Semana convulsa en el PP que ha acabado con la defenestración de Pablo Casado y Teodoro García Egea. Asunto de muchas aristas, en este artículo nos centraremos en algunos aspectos jurídicos del hecho desencadenante de la crisis, el cobro de una comisión del hermano de Isabel Díaz Ayuso de una empresa que firmó un contrato por adjudicación directa con la Comunidad Autónoma de Madrid.
Casado y Egea acertaron de pleno en pedir explicaciones a Ayuso, es un asunto políticamente delicado y que podía haber estallado al PP en cualquier momento, además con la sospecha de una posible corrupción. Sin embargo, se equivocaron en tolerar tantos meses que Díaz Ayuso no les diera ningún tipo de explicación y en no denunciar estos hechos ante los Tribunales, ya que tenían conocimiento de un hecho que podría ser delictivo. Y para rematar los errores, dieron por válidas las explicaciones de Díaz Ayuso y cerraron el expediente, cuando por lo menos lo debían de haberlo dejado en suspenso hasta que la jurisdicción penal aclarara los hechos.
Los hechos que han trascendido y sobre los que no hay duda son los siguientes. Primero, Tomás Díaz Ayuso es un profesional que se dedica desde hace varios años a comercializar productos sanitarios con las Administraciones Públicas. Segundo, que la administración regional madrileña adjudicó de forma directa a la mercantil Priviet Sportive S.L. un contrato de suministro de mascarillas por importe de 1.500.000 €. Tercero, que dicha mercantil no tiene como objeto y social el suministro de material sanitario. Cuarto, que el administrador de esta sociedad es amigo de la infancia de los hermanos Ayuso. Quinto, que parece ser que las mascarillas no eran de la calidad pactada. Y, por último, que Tomás Díaz Ayuso cobró una remuneración por la intermediación de este contrato.
Poco convincentes han sido hasta ahora las explicaciones dadas para justificar el cobro de esta retribución, cuya existencia y realidad han sido reconocidas. Jurídicamente una comisión es una retribución por intermediar en un contrato, y parece raro que se cobre por intermediar en un contrato con la Administración Pública. Más extraño resulta aún la explicación que era una retribución por los servicios prestados, en concreto traer las mascarillas de China. Si el hermano de Ayuso hizo esta actividad, no se entiende el motivo por el cual interviene la mercantil Priviet Sportive S.L.., ya que no aporta valor añadido al negocio, salvo la sospecha que la verdadera intención era ocultar la intervención del hermano de la presidenta de una Comunidad. No hay nada punible en que Tomás Díaz Ayuso puede contratar con la Comunidad Autónoma de Madrid, pero debería no intentar ocultar su intervención con sociedades interpuestas, para que los mecanismos de abstención e imparcialidad en la contratación administrativa se puedan activar.
Actualmente ya existe una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, en la que se podrán pedir extractos bancarios, declaraciones fiscales de los implicados y realizar los interrogatorios y testificales que considere conveniente para aclarar este asunto, todo ello dentro de legalidad. Si el hermano de Isabel resultase imputado, tendrá derecho como todo investigado a la presunción de inocencia, a la defensa y asistencia letrada y los demás derechos que le otorga la Constitución y las leyes procesales. Una vez que la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción hagan su trabajo y haya certeza de los hechos acaecidos será el momento de exigir responsabilidades políticas, independientemente de que los hechos investigados sean o no constitutivos de delitos.
También podría pasar que la Fiscalía dijera que los hechos denunciados no merecen ni siquiera ser investigados, y se archivaría el asunto. Si sucediera esto, Casado, Egea y los partidos denunciantes harían el más espantoso de los ridículos, como lo ha hecho el concejal Gómez en Murcia con la falsaria acusación de corrupción de Ballesta, la cual solamente era real en su imaginación.
Isabel Díaz Ayuso no sale vencedora de este duelo fratricida, durante algún tiempo va a planear sobre ella la sombra de la corrupción de un familiar cercano, caso que inevitablemente recuerda al de Alfonso Guerra. Y hasta ese momento en lugar de venderse con el acertado eslogan de comunismo o libertad, va a tener que soportar que la dicotomía sobre su figura pública sea de corrupción o de honradez.
Es cuanto menos paradójico que, en un caso de corrupta corrupción, a los que hayan fulminado sean a los que pedía explicaciones, y la afectada salga triunfante del envite. El futuro presidente del PP debería cortar de cuajo toda sospecha de corrupción o de falta de ejemplaridad de sus cargos electos porque está en juego la credibilidad y la supervivencia del Partido Popular, y este caso podría ser el remate a los muchos casos de corrupción de este partido, y que provoca que el electorado de centro derecha lleve tiempo buscando alternativas para no votar a este partido. Como en todo lo que sucede últimamente en el PP, hay un precedente en la Región. Ana Martinez Vidal siendo vicepresidenta de la Región exigió la lista de los vacunados indebidamente. Igual que en lo de Ayuso, la denunciante salió del Gobierno y tuvo que soportar una horrible campaña en prensa en su contra. Y la famosa lista sin publicar, año y medio después, y a pesar del requerimiento expreso del Consejo de la Transparencia.
Al final va a tener razón Mariano Rajoy cuando decía que la política es para adultos, y a lo que yo añadiría, que no es para dirigentes criados en las juventudes de los partidos, sin formación ni oficio conocido al margen de la política, y que en los momentos trascendentales no dan la talla, como ha quedado probado esta semana con las actuaciones de Ayuso y Casado.
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