La AIReF advierte de la merma de ingresos de Cantabria por las rebajas fiscales del Gobierno del PP

La política financiera de Cantabria, en cuanto a la contratación de créditos y prestación de avales, puede quedar bajo la tutela del Ministerio de Hacienda si el Gobierno central decide realizar a la Comunidad una advertencia por estar incumpliendo la regla del techo de gasto; advertencia que, de no ser respondida con un plan de ajuste satisfactorio, puede acabar con la fiscalización de la política crediticia, es decir, la deuda.

Todo ello surge a propósito de una recomendación de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), organismo que preside Cristina Herrero, en cuyo último informe de julio ve confirmada la trayectoria ya constatada en un informe previo de abril y que no se ha rectificado. ¿Qué es lo que la AIReF ve en la política económica de Cantabria en esta nueva etapa del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP)? Varias cosas.

El Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto de 2024, lo que primero ve es el incumplimiento de este último apartado: “La AIReF estima que en 2024 el gasto computable a efectos de la regla de gasto aumentará un 10,7%, superando el límite individual del 2,6% vigente para este año”. En consecuencia, el organismo “sigue apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto” y “recomienda al Ministerio de Hacienda que active las medidas preventivas recogidas en el artículo 19 de la LOEPSF en relación con la Comunidad Autónoma de Cantabria”.

Dicho artículo dice textualmente que “en caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, formulará una advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia a la misma”.

Si dicha advertencia es formulada, Cantabria deberá presentar un plan económico-financiero en el que establezca medidas correctoras en el plazo de un mes. “Si no se adoptasen las medidas o el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprecia que son insuficientes para corregir el riesgo, se aplicarán las medidas correctivas previstas”.

Dichas medidas están recogidas en el articulado de la LOEPSF, cuyo artículo 20 habla de la tutela económica de Hacienda. El artículo dice textualmente: “En el supuesto en que el Gobierno constate que existe incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autónoma incumplidora precisarán de autorización del Estado”.

Ingresos autonómicos

Otro elemento de preocupación para AIReF es que las rebajas fiscales aprobadas vía Presupuestos de Cantabria a finales de 2023 están suponiendo en 2024 una merma en los ingresos de la Comunidad y no un incremento de la recaudación como desde el Gobierno se presuponía por un incremento paralelo de la actividad económica, cuya tendencia es al alza como en el conjunto del país. La merma ha sido cuantificada en 17 millones de euros del IRPF y otros 18 por transmisiones, actos jurídicos documentados y sucesiones, sin contar el impacto ya permanente que tendrá en el impuesto de la renta que se empiece a cobrarse en 2025.

“Las rebajas temporales adoptadas por Cantabria en el IRPF -dice el informe- supusieron una menor recaudación en los ingresos generales de 2023 de las Administraciones Públicas de unos 17 millones de euros. Estas medidas se registran en los ingresos de la comunidad en 2024”, que es cuando tienen efecto ya que se liquidan derechos 2022.

“Adicionalmente, la Comunidad registrará en sus ingresos la menor recaudación derivada de las rebajas aprobadas en el ITPAJD (Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) e impuesto de sucesiones y donaciones (ISD), 18 millones de euros. Las principales rebajas permanentes aprobadas por la comunidad en el IRPF, cuyo impacto se valora en 52 millones de euros, se aplican a periodos impositivos iniciados el 1 de enero de 2024, por lo que minorarán los ingresos de la Comunidad a partir de 2025”.