Ni el viento ni la lluvia han impedido que este martes los trabajadores de la UTE Navalservice-Auxterga de Las Rozas se manifestaran contra las decenas de despidos que perpetró el ayuntamiento de la localidad madrileña, del PP, el pasado mes de diciembre. “Estamos desolados, esto nos afecta a todos, ahora estamos aquí mostrando nuestra indignación y negociando para tener un futuro, pero no somos optimistas”, declara uno de los trabajadores entre los pitos y proclamas que inundan la Plaza Mayor. El 27 de diciembre del año pasado el Ayuntamiento comunicó de forma unilateral a la empresa prestataria del servicio de control de accesos y funciones auxiliares en los edificios municipales la reducción drástica y sustancial del contrato que la empresa venía prestando, dejando sin empleo a más del 60% de la plantilla.
“No es la primera vez que pasa, es el método que han encontrado para reducir los servicios públicos, el año pasado hicieron exactamente lo mismo con el personal sanitario del municipio dejando en la calle a 15 profesionales”, ha declarado Luis, compartiendo la indignación de sus compañeros. Las negociaciones comenzaron a principios de enero y se prevé que duren hasta el mes que viene. “Estamos intentando recolocar a algunos, ver si otros se quieren jubilar y negociando para conseguir las mejores condiciones posibles, pero al menos que la cosa cambie radicalmente, pinta feo”, afirman desde CCOO. “No sé si esto pasa en más sitios, pero el contrato caducó hace tiempo, nos han renovado mes a mes hasta que el Ayuntamiento o se ha cansado o ha visto que puede prescindir de nosotros y nos ha echado”, declara otra de las manifestantes.
Ante las protestas y los silbidos de los trabajadores, el Ayuntamiento parece vacío en su interior. “Nunca salen, ningún concejal del PP da la cara, el único que a veces está es el del PSOE y cuando hay suerte”, comentan desesperados entre ellos ante el estado impasible del edificio. Los trabajadores y trabajadoras también se encontraron inmersos en una situación similar hace unos años, cuando sufrieron por el impago de los recibos salariales y posterior situación concursal que, tras protestas y una resolución judicial, supuso la adjudicación de su trabajo a una nueva empresa con la que pudieron respirar aliviados durante un tiempo hasta que, de nuevo, se enfrentan a una situación límite.
“Toca esperar, pero el panorama pinta complicado, también han despedido a las personas con discapacidad que estaban en una empresa similar a la nuestra y el año pasado a los sanitarios, parece que tienen manga ancha para hacer lo que quieran”, le comenta una manifestante a otra mientras toman aire para seguir haciendo sonar los silbatos. A día de hoy la plantilla de la empresa se halla inmersa en un ERE mientras se produce el proceso de negociación que inició el 5 de enero y no durará más de 30 días, llegado el momento y si todo sigue igual, se consumará el despido que dejará sin empleo a más de 40 familias.
La pérdida de estos puestos de trabajo supone el empobrecimiento de diferentes servicios públicos en todo el municipio. La labor que desempeñaban las diferentes personas que este martes se han manifestado afectaba a colegios, centros de mayores, bibliotecas o museos. “La situación es horrible para todos, con lo que pasamos hace un tiempo, que nos dejaba en el aire, ahora volvemos a estar al límite y en esta ocasión parece que es mucho peor, algunos quizá tengan suerte y puedan seguir trabajando, pero parece que otros seguro acabarán en la calle”, comenta desesperada una de las protestantes.
“Si fuera un ayuntamiento con poco presupuesto podrían tener alguna justificación, pero es que aquí hay dinero y nos quieren echar igual”, finaliza unos de los manifestantes. La negociación proseguirá, pero el ambiente está teñido de pesimismo, son muchos años en la cuerda floja y parece que ahora se puede romper. Los sindicatos seguirán trabajando para lograr un acuerdo.