La primera mediación para evitar la huelga en las ambulancias de Diavida en Cantabria concluye sin acuerdo

La primera mediación convocada por el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) para evitar la huelga general indefinida convocada por UGT desde el próximo 25 de noviembre en la concesionaria del transporte sanitario programado de Cantabria (Diavida) ha concluido este viernes sin acuerdo.

El presidente del comité de empresa de Diavida, Gildo Caballeros (UGT-Servicios Públicos), ha explicado en un comunicado que “la empresa alega unos motivos que no nos valen, y más, cuando sin ir más lejos sigue habiendo unos 60 trabajadores que todavía ni siquiera han cobrado la nómina de octubre”.

Sobre el resto de incumplimientos, tanto del convenio colectivo como del pliego de condiciones de adjudicación del servicio del transporte sanitario programado de Cantabria a Diavida, Caballeros ha señalado que “la empresa no es nada clara ni intenta solucionarlos”.

El sindicalista ha criticado que “motivos objetivos y evidentes por los que se convocan la huelga se empañen con otro tipo de situaciones” y ha avanzado que a la huelga general indefinida convocada inicialmente por UGT se ha adherido USO, la otra formación sindical que integra el comité de empresa, que se completa con una delegada independiente.

“Resolver el caos”

Sobre este asunto se ha expresado este viernes el secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, quien ha instado tanto a la empresa adjudicataria como al Gobierno del PP a que “resuelvan el caos que afecta ya a cientos de pacientes del Servicio Cántabro de Salud”. El también portavoz parlamentario socialista se ha pronunciado así tras mantener varias reuniones con el comité de empresa y parte de la plantilla del servicio, y posteriormente comprobar presencialmente la situación en la que se encuentran las bases y centros en los que se “deberían guardar” las ambulancias.

Una comprobación que Zuloaga ha difundido a través de sus redes sociales, relatando tanto las reuniones como la sucesión de la información que recibía y sus visitas a estos centros de trabajo. El líder de los socialistas de Cantabria ha insistido en que “la situación es un escándalo”, con “ambulancias a la intemperie, al alcance de cualquiera; trabajadores que no reciben sus nóminas, sin EPIs o material de limpieza necesario, en pésimas condiciones laborales”, ha denunciado.

Por ello, en su opinión, tanto el PP como Diavida “juegan con la salud de la ciudadanía de Cantabria con este caos en el transporte sanitario sin precedentes”. Algo que “pesa sobre la responsabilidad del Ejecutivo regional y sobre la empresa que gestiona el servicio”, ha subrayado, En este sentido, Zuloaga ha exigido al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, consejero de Salud, César Pascual, y a la empresa que “asuman su responsabilidad, escuchen a la plantilla y resuelvan algo que ya afecta a cientos de pacientes en toda Cantabria”.

Para el socialista “es intolerable lo que he comprobado por mí mismo en el centro de Laredo”. Pero, lo que es peor en su opinión es “leer en medios de comunicación cómo pretenden hacer creer que los incidentes que ya sufrimos son un 'sabotaje' de la propia plantilla”. El secretario general del PSOE cántabro ha sostenido que lo que demuestran Diavida y el Gobierno con su actitud ante esta situación es que el servicio “no se está prestando como debería de prestarse”.

“Somos conocedores de que hay problemas en la gestión, de que hay trabajadores sin cobrar sus nóminas, que el mantenimiento de las ambulancias es deficitario, que no cuentan con el material necesario para realizar su trabajo, que hay accidentes en los centros donde se guardan las ambulancias, como en el caso de Cartes donde la propia puerta de la nave se cayó encima de una de las unidades”, ha enumerado Zuloaga, para quien “por eso es lamentable que se acuse a los trabajadores de sabotaje”.

Ante estos hechos, el Grupo Parlamentario Socialista ha exigido al Gobierno de Buruaga “que asuma sus responsabilidades” y ha avanzado que el PSOE preguntará en el Parlamento de Cantabria “por todas y cada una de las denuncias que nos han trasladado y nos siguen trasladando trabajadores y usuarios”.