Reforma fiscal de Cantabria: las cartas sobre la mesa

La reforma fiscal anunciada por el Gobierno de Cantabria ha sido la noticia económica de la semana (y, probablemente, del año) en nuestra comunidad. Aparecen estos días argumentos en uno u otro sentido, que tratan de justificar posturas muy diferentes. Más allá de ese ruido, cabe preguntarse, ¿qué consecuencias tendrá esta reforma?

Es destacable, como elemento inicial, que se trata de una reforma ambiciosa. Afecta a todos los impuestos sobre los que Cantabria tiene competencias y tendrá un impacto, según las cifras del Gobierno autonómico, de más de 90 millones de euros al año. Para hacerse una idea de lo que supone esta cifra, Cantabria cuenta con unos ingresos totales de unos 3.500 millones de euros, de los cuales alrededor de 920 proceden de impuestos sobre los que tiene competencias. Reducir la capacidad recaudatoria de estos impuestos en alrededor de un 10% es un cambio importante.

El primer efecto será precisamente ese: la reducción de los ingresos. Lógicamente, si bajan los tipos de gravamen, y si no se produce ningún otro cambio (en el lenguaje que usamos los economistas, ceteris paribus), se recaudará menos; por el contrario, si subieran los tipos se recaudaría más. Es cierto que hay también otro efecto en sentido contrario: la bajada de impuestos, al estimular algo la economía, permitirá recuperar algo de recaudación. Insisto en lo de “algo”, porque el efecto de mayor magnitud es el primero. El argumento de la Curva de Laffer, según el cual una bajada de impuestos puede estimular la economía tanto que acabe aumentando la recaudación, solo se daría con un nivel de impuestos desorbitado, no con los niveles que tenemos en España. Por tanto, la reforma reducirá los ingresos públicos y, dado que no es previsible que se relajen los límites al déficit presupuestario (más bien lo contrario), requerirá una reducción de los gastos públicos (dos tercios de los cuales una CCAA como la nuestra destina a sanidad, educación y servicios sociales, las políticas en las que se concentran las competencias autonómicas). La reducción de gasto público también tendrá cierto impacto negativo sobre la actividad económica, evaporando el efecto estimulante que pueda tener la bajada de impuestos. Laffer ni está, ni se le espera. Eso sí, el impacto sobre los gastos, al menos en apariencia, no se notará tanto si la economía sigue creciendo y, con ello, lo siguen haciendo las bases impositivas, amortiguando la bajada de los tipos. Hasta que la economía deje de crecer, claro. 

El segundo efecto es la otra cara de la moneda: habrá menos ingresos públicos, pero una mayor proporción de la renta quedará en manos de los contribuyentes. Estos tendrán, en consecuencia, más recursos para destinar a consumo o a inversión privados. Se moverá, por tanto, la frontera entre lo público, que perderá peso, y lo privado, que lo ganará. Algunas actividades económicas (en particular, las más basadas en el consumo privado) se verán beneficiadas. 

El tercer efecto, también muy relevante, será sobre la distribución de la renta. Como es sabido, no todos los ciudadanos pagamos los mismos impuestos. Existen, a ese respecto, distintos tipos de impuestos. Los impuestos denominados progresivos son los diseñados de tal forma que los ciudadanos con más renta no solo pagan más, sino que pagan una mayor proporción de su renta (esto es, un mayor porcentaje de la misma). Así, los impuestos progresivos tienen también como efecto una reducción de la desigualdad. El grueso de los impuestos sobre los que una comunidad como Cantabria tiene competencias son de este tipo: el IRPF (el más relevante por su capacidad recaudatoria), Sucesiones y Donaciones y Patrimonio; solo el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (que grava, fundamentalmente, la compraventa de viviendas) tiene, entre los principales impuestos con competencias autonómicas, una tipología diferente. El grueso de la reforma fiscal de Cantabria afecta, por tanto, a impuestos progresivos. Al reducir su capacidad recaudatoria, la capacidad redistributiva del sistema se reducirá también. 

El mejor ejemplo se observa con el IRPF, que es el principal de estos impuestos y, también, en el que la reforma fiscal tendrá un mayor impacto sobre la recaudación: 46 millones de euros (en torno a la mitad del impacto total de la reforma), según los datos facilitados por el Gobierno. La tabla incluida a continuación muestra cómo es la actual tarifa autonómica del impuesto y cómo quedará con la reforma. Un error habitual es pensar que se paga lo que indica el tipo aplicable: por ejemplo, que actualmente una renta de 12.000€ ha de pagar un 9,5% por la tarifa autonómica; una renta de 34.000€, el 18,5%; y una renta de 60.000€, el 24,5% (más otro tanto por la tarifa estatal). No funciona así. Es un impuesto que funciona por tramos: la renta de 34.000€, por ejemplo, ha de pagar un 9,5% por los primeros 12.450€; un 12% por los siguientes 7.750€; un 15% por los siguientes 13.800€; y pagaría un 18,5% por cada euro que sobrepasara los 34.000€, si aumentan sus ingresos. Además, hay diversas reducciones, por lo que la base liquidable (la cuantía por la que se tributa) es en realidad menor que los ingresos que ha obtenido el contribuyente. Por ejemplo, con un salario bruto de 65.000€, la base liquidable sería de unos 60.000€. Y, lo que es más importante aun, por efecto de las reducciones existentes, las rentas inferiores a 15.000€ en la práctica no pagan IRPF.

De esta forma, aplicando los cambios previstos en la tarifa de Cantabria entre 2023 y 2024, las rentas inferiores a 15.000€ (de acuerdo con los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario del 25% de los trabajadores cántabros que menos ganan) no se beneficiarán de la rebaja del IRPF. Tampoco se beneficiarán de las múltiples deducciones anunciadas, las cuales minoran la cuantía a pagar por el impuesto (a los contribuyentes a los que les corresponde hacerlo). Una renta de 21.000€ (la mediana de la distribución) o una renta de 31.000€ (que marca el límite del 25% de trabajadores cántabros que más gana) se beneficiarán, pero relativamente poco: un punto porcentual de reducción en lo que les toque de los dos primeros tramos, ya que la bajada del tipo en el tercer tramo, para los que lo alcancen, tendrá un impacto mínimo. Las rentas superiores a unos 50.000€ serán las que más se beneficien, y lo harán en mayor medida cuanto mayor sea dicha renta, dado que les afectará no solo la reducción de los tipos de los primeros tramos, sino también la reducción de los tipos que gravan los tramos más elevados.

En fiscalidad, como en muchos aspectos de la economía, no hay una única opción ideal para todos. Hay múltiples opciones posibles, y todas pueden llegar a ser válidas para unos, a la vez que inadecuadas para otros. Las preferencias por cada una de estas opciones dependerán de las prioridades y los valores de cada uno: qué peso considera que ha de tener lo público y lo privado en la economía y en la sociedad, y qué nivel de desigualdad considera como el más adecuado. Esta reforma da pasos decididos en relación a ambas cuestiones. Se puede estar de acuerdo con el rumbo que fija o no, pero lo que no hay duda es de que se trata de una reforma ambiciosa e importante. Las cartas están sobre la mesa.