El municipalismo siempre ha sido un valor de la izquierda, de la ciudadanía que aspira a una democracia avanzada. Este país siempre ha tenido en los movimientos de sus ciudades la base del cambio. Así ocurrió con la primera y la segunda República que se instaurò tras el resultado de unas elecciones municipales.
Los aires de cambio que ha traído el 15M y la crisis económica que ha volado el estado del “medio estar” que teníamos, ha sido el germen de nuevos movimientos municipalistas, construidos sobre la democracia de base y la unidad popular. En Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante o en Murcia existen espacios ciudadanos de convergencia que aspiran a ser mayoría el 24M.
Pero estos movimientos se enfrentaran a problemas añadidos en la gestión de unos ayuntamientos endeudados e hipotecados con numerosas contratas privadas. La Ley 27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha vaciado de competencias a los ayuntamientos, buscando la privatización. Servicios tan importantes como educación, sanidad, bienestar social, vivienda, juventud e igualdad serán traspasados a una administración regional, la CARM que, asfixiada por las deudas, no tiene ningún interés por gestionarlos, por lo que incluso corren el riesgo de desaparecer en el limbo burocrático.
El Partido Popular ha utilizado la reforma local para dar una vuelta de tuerca al municipalismo, limitando su capacidad política y de gestión, vulnerando principio constitucional de autonomía local y eliminando la definición de los ayuntamientos como parte del Estado en igualdad de condiciones con otras administraciones.
En consecuencia se avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones del municipalismo impidiendo que nuestros ayuntamientos tengan más autonomía, claridad competencial y más financiación.
Con elementos tan graves como la posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse privados de sus competencias para prestar servicios mínimos, se pretende convertir a los ayuntamientos en instituciones dependientes orgánicamente de las Diputaciones Provinciales y, en el caso de una autonomía uniprovincial como Murcia, de la Comunidad Autònoma. Esta preeminencia jurídica y política que no tiene sujeción legal y pretende relegar al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la gestión.
Por eso debemos entender la importancia de que el cambio político en nuestros municipios vaya acompañado de una nueva mayoría a nivel autonómico.
De las opciones que se presentan a la Comunidad Autónoma la coalición Ganar la Región de Murcia, formada por la alianza de IU-Verdes, Alternativa Socialista y personas independientes, ha sido la que más ha luchado contra esta reforma local, ha llevado una campaña en todo el estado y ha presentado un recurso de inconstitucionalidad para hacerle frente. Es una fuerza que tiene en el municipalismo uno de sus ejes fundamentales. Por eso cada voto que vaya a Ganar la Región de Murcia es un voto que defiende la autonomía municipal.
Sus candidatos provienen del ámbito local, como José Antonio Pujante, que fue concejal en Lorca, y sobre todo Esther Herguedas, que ha sido la concejala más valorada los últimos años en el Ayuntamiento de Murcia. Ambos se han caracterizado por ser luchadores incansables contra la corrupción proveniente del Partido Popular y por apoyar todas y cada una de las luchas sociales de los últimos años tejiendo unidad popular en las calles y en la movilización.
Si queremos que el Ayuntamiento de Murcia tenga autonomía para gestionar el municipio de otra forma, es necesario contar con un aliado en la Asamblea, y serán los diputados de Ganar la Región de Murcia.
Sergio Ramos Ruiz es coordinador de Presidencia Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia
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