La COVID-19 ha tambaleado nuestra sociedad hasta sus cimientos. La paralización obligada de gran parte de la actividad económica ha afectado a casi todos los sectores productivos, pero ha sido el sector agroalimentario el que apenas se ha visto afectado: comer, hay que comer todos los días.
Quien sí se ha visto afectada ha sido una parte demasiado amplia de la población que está sumida en tal precariedad que ha bastado unas pocas semanas sin poder obtener algún dinero para que el hambre se vaya extendiendo. Las largas colas para pedir alimentos se han ido extendiendo con mucha gente que nunca antes había estado en tal situación de necesidad. Que ironía, mientras tantísimas personas tienen la angustia de comprobar que su situación económica les hace tan vulnerables que apenas tienen para llenar sus cacerolas con comida, un puñado de personas de la clase gozante —que diría nuestro Miguel Espinosa— en cada ciudad, aporrea cacerolas o lo que pilla cabreadas porque el gobierno decide paliar en alguna medida la situación de quienes están peor.
Esa clase, que defiende su libertad de ir a restaurantes por encima de la salud de todos, destinaba en la Comunidad de Madrid comida basura a las niñas y niños con beca de comedor; y en nuestra región ha permitido que las familias hayan estado demasiado tiempo sin recibir las ayudas estatales para poder comer por la mala gestión de la Comunidad. Mientras esa minoría está más preocupados en inocular el virus del odio como camino para derrocar al Gobierno, el pueblo se arremanga en solidaridad con quienes necesitan alguna ayuda, con tantos inmigrantes que ahora no pueden trabajar y que viven en condiciones miserables o con cualquier vecino que lo necesita.
En esta situación, cuando desde el “campo” se utiliza la pandemia para hacer alarde de su carácter estratégico, de que es esencial, que garantizan el abastecimiento, que proporcionan alimentos saludables y seguridad alimentaria, numerosos estudios relacionan la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, causada en parte por las prácticas agrarias que tienen tanto que ver con el modelo agroindustrial imperante, con la aparición de enfermedades zoonóticas como las que producen los coronavirus. ¿Y cuál es la respuesta del sector?: en vez de tomar nota y cambiar a un modelo de agroganadería que dañe lo menos posible al medio ambiente sigue en una huida hacia delante que desgraciadamente comprobamos en nuestra Región día a día.
Veamos un ejemplo: el 20 de mayo se presentó por la Comisión Europea las estrategias “De la granja a la mesa” y “biodiversidad 2030” como piezas esenciales del Pacto Verde que la Unión Europea propone para “ser sostenibles y competitivos”. A pesar de las insuficiencias de las medidas presentadas que han señalado organizaciones de defensa del medio ambiente, la reacción de los lobbies agrarios ha sido, como acostumbran, alarmista y victimista: son propuestas radicales, es un cúmulos de despropósitos, son una grave amenaza. Para COAG es solo “un escaparate verde”; para ASAJA, la organización agraria de la gran patronal y más querida por la derecha, resulta que “la comisión cede a los presiones ecologistas y asesta un duro golpe a la agricultura productiva europea” y el diario monárquico-franquista, en su edición de Andalucía, titula la noticia: “La UE radicaliza su estrategia «verde» y condena al agro andaluz”.
Pero, agriculturas hay muchas y el campo es muy diverso. También hay una diversidad de personas que trabajan en la agricultura y en la ganadería. Mientras hay quienes se desesperan porque los precios de venta de sus productos son tan bajos que a veces tienen que vender a pérdidas, las grandes empresas, principalmente exportadoras, consiguen grandes beneficios. Pero el mayor número son trabajadores y trabajadoras asalariadas donde las condiciones laborales son a menudo penosas. Sin embargo, hasta la opinión pública llega mayoritariamente casi como voz única las de grandes empresas y sus organizaciones afines. Este modelo agrícola que se va imponiendo se aprovecha de la sensibilización de la ciudadanía con las personas que producen sus alimentos, asociándolas al trabajo duro y a las penalidades para obtener rendimiento; así, escudándose continuamente en los agricultores van imponiendo en la sociedad sus argumentos y sus objetivos.
Como nuevos ricos que son alardean de la potencia económica que representan, tienen a sus pies a las castas gobernantes, se enfadan a menudo si no consiguen todo lo que quieren, se hacen las víctimas y amenazan a quienes se interponen en su camino. Su mantra es repetitivo: se ponen en juego miles de puestos de trabajo, nuestra agricultura tiene los mayores índices de seguridad de toda Europa, somos la Huerta de Europa, aprovechamos hasta la última gota de agua, que se deje de perseguir a los agricultores, nuestra agricultura es garantía de sostenibilidad ambiental, el progreso del sector agroalimentario es el de toda la región… “Estos héroes han trabajado en silencio para garantizar en todo momento el abastecimiento de alimentos frescos y de calidad a media Europa”, decía sin sonrojarse a principios de mayo en una entrevista el consejero de Agricultura, Antonio Luengo. Y no se refería precisamente a los jornaleros ni a las mujeres que trabajan en los almacenes.
Un sector, el agroalimentario, que representa más del 10% del PIB (lamoncloa.gob.es) y en la Región de Murcia el 20% (carm.es), que nos anuncia lo bien que van las las exportaciones de frutas y hortalizas porque cada año aumentan más y que incluso en las actuales condiciones crecen en el primer trimestre —el 2,5% en volumen y el 12% en valor respecto al mismo trimestre de 2018 (fepex.es)--. ¿Por qué no iban a trabajar si les produce tanto beneficio? Sí, es un agronegocio que genera mucha riqueza para unos pocos, pero pobreza a sus trabajadores. En una entrevista en Onda Cero a José Ibarra de CCOO afirmó que los trabajadores del campo de nuestra Región son los peor pagados de España, ¡que ya es decir! Una agricultura dominante que es noticia vergonzante por la situación de los inmigrantes que, por ejemplo, tuvieron que recurrir a las fuerzas de orden público para que la empresa Agroherni de Archena les pagasen los salarios de varias semanas y que hace pocos días en Torre Pacheco se desarticuló una red de explotación de trabajadores inmigrantes. Y es que casi diariamente hay noticias de de explotación laboral en los campos y en los almacenes y, en algunos casos, las condiciones son de verdadera esclavitud.
La situación es de tal gravedad que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ordenó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “realizar comprobaciones en materia de economía irregular y de seguridad y salud en el trabajo, especialmente para verificar que se respetan las medidas acordadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios por corovonavirus.”. Como se pretende detectar también posibles casos de explotación laboral, trata de seres humanos, esclavitud o prácticas similares, la reacción de ciertas organizaciones agrarias y sus correspondientes valedores políticos ha sido la sobreactuación pública negándolo todo como forma de defensa para evitar que la sociedad conozca la situación real de los trabajadores agrícolas.
Otra vez más, el consejero Luengo daba la nota: “El ministerio ataca gravemente y muestra un total desconocimiento sobre el funcionamiento del campo español”; y López Miras arrogándose la portavocía de todos los trabajadores aseguraba, delante de los empresarios: en el campo se trabaja en unas condiciones dignas. Y para qué reproducir los aspavientos de las patronales, de FECOAM y de PROEXPORT. Lamentable es también, que la delegación del gobierno se niegue a que esas inspecciones se realicen en la Región alegando que no hay constancia de trata de seres humanos en la región. No quieren inspecciones ¿por qué será?
La pandemia pasará pero nos avisa de la necesidad de asegurar alimentos sanos y accesibles a toda la población por medio de un sistema alimentario justo. ¿Queremos que siga el modelo actual que expulsa a los pequeños agricultores y ganaderos, que está reñido con la conservación del medio ambiente, que produce una alimentación insana o nos movemos para transitar a otro modelo respetuoso con la naturaleza, al servicio de las personas y en el que se elimine la precariedad, la explotación y la esclavitud de quienes trabajen la tierra?
La COVID-19 ha tambaleado nuestra sociedad hasta sus cimientos. La paralización obligada de gran parte de la actividad económica ha afectado a casi todos los sectores productivos, pero ha sido el sector agroalimentario el que apenas se ha visto afectado: comer, hay que comer todos los días.
Quien sí se ha visto afectada ha sido una parte demasiado amplia de la población que está sumida en tal precariedad que ha bastado unas pocas semanas sin poder obtener algún dinero para que el hambre se vaya extendiendo. Las largas colas para pedir alimentos se han ido extendiendo con mucha gente que nunca antes había estado en tal situación de necesidad. Que ironía, mientras tantísimas personas tienen la angustia de comprobar que su situación económica les hace tan vulnerables que apenas tienen para llenar sus cacerolas con comida, un puñado de personas de la clase gozante —que diría nuestro Miguel Espinosa— en cada ciudad, aporrea cacerolas o lo que pilla cabreadas porque el gobierno decide paliar en alguna medida la situación de quienes están peor.