Vecinos afectados por la línea 7B de Metro acampan para denunciar su situación: “Llevamos dos años con las vidas rotas”

Las familias afectadas por el hundimiento de parte de la línea 7B de Metro de Madrid no pueden más. En la entrada de San Fernando de Henares, municipio de 40.000 habitantes a 20 kilómetros al este de Madrid, 24 de ellas han decidido levantar un campamento para protestar por el trato que reciben por parte de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ante la pérdida de sus viviendas. Construida en el año 2007 bajo el gobierno de Esperanza Aguirre (PP), la línea de metro ha sufrido constantes y prolongados cortes por los estragos que llevan causando todo este tiempo, en los últimos 15 años, las obras que se realizaron en un terreno inadecuado y que ha afectado a cientos de viviendas. Todo es consecuencia las prisas electorales del PP por construir las líneas antes de las elecciones de aquel año, desoyendo a los técnicos y profesionales. Las consecuencias ahora las sufren estas familias, que vieron cómo derrumbaron su edificio hace casi dos años.  

El problema de origen tiene que ver con el agua: las estaciones están construidas encima de un subsuelo en el que existe una gran acumulación de sal, que son los restos de un mar prehistórico. Con las obras, la perforación de este subsuelo desequilibró las aguas subterráneas, que empezaron a disolver la sal y a dejar sin sustentación a los edificios de la localidad. Por eso, no solo las viviendas se han hundido unos metros, sino que la sal entra en el túnel y corroe los trenes.

En lo que pretende ser una acampada indefinida, estos vecinos que se han quedado sin sus casas se pasan día y noche en este parque y van a seguir haciéndolo hasta que la Comunidad de Madrid les de una solución. “Reivindicamos que nos den nuestra indemnización para poder comprarnos un piso”, expresa Rosario Ramos, una mujer jubilada que llevaba viviendo 40 años en ese piso, hasta que destruyeron el edificio y tuvo que irse a casa de su hija.

Fue en 2020 cuando los afectados, reunidos en la asociación Vecinos de San Fernando Afectados por la Línea 7B, comenzaron a notar más los desperfectos que cubrían sus casas: grietas, agujeros, rajas, crujidos… Hasta que en 2021 el edificio se declaró en ruinas. Ahora muchos de ellos, a parte de seguir pagando la hipoteca, están viviendo de alquiler, con familiares o en sus segundos hogares esperando que la Comunidad de Madrid les ofrezca una solución digna. Además, hay que tener en cuenta que casi la mitad de los que forman esta asociación son personas mayores, jubilados que llevaban toda la vida viviendo en ese edificio. “Teníamos la vida ya resuelta y llevamos dos años con las vidas rotas”, lamenta Mercedes Mariblanca, otra de las víctimas que ahora está viviendo del alquiler.

El proceso de desalojo fue muy rápido, tanto que prácticamente tuvieron que salir con lo puesto de casa: “De un día para otro, nos llamaron a las 12.00 de la noche y nos dicen que tenemos que desalojar el edificio”, indica una afectada. “Los bomberos vinieron y nos dejaron entrar en casa media hora para sacar las cosas más imprescindibles”, señala Ramos. En un principio iban a dejar sus casas entre dos y tres meses, pero ya llevan 19 y el edificio ya se ha derrumbado.

Aunque los afectados directos –es decir, los que se han quedado sin casa– son 24 familias, hay cerca de unas 800 viviendas perjudicadas por las vías del metro que ya han visto cómo van apareciendo grietas debido a los movimientos subterráneos del agua. Ahora, ellos también temen esa llamada de teléfono del ayuntamiento que les puede pedir en cualquier momento que desalojen sus casas. “Estamos apoyando la iniciativa porque igual dentro de tres meses me toca a mí y esto hay que solucionarlo mediante lucha y unión de San Fernando”, reivindica David Casado, un habitante del municipio que vive justo enfrente de las obras y que todos los días se solidariza con sus vecinos acompañándolos en la protesta.

A pesar de los daños ya visibles desde hace meses del edificio de Casado y de otros cercanos, las autoridades competentes se niegan a estudiar el origen de esas grietas. “Hemos pedido informes y no nos los dan. Lo único que te dicen es que ya no hay movimientos, pero eso es mentira porque las grietas cada vez son más grandes”, dice. Casado, que desde su balcón ve perfectamente las obras que están desviando el agua del subsuelo, afirma haber sufrido en reiteradas ocasiones cortes de gas, agua y luz: “El problema es el agua, que se ha movido con la construcción del metro y es lo que está dañando mi edificio”. José Fernández, otro de los vecinos afectados indirectamente, sostiene que en su edificio también han aparecido grietas, pero que además se oyen crujidos y hay movimientos: “Mi bloque tiene unos boquetes de hasta 60 metros, se está hundiendo”. 

Las infructuosas negociaciones con la Comunidad de Madrid

La asociación Vecinos de San Fernando Afectados por la Línea 7B lleva reuniéndose con la Comunidad de Madrid desde que los desalojaron, pero todas las negociaciones han sido en vano. Primero, les dieron una alternativa que eran aproximadamente 750 euros al mes para pagar el alquiler, pero los vecinos coinciden en que en San Fernando de Henares no hay ningún piso por ese dinero porque todos son más caros. No obstante, algunos aceptaron y ahora ven cómo ese dinero se está retrasando. “Dicen que amplían el alquiler a quienes se lo estén pagando, pero hay gente que ya está poniendo de su bolsillo”, apunta Mercedes.

Después, la Comunidad de Madrid hizo una oferta a los afectados de unos 200.000 euros –en ocasiones menos dinero– pero que, igual que con el alquiler, se trata de una cantidad pequeña para las viviendas en venta en San Fernando de Henares, y eso sin tener en cuenta que más de uno tenía también plazas de garaje. Igualmente, esos 200.000 euros no se asemejan al valor de cada una de las casas derrumbadas. “Esta propuesta es irrisoria. A parte de que no puedo comprarme lo que tenía, mi vivienda valía más”, manifiesta Mariblanca.

Sin embargo, las negociaciones con la Comunidad de Madrid no se quedan ahí. Esta misma semana, la asamblea de afectados tuvo una reunión con la institución, y esta les transmitió que faltaban unos documentos por entregar. “Hemos entregado todo y ellos dicen que faltan documentos, nosotros decimos que no es cierto”, sostiene Ramos. Los vecinos coinciden en la mala gestión y ponen el foco en las supuestas mentiras que la Comunidad de Madrid está vertiendo sobre ellos respecto al tema de los expedientes: “Van diciendo que nos han pagado ya, pero es mentira, hasta los vecinos dudan ya de nosotros”, dice Mariblanca. “Llevan 19 meses sin casa, es ridículo que en su situación no hayan presentado ya la documentación”, subraya Casado.