“Lo” de Aznar con Évole no se salió del guión. El titular de la Fundación FAES se mantuvo en sus trece, que no son otra cosa que unas cuantas mentiras torticeramente expresadas para darles apariencia de realidad. Ejemplos: había armas de destrucción masiva en Irak y el 11-M fue cosa de ETA, si hemos de seguir hasta el final los razonamientos del expresidente.
También se acogió a esa conocida estrategia de los dirigentes del Partido Popular en lo tocante a asuntos de corrupción. Es decir, quien dirigió con mano férrea la que fue gran formación unitaria de la derecha española no se enteró de nada relacionado con Naseiro, Bárcenas y demás.
Pero una gran verdad fue la que casi inició sus respuestas, sorprendentemente y sin anticipar su empecinamiento posterior en las falacias habituales, que fueron derivando durante años en teorías conspiranoicas gracias a la labor de sus acólitos de aquellos tiempos. Fue la suya una contestación axiomática que, aunque referida a la actuación del ciudadano emérito por antonomasia, tiene ese carácter de incontrovertible: “¿Cómo se rompen las sociedades”?, se preguntó. “Pues deslegitimando las instituciones”, se contestó.
Esa idea tan genérica aplica perfectamente a una realidad aquí cercana, aunque muy alejada de la intencionalidad política o del imaginario del ex presidente: la Región de Murcia, en la que la actualidad de las últimas semanas nos aproxima a un escenario comparable al de una república bananera, dicho sea sin intención de ofender a esos estados mayormente caribeños.
Con el número real de vacunados irregularmente aún ignoto pero ciertamente disparatado, según se viene publicando, y con los que gobiernan dispuestos a conseguir que los ciudadanos nunca lo conozcan, la situación no parece la adecuada para que se mantenga, mucho menos se refuerce, la confianza en las instituciones.
La sucesión de hechos es descorazonadora. El jueves pasado todos los grupos menos el del PP aprobaron en la Asamblea Regional una moción de Podemos en la que se da el plazo de un mes para que “todos los cargos de la CARM y su personal de confianza” y “todos los diputados de la Asamblea Regional y su personal de confianza” hagan público de forma “voluntaria en el plazo de un mes” si se han vacunado o no y, al tiempo, autoricen la publicación de ese dato individualmente en el Portal de Transparencia.
Obviamente, esta solicitud parlamentaria afecta sobre todo a miembros del PP y, también, de Ciudadanos, puesto que son quienes ocupan esos puestos señalados en la moción. Así que, si los dirigentes de ambos partidos coaligados en el Gobierno regional no tocan la corneta y ordenan el cumplimiento de la moción parlamentaria, seguiremos al cabo de la calle el 26 de marzo, cuando cumpla el plazo.
Al día siguiente de la aprobación de la moción, supimos por el diario oficioso que casi 1.500 “empleados externos de centros sanitarios” fueron inoculados antes de que fijara el orden de vacunación a tenor del protocolo al efecto. Y esa misma fecha, los medios estaban trufados con las palabras del nuevo consejero de Transparencia, José Gabriel Sánchez Torregrosa, indicando que el Portal incluirá el listado de vacunados “con la única limitación del derecho de los afectados a la protección de datos”.
Blanco y en botella: si algún alto cargo, diputado o persona de confianza no autoriza expresa y fehacientemente la publicación de sus datos nos quedaremos sin saber quién ha recibido la vacuna. Probablemente, ni siquiera la portavoz gubernamental y lideresa regional de Ciudadanos, partido que ocupa también la Consejería de Transparencia, dará orden de que sus conmilitones den la autorización para que se publiquen los datos individuales de vacunación. O sea que ni para ejemplo servirán. Ni para ejercer presión sobre su socio de gobierno, más dedicado a ocultar que a desvelar. Nadie se va a poner voluntariamente a los pies de los caballos.
Esa es la línea seguida habitualmente por quienes gobiernan aquí y ahora. Al menos en lo que a cumplimiento de resoluciones democráticas se refiere. Eso demuestra el informe remitido a la Asamblea en noviembre pasado, referido al primer año de legislatura, sobre el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de las resoluciones parlamentarias aprobadas por mayoría: menos del 10%.
Es un porcentaje revelador del respeto que la coalición gobernante demuestra a la institución depositaria de la soberanía popular (?) en la Región. Cosa que, sin necesidad de mayor argumentación, no contribuye precisamente a prestigiarla, sino más bien a todo lo contrario. Es decir, a deslegitimarla. Y así volvemos a la que quizá fue la única verdad de “lo” de Aznar. Vale.
Postdata: ¿Sigue funcionando en la Región de Murcia el Consejo de la Transparencia que preside el magistrado Julián Pérez-Templado, nombrado en septiembre pasado gracias a los 24 votos de los diputados que apoyan la coalición de gobierno PP-Ciudadanos, más los de Vox?
http://joseluisvidalcoy.es/blog/
“Lo” de Aznar con Évole no se salió del guión. El titular de la Fundación FAES se mantuvo en sus trece, que no son otra cosa que unas cuantas mentiras torticeramente expresadas para darles apariencia de realidad. Ejemplos: había armas de destrucción masiva en Irak y el 11-M fue cosa de ETA, si hemos de seguir hasta el final los razonamientos del expresidente.
También se acogió a esa conocida estrategia de los dirigentes del Partido Popular en lo tocante a asuntos de corrupción. Es decir, quien dirigió con mano férrea la que fue gran formación unitaria de la derecha española no se enteró de nada relacionado con Naseiro, Bárcenas y demás.