no justifican la crisis humanitaria que se ha provocado sobre el resto”, dice el comunicado enviado por los afectados.
Rubio ha recordado que existe un pacto regional firmado por todas las administraciones -Comunidad de Madrid, tres ayuntamientos (Madrid, Rivas y Coslada) y la Delegación del Gobierno- y en uno de sus apartados se establece la garantía del suministro eléctrico en toda la Cañada Real. “Eso se está incumpliendo desde hace dos meses y los servicios sanitarios están alertando de ello”, ha subrayado.
La compañía distribuidora de electricidad en la Cañada Real Galiana tiene localizados un total de 50 enganches ilegales a la red que registran “consumos de escala industrial” y que estarían abasteciendo tanto a las viviendas de la zona como a “las plantaciones de droga”. Agentes de la Policía Nacional realizaron cinco registros simultáneos en varias parcelas ubicadas en el enclave, donde desmantelaron dos puntos de venta de droga y tres zonas donde almacenaban las sustancias estupefacientes; una operación que concluyó con seis detenidos.