Después de los días de lluvia de abril, por fin se vislumbra el mes de mayo en el horizonte. Algunos esperarán el mes de mayo porque el 1 se celebra el día del Trabajo, otros porque empieza el buen tiempo, los futboleros porque el Madrid puede llegar a la final de Champions. En este artículo nos centraremos en el motivo por el cual los tránsfugas de la Asamblea y del Gobierno regional están esperando con ansia esta fecha.
Para ellos es importante esta fecha porque a partir del 1 de mayo de 2022 el presidente López Miras no puede disolver el Parlamento y convocar elecciones. Tal como dijo su lideresa espiritual, la vicepresidenta Franco, al definir su labor política como un contrato laboral temporal, a partir de esta fecha, se aseguran que su contrato temporal se alargará hasta mayo de 2023, con la garantía de la correspondiente remuneración económica que muchos de ellos no eran capaces de conseguir en la vida privada.
Esta limitación procede del artículo 26. 7 del Estatuto de Autonomía, fecha que coincide con la entrada en vigor de la reforma del artículo del Estatuto del Presidente que deroga la limitación de dos mandatos que impedía a López Miras presentarse a las siguientes elecciones.
Como todo lo que ha sucedido últimamente en la Región, se explica por la fallida moción de censura de marzo del año pasado. Ante esta situación y la proliferación de tránsfugas en la Asamblea y en los órganos de gobierno, la salida más razonable era convocar elecciones. Ahora bien, ¿por qué no se convocaron?. Analizando con objetividad los hechos, parece evidente que no se disolvió la Asamblea porque con la anterior redacción de la Ley del Estatuto del Presidente había serias dudas de que López Miras pudiera volver a presentarse, y porque el PP temía la subida de Vox que podía ganarle las elecciones o, como mínimo, le obligaría a formar gobierno con ellos. Oficialmente se dijo que por la pandemia no era conveniente convocarlas, aunque dicho argumentario es tomarnos a los ciudadanos de la Región por tontos, ya que el PP las convocó en Madrid y en Castilla y León.
Una vez tomada la decisión de agotar la legislatura, había que negociar con los tránsfugas. El PP quería un fin de legislatura plácido, reformar la ley del Estatuto del Presidente y, a ser posible, que se acabará el escándalo de las vacunas, cancelando la Comisión de Investigación y no publicando los nombres de los cargos públicos que se saltaron la cola, aún a costa de ningunear y humillar al Consejo de Transparencia. Los tránsfugas solo querían garantizarse que no se disolvía la Asamblea y seguir disfrutando de los cargos públicos y de sus retribuciones durante dos años más. Había un problema, ninguna de las partes se fiaba de la otra, agravado por el hecho de que una de ellas, la de los tránsfugas, la formaban políticos que habían traicionado a sus votantes y al partido con el que concurrieron a las elecciones.
La solución fue modificar la Ley del Estatuto del Presidente, de tal forma que permitiera a López Miras presentarse a la siguiente convocatoria electoral, pero retrasando su entrada en vigor al 1 de mayo de 2022, justo en el momento en que ya no podía convocar elecciones de conformidad con lo establecido en el vigente Estatuto de Autonomía.
En mis tiempos de estudiante de Derecho nos explicaban en la Facultad que la norma jurídica debía ser abstracta, destinada a una generalidad de sujetos y ser apriorística, es decir, que las normas debían entrar en vigor antes de que se produzcan los hechos que regulase. Pues bien, esta reforma de la Ley del Estatuto del Presidente es la única norma que conozco que incumple estas tres características. No es abstracta, ya que está redactada para una situación concreta; en segundo lugar, está destinada exclusivamente a un sujeto concreto, el Sr López Miras; y finalmente, es a posteriori, es decir, los hechos que regula son anteriores a la redacción de la norma. En fin, una forma de legislar más propia de un cortijo decimonónico que de una institución democrática, y todo ello, en 'la mejor tierra del mundo', que dicen algunos.
Al final se consumó el pacto de la vergüenza y todos ganaron, el problema es que las retribuciones de los tránsfugas se pagan con recursos públicos, que la Asamblea Regional actualmente no representa a lo votado por los ciudadanos de la Región, y que tenemos que soportar la ignominia de que algunos altos cargos de la Región sean ocupados por tránsfugas, como es el caso de cargos tan relevantes como la portavocía del Gobierno o la presidencia de la Asamblea.
La única esperanza que nos queda a los votantes de la Región es que el PP regional haga caso a Feijóo y no absorba a los tránsfugas de Vox y Ciudadanos, o que Vox exija como condición de investidura la ausencia de tránsfugas en las instituciones regionales o el cumplimiento del Pacto nacional de Antitransfuguismo firmado por los grandes partidos. En fin, todo apunta a que los tránsfugas regionales tienen fecha de caducidad y que en la próxima legislatura todos ellos tendrán que volver a ganarse la vida fuera de la política.
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