Al cierre perimetral de los límites de la comunidad autónoma y todos sus municipios, el Ejecutivo regional, con las cifras de la segunda ola descontroladas encima de la mesa, supo que debería tomar más medidas de restricción a la actividad de la ciudadanía. El obligatorio cierre de la hostelería durante 14 días fue la gota que colmó el vaso del sector que ya había visto reducido su margen de beneficio debido a las órdenes sobre aforos en terrazas e interiores y el servicio de barra. Las movilizaciones estallaron en varios municipios de la Región, convocadas por la patronal Hostemur. A las manifestaciones han estado acudiendo tanto los propios empresarios como los trabajadores de los establecimientos que ven peligrar sus empleos, la mayoría de ellos en situación de ERTE.
Ante la imposibilidad de pactar una salida negociada con el presidente de los hosteleros, Jesús Jiménez, el Gobierno optó por puentearlo y hablar con el presidente de CROEM para fijar una línea de ayudas fijada en 37 millones de euros, separadas en varias líneas (alquileres, compensación por género perdido o las cuotas de autónomo), que se escenificó en la firma de un acuerdo tras el cual el jefe del ejecutivo regional declaró que “no nos gusta, nos duele”. El presidente de CROEM, Jose María Albarracín, que figura como uno de los principales aliados del Partido Popular y cuyo nombre llegó a sonar como incorporación para la remodelación del gobierno, intentó utilizar su posición de presidente de todos los empresarios como amortiguador de las protestas que esta semana desembocaron frente a la Consejería de Sanidad.
Los ánimos de los hosteleros, sin aplacar
La estrategia del Gobierno regional para aplacar los ánimos de los hosteleros y sus trabajadores no funcionó y los rumores sobre el posible origen de los fondos que cubrirían las cuantiosas pérdidas del sector y la posibilidad de cierre final de sus negocios se extendían durante las jornadas de protestas, nadie sabía de dónde se iba a sacar el dinero prometido.
Ciertamente las cuentas regionales no permiten casi margen de maniobra: la deuda de 10mil millones de euros, la permanencia del mecanismo del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) o el destino finalista de las transferencias extraordinarias que hizo el Gobierno de España (educación y sanidad), apenas daban posibilidad de movimiento y en San Esteban firmaron para dar una patada hacia adelante.
Es aquí donde se presentó el problema para la coalición de gobierno: la Consejería de Hacienda ha admitido esta semana que el dinero provendrá “de los remanentes (dinero sobrante o no ejecutado) de otras consejerías y departamentos” con cargo al presupuesto 2020 de la CARM, como por ejemplo de “obras que no se ejecutan” y que se aprobarán en Consejo de Gobierno en cuanto se encuentren los fondos, sin que se precise cuándo se dará pistoletazo de salida a estas ayudas. Se presentan pues la siguientes preguntas: en una administración pública copada por la deuda, ¿cuáles son los remanentes, hay posibilidad de remanentes? y ¿cuáles son las inversiones que se van a dejar de hacer para atender la promesa de los 37 millones a los hosteleros? A día de hoy, nadie en el Gobierno regional sabe contestar a estas cuestiones.
Los empresarios, “cabeza de turco” del Gobierno regional
El ambiente político entre populares y empresarios es insostenible. Éstos acusan a los conservadores de que “con cada medida nos están usando como cabeza de turco para desviar la atención de otras incompetencias” (en referencia a la falta de atención primaria, rastreadores o el caso del elevado número de muertes en las residencias de ancianos) y los sindicatos recuerdan que además el convenio colectivo del sector lleva 12 años sin renovarse por lo que exigen que las ayudas, si llegaran, deben vincularse a la garantizar los puestos de trabajo. Sobre esta posibilidad el gobierno regional ni siquiera se ha pronunciado, ni lo hará.
A esto hay que unir otra variable. El presupuesto regional para 2021, que no contará con la regla de gasto que fija márgenes de déficit, no se presentará hasta que se conozcan en detalle los Presupuestos Generales del Estado (de los que dependen los regionales hasta en un 70%) y la estrategia de reparto extraordinario de fondos de la UE, fijada para el mes de diciembre, según las declaraciones a Onda Regional de Murcia del Consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Si tal como afirman en Hacienda, las ayudas a la hostelería saldrán del presupuesto 2020, serán los proyectos abandonados de ese presupuestos los que vayan al presupuesto 2021 y siguientes. Cuánto y cuáles nadie lo sabe todavía.
Total falta de previsión de PP y Ciudadanos
Con este movimiento político PP y Ciudadanos se unen a la falta total de previsión que tanto han criticado del Gobierno central de PSOE/Podemos, en unos días en los que la portavoz del gobierno, Ana Martínez Vidal se descolgaba con la afirmación de no subir el sueldo de los funcionarios que tanto se había luchado en la Hacienda regional, a excepción del personal sanitario. Para no entrar en otro nuevo conflicto con su socio de Gobierno, otro más, los populares anunciaron que los altos cargos y de confianza no incrementarán sus sueldos.