Se cumplen 40 años de la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Carta Magna antes de ser ratificada por el pueblo español en referéndum. Una parte de la izquierda (incluido el PSOE) pidió abstención a esa reforma inducida por el régimen y otra parte pidió el voto en contra. Por un lado, estaba el aparato del régimen que deseaba `limpiar´ su imagen y desembocar en una determinada democracia, sin costo alguno, manteniendo una parte sustancial del franquismo monárquico y nacionalcatólico. Y, por otro lado, estaban los que querían evitar una posible involución, o que se les relacionara con el pasado, pero, además, tenían `muchas prisas´ por coger el poder. Hoy, cuarenta años después, salvando muchas distancias, a algunos les pierden las mismas prisas.
Si nos detenemos en una hipotética `casa común de la izquierda´ de la época: en el caso del Partido Comunista, habían asumido –por arriba– un compromiso tácito de aceptar las reglas de juego marcadas por el franquismo en varias cuestiones fundamentales, como por ejemplo: aceptar la forma de Estado marcada por el anterior régimen, que sería la monarquía parlamentaria (en la persona de Juan Carlos de Borbón), asumir los innumerables privilegios de los que disfrutaba la Iglesia católica y, por supuesto, consagrar el derecho a la propiedad privada, sin demasiados límites.
Un tiempo antes ya lo había aceptado el PSOE (tras el Congreso de Suresnes). Y mirando para otro lado del tablero de la izquierda, también lo aceptaron otros colectivos que no cabe reseñar, ya que algunos de ellos, con puntuales excepciones sindicales y políticas, muy pronto recalaron en la `casa común´, al menos algunos de sus líderes más significados.
En estos años de democracia sólo ha habido pequeños cambios y algunos en apariencia, en forma y modo, en dinámica política, en cosmética y en estética de los grandes poderes fácticos que nos continúan gobernando, a pesar de que no se presentan a las elecciones.
Nuestra democracia es aún recortada, limitada y encorsetada. La Constitución de 1978 continúa hoy absolutamente blindada a cambios profundos, y únicamente se han gestionado pequeños cambios que obedecían a nuestra entrada en la Unión Europea, o a la garantía del pago de nuestra deuda por encima de cualquier otro gasto social, como consagra la última redacción del artículo 135, que deberíamos reponer de inmediato a su redacción anterior.
Son ya 40 años de nacionalcatolicismo y otros 40 años de gracia en democracia, ya es tarde, tenemos que acabar con los privilegios de la Iglesia, denunciar el Concordato, que la Iglesia se emancipe del Estado, que se autofinancie y que tribute como todos; debemos sacar la religión de la escuela pública y concertada. El PSOE debe ser un partido de referencia en cuestiones de laicidad y tenemos no sólo que explicarlo sino que ponerlo en práctica empezando por nuestra conducta.
Lo cierto es que la niña Leonor no tendría ninguna posibilidad de heredar el trono en caso de haber tenido un hermano. Como tampoco la habría tenido su padre si el dictador Generalísimo no hubiera designado como su heredero a su abuelo. Contradictorio principio de igualdad dicta nuestra vigente Constitución que hace imprescindible su reforma.
El PSOE anunció una reforma constitucional allá en 2004, cuando accedió a la Presidencia del Gobierno Zapatero. Llegó a elaborarse un extenso documento sobre las distintas propuestas de reforma: el Dictamen del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2006. Sin embargo, no llegó a iniciarse, se guardó en un cajón. Alguien debió pensar que cabía la posibilidad de que se abriera el debate y, con él, el temor de que la consulta popular sobre si debía eliminarse la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona se transformase en una consulta sobre la elección entre Monarquía y República. Por ser de justicia, verdad y reparación.
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